A los 2 millones 35 mil desempleados que existen en el país se sumarán 380 mil que perderán su empleo, según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, además de un millón 200 mil jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa.

A esto hay que aunarle la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos, lo cual conllevará a un panorama muy preocupante, señaló el diputado José Antonio Almazán González (PRD), secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Ante tal panorama, el legislador presentará una iniciativa que crea la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo, que consiste en otorgar protección a los trabajadores asalariados del sector formal de la economía que hayan perdido su trabajo.

Dicho seguro otorgaría a los trabajadores una prestación económica mensual por 27.4 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que implicaría una erogación de 11 mil millones de pesos, según cálculos oficiales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que se podría complementar con los esfuerzos de los gobiernos locales.

Aclaró que la fuente para obtener de inmediato los recursos necesarios serían los ahorros por más de 200 mil millones de pesos, derivados de un programa de austeridad en el Gobierno federal.

Este aumento de empobrecimiento producido por el desempleo golpeará de manera especial a los niños, a las madres solteras y a los campesinos, pero en general a los trabajadores de todos los sectores económicos.

Por ello, urgió a que este seguro se extienda a todo el país y que opere mediante un esquema universal y no contributivo como el aplicado en el Distrito Federal. Mencionó que no hay justificación para que a la fecha en México no exista un seguro de desempleo de carácter federal ante la actual crisis.

Debido a esta situación, el Estado, con todos los instrumentos a su alcance, debe tomar las medidas necesarias para proteger a la población del país, como establece el artículo 123 constitucional, que consagra en favor de todos los mexicanos el derecho a un trabajo digno y socialmente útil.

México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que no cuenta con un seguro de desempleo, el cual si se implementara impulsaría el crecimiento del mercado interno. Actualmente el país se encuentra en la posición 60 en el índice global de competitividad.

Además, señaló que el desempleo representará para los trabajadores y sus familias quedarse sin recursos para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, cultura y esparcimiento.

El seguro de desempleo contempla que el trabajador reciba una ayuda económica por un periodo de seis meses, y sólo por una vez cada dos años, el cual se entregaría a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que la ley considere viable. Podrían acogerse a este seguro las personas que hayan perdido su empleo a partir del 1 de enero de 2006.

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