Frente a la gran cantidad de delitos informáticos que se presentan actualmente, es necesario adecuar el marco normativo y conocer las acciones que el Ejecutivo realiza ante estos crímenes, así como las herramientas para un mejor combate a la delincuencia, tomando como referencia las experiencias extranjeras.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, Antonio Vega Corona, en el Foro internacional de delitos informáticos y privacidad, donde agregó que es necesario darle certidumbre y protección a los usuarios de estas tecnologías, así como proteger la privacidad de la información personal que utilizan los sistemas.

Oscar Manuel Lira Arteaga, jefe del Departamento de Informática y Telecomunicaciones de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, advirtió que por el simple hecho de navegar por Internet, automáticamente corremos el riesgo de acercarnos al robo de información, al acceso a sitios inseguros, a depredadores sexuales, al acoso y extorsión, así como a fraudes, suplantación de personalidad y secuestro.

En el panel sobre procuración de justicia, aseguró que las limitantes que tiene la dependencia en materia de investigación es la falta de legislación que responsabilice y controle a los proveedores y usuarios de Internet, en relación a los datos que se transmiten y se almacenan en sus servidores y dispositivos de conexión.

Además de normas que controlen y garanticen la producción de software, acuerdos interinstitucionales que permitan lograr eficiencia en la investigación evitando duplicidad de esfuerzos, así como acuerdos internacionales para la persecución de delincuentes cibernéticos más allá de nuestras fronteras.

Arturo Ramírez Ramírez, director de la Policía Cibernética de la SSP, se pronunció por la creación de fiscalías especializadas para no divagar en la persecución de los ilícitos.

En su ponencia, Víctor Chapela, presidente del Consejo Sm4rt Securite Services, mencionó que la confianza y seguridad de un país empieza en su regulación: “Tenemos un sistema legal en lugar 111 en el mundo; ese es el Estado en el que estamos y del que tenemos que salir, de lo contrario nos vamos a quedar como un pobre oso polar flotando en el último pedazo de iceberg”.

Agregó que donde sí estamos en los primeros lugares es en la exportación de profesionistas, ya que nuestro país ocupa el cuarto lugar en este sentido.

Subrayó que hoy estamos integrados a través de internet, en ese lugar sin fronteras donde se lleva a cabo la generación del conocimiento que tiene que ver con la capacidad de actuar y generar valor dentro de la economía.

“Esta era del conocimiento hace irrelevantes las barreras geográficas, tener más maquiladoras, más fábricas o atraer más inversión extranjera para que pongan más plantas; lo relevante es atraer más conocimiento”.

En este contexto, dijo que México debe transitar hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y en el capital humano para salir del subdesarrollo.

Respecto de los riesgos financieros en internet, Carlos Marmolejo, director general de Supervisión de Sistemas Informáticos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dijo que actualmente la posibilidad de fraudes electrónicos se ha reducido al mínimo, pero que los riesgos pueden incrementarse si no se blinda el sistema ante los nuevos avances tecnológicos.

Resaltó que la seguridad es relevante en la banca. Manejan dinero que es del público y un gran porcentaje no existe físicamente como tal, sino que está almacenado en computadores. Desde este punto de vista resulta indispensable proteger la información que tienen los bancos.

Asentó que el eslabón más débil de esta cadena es el usuario, porque es el menos capacitado para operar la tecnología. Con las medidas que se han implementado en el país, “podemos afirmar que tenemos una banca segura, pero no sabemos si esto seguirá así el día de mañana o en un año”.

Dijo que los controles no afectan las operaciones y que esto permitió disminuir en más del 80 por ciento los fraudes en México.

En tanto, Ricardo Medina Álvarez, director del Sistema de Pagos del Banco de México, dijo que las transferencias electrónicas son un instrumento indispensable para agilizar la economía, pero que para prevenir fraudes por este mecanismo es indispensable facultar a los bancos para no entregar el dinero de manera inmediata, así como para investigar en caso de que se sospeche sobre la procedencia de la transferencia.

“Una vez que sucede la transferencia, la ley impone al banco la obligación de que el usuario disponga de los recursos cuando quiera, pero esta medida puede desprotegerlo porque si hay una cuenta que un defraudador controla, el banco que recibe los recursos, sin hacer ningún tipo de investigación, tiene que entregarlos de manera inmediata”.

En este sentido, enfatizó que los bancos deberían tener la posibilidad de analizar retiros inusuales y que la ley no les obligue a entregar los recursos inmediatamente.

Agregó que una vez que ya se materializa el fraude, el usuario debe tener la posibilidad de acceder a los datos de donde llegó el dinero, a fin de presentar una denuncia de manera ágil.

“La ley protege la identidad del dueño de la cuenta que fue controlado por el defraudador y el usuario no tiene la posibilidad de requerir toda la información de dénde llegó el dinero”.

Además, destacó que las autoridades judiciales deberían seguir de oficio todos estos delitos en materia electrónica, para hacer más seguras las transferencias.

Por su parte, Eder Almeraz, vicepresidente de Operaciones y Riesgo de Visa México, aseveró que la ley no reconoce a los grandes comercios que pueden almacenar información financiera susceptible de ser utilizada de manera irregular.

En el procesamiento, al menos de tarjetas de débito y crédito, intervienen muchas otras entidades que no necesariamente son los bancos. “Mientras no tengamos la certeza profesional que nos asegure que esos sistemas están protegidos el riesgo seguirá presente”.
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