• Insensibilidad de autoridades hacia residentes fronterizos: César Duarte

La Cámara de Diputados exhortó al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que considere la posibilidad de modificar el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, a efecto de que se garanticen las condiciones que prevalecían con anterioridad para los residentes de las franjas fronterizas.

Acordó fijar un plazo de siete días, a efecto de que la autoridad competente resuelva favorablemente esta petición unánime y que en caso contrario, se convoque a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Economía al Pleno de esta soberanía para tratar ese asunto.

En el documento de la Junta de Coordinación Política, puesto a consideración del Pleno, también se hace un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar un informe detallado sobre esta petición a la brevedad posible a esta Cámara de Diputados.

Al apoyar el punto de acuerdo, el diputado César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva, señaló que es un asunto en el que ha habido insensibilidad de las autoridades a las que corresponde determinar los mecanismos de importación de vehículos, “al decretar el 24 de diciembre pasado, con criterios absolutamente distantes de la realidad que viven las zonas fronterizas del país, establecieron un mecanismo imposible de lograr”.

Dijo que “uno de los puntos que el decreto determina es la facilidad que debe presentar el propietario del vehículo, acreditando un certificado de origen de las plantas fabricantes de los vehículos; es un impedimento para que no se dé la oportunidad de importar un vehículo, porque está probado, hubo una declaración pública del director general de Ford Motor Company de Panamá, que ni a él mismo le dio la planta de Chicago un certificado de origen”.

En esas condiciones, aseveró, esas decisiones administrativas, burocráticas impidieron el flujo que año con año se da de manera natural de vehículos y se permitiera la importación y “por si fuera poco, se incrementó de manera desmedida el valor en el que se fincaron los impuestos para pagar”.

Afirmó que hubo huelgas de hambre, tomas de puentes, expresiones públicas en toda la frontera, desde Tijuana hasta Laredo; en Ciudad Juárez más de cinco mil ciudadanos se presentaron en un módulo que impulsó la presidencia municipal para buscar un amparo y hacer a un lado esta decisión administrativa.

Celebró que los legisladores, en unidad, “tengamos la capacidad de dar respuesta a los ciudadanos que reclaman sensibilidad, porque a veces la distancia y la desinformación de los funcionarios que tienen las facultades para emitir estos decretos no están acordes a la realidad que viven en la frontera los ciudadanos fronterizos”.

Llamó a la sensibilidad de la Secretaría de Economía ante esta decisión del Congreso, y se dé, de una vez por todas, un paso fundamental en el Parlamento.

“Quitemos esas facultades discrecionales que cada año matizan, a voluntad del funcionario en turno, la manera en la que permanentemente el ciudadano en la frontera tiene derecho y sobre todo necesidad de acceder a regularizar un vehículo”.

Reconoció que los estados fronterizos presentan un conflicto de seguridad. “Ya han presionado a sus autoridades locales a programas de seguridad para que los vehículos tengan placas y estén identificados, porque está probado que los que no están identificados se utilizan precisamente para hechos delictivos”.

Señaló que ello se contrapone a los programas de seguridad que en la frontera se requieren, “pero por todos los estados, por todos los municipios, de todos los colores; es elemental que en el centro del país se sepa que las decisiones que se dan aquí, por lo general son equivocadas al reclamo de la sociedad que habita en aquellas zonas”.

Agregó que con capacidad de unidad se debe dar respuesta, también a la solicitud de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez, en materia de tarifas eléctricas, en Mexicali “y en todo el país tenemos que dar una respuesta a lo que la gente nos ha reclamado”.

“Necesitamos legislar y traer a esta representación digna del pueblo de México mayores facultades que acorten la discrecionalidad de funcionarios que no conocen la realidad del país”.

Desde su curul, el diputado Javier González Garza (PRD) dijo que el punto es loable, y propuso una semana para que el Ejecutivo federal modifique el decreto, de lo contrario, asentó, “citemos a los secretarios de Economía y de Hacienda y Crédito Público con el propósito de discutir en el Pleno estos asuntos.

“Es importantísimo que esta unanimidad la llevemos hasta sus últimas consecuencias”, advirtió.

El diputado Javier Calzada Vázquez (PRD) se pronunció, desde su lugar, a favor y propuso la reducción a tarifas eléctricas del sector agropecuario, “que son insostenibles y hacen inviable la producción del campo con tarifas excesivas”.

En tanto, el diputado Ángel Humberto García Reyes (PAN) expresó: “Quiero dejar muy claro que el PAN está a favor de que se modifique este decreto en virtud del daño y perjuicio que está originando en toda la actividad comercial de la franja fronteriza”.

Agregó que atenta contra la actividad comercial, por lo que “vamos a seguir exhortando a las autoridades correspondientes para que el arancel que subió en forma desproporcionada no sea tan alto y que el certificado de origen no sea un impedimento para dejar de importar carros”.

Por su parte, Pablo Arreola Ortega (PT) dijo que con la medida el Ejecutivo federal fue insensible al aumentar más del 300 por ciento el arancel de la importación de estos vehículos. Por eso veo que es importante la confluencia de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara para cambiar esta decisión.

Planteó reducir el arancel a tasa cero, “como se tenía antes del decreto del 24 de diciembre, para que se beneficie a toda la gente, de otra manera sólo quedará una propuesta y una buena intención de la Cámara de Diputados”, advirtió.

“No esperemos que sea una decisión como la que se tomó con la gasolina, que únicamente se planteó que se iba a congelar el precio cuando ya lo habían incrementado de manera sustancial”, concretó.

El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) se unió al pronunciamiento para que el Gobierno federal resuelva la solicitud en menos de una semana. “La solución es que ya lo cambien porque le está pegando a toda la región fronteriza”.

Añadió que aunado a éste, existen otros temas que no se han tratado, a pesar de que ya están propuestos y turnados en las comisiones correspondientes. Uno de ellos es la ampliación de la franja fronteriza, hasta el kilómetro 56, en Coahuila.

Pese a su importancia, acusó el legislador, en la Comisión correspondiente la propuesta se desechó y no se tomó en consideración que la ampliación habría permitido que cientos de municipios fronterizos se beneficiaran fiscalmente y detonaran sus economías.

“Otro tema importante es la iniciativa para que se dé el 50 por ciento de los recursos de los puentes internacionales a los municipios fronterizos para invertir en seguridad, desarrollo social e infraestructura y sin embargo permanece en la congeladora”.

Abramo Masso pidió al Pleno pugnar también porque se baje el 30 por ciento del costo de los combustibles, con el argumento de que mientras en Estados Unidos la gasolina más cara cuesta 6.80 pesos el litro, en México tiene un precio de 9.67, situación que no nos permite ser nada competitivos, además de que es una forma de ayudar a la población en época de crisis.

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