El diputado Roberto Badillo Martínez (PRI) presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política a fin de que opere la Guardia Nacional, que relevaría paulatinamente a las fuerzas policiacas en todo el país.

Dicha corporación quedaría bajo el control y mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tendrá la responsabilidad de expedir el reglamento correspondiente.

En tribuna, el diputado federal expuso que la situación de inseguridad pública que prevalece en México desde hace varios años, pero particularmente en 2008, es de extrema seriedad.

Indicó que se debe reconocer que nuestro actual sistema policial no sólo es deficiente, sino que ha sido vulnerado en su estructura por el crimen organizado, no de ahora, sino de hace decenas de años, en sus diferentes niveles.

Badillo Martínez dijo que los cuerpos civiles no sólo presentan altos grados de corrupción e infiltración de la delincuencia organizada, sino que es evidente que sus estrategias no han arrojado los resultados que la sociedad espera de ellos.

En este sentido, resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que por instrucciones del presidente Felipe Calderón Hinojosa se encuentran realizando y que no les corresponde.

Explicó que no se pretende asignar más actividades a la extenuante carga que ya tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, sino capitalizar su capacidad de organización, adiestramiento, disciplina y lealtad a la patria para que organice las actividades de la Guardia Nacional.

“Las tareas relacionadas con la lucha en contra de la delincuencia se deben realizar con cuerpos competentes, debidamente estructurados, con alta capacitación y adiestramiento, con equipo adecuado pero, sobre todo, con labores de inteligencia, lo que no ocurre en México”, subrayó.

La activación de la Guardia Nacional se realizaría con personal militar, egresado de las escuelas militares del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, tanto oficiales como personal de tropa e iría asumiendo paulatinamente las responsabilidades de la Seguridad Pública, así como de las labores de protección civil y de resguardo de fronteras y aduanas.

Sus labores, concluyó, se coordinarían con la Procuraduría General de la República y las instancias que participan, en sus diferentes niveles, en la lucha en contra de la inseguridad pública.

La iniciativa propone reformar las fracciones XIV y XV del artículo 73, se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 76 y se deroga la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política. La propuesta se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Renovación de registros sanitarios de medicamentos

En la misma sesión los diputados Lorena Martínez Rodríguez, del PRI, y Fernando Enrique Mayans Canabal, del PRD, presentaron una iniciativa para reformar el artículo 376 de la Ley General de Salud relativa a las disposiciones reglamentarias, lineamientos y formatos para la renovación de los Registros Sanitarios de Medicamentos.

En la exposición de motivos, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal destacó que el 24 de febrero del 2005 se reformó el artículo 376 de la Ley General de Salud, estableciendo que los registros sanitarios tendrían una vigencia de cinco años renovables a juicio de la Secretaría de Salud, mientras que en enero de 2008 fueron publicados parcialmente los lineamientos, pruebas y formatos para la renovación de los registros sanitarios.

En tribuna, mencionó que en ambas reformas no se establecen plazos ni programaciones para la renovación de los registros que a la fecha se calcula oscilan entre las 10 mil.

Con la reforma, explicó, los titulares de los registros sanitarios tendrán la obligación de presentar en un plazo de 90 días naturales, a partir de la publicación de las disposiciones reglamentarias para la renovación del Registro Sanitario de Medicamentos en el Diario Oficial de la Federación, un programa que detalle la secuencia y calendarización en que realizarán la actualización de los registros. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Salud.

Matrimonios de extranjeros con mexicanos

El diputado federal de Convergencia, Alejandro Chanona Burguete, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 68 de la Ley General de Población, a fin de agilizar el trámite para que los extranjeros o extranjeras contraigan matrimonio con mexicanos o mexicanas.

De acuerdo con la propuesta, los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país, excepto los registros de nacimiento en tiempo, y de defunción, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos, explica, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación, la cual se obtendrá vía electrónica con base en los datos del Registro Nacional de Extranjeros.

En todos los casos se dará aviso a la Secretaría de Gobernación del acto celebrado. Los matrimonios y divorcios entre mexicanos y extranjeros se inscribirán en el Registro Nacional de Extranjeros, dentro de los treinta días siguientes a su realización. Se turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para su dictaminación.

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo

La diputada Lorena Martínez Rodríguez (PRI) presentó una iniciativa de reformas para establecer en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) que una vez hecha la solicitud de devolución del gravamen por el contribuyente, la autoridad cuente con 10 días hábiles para dar respuesta a dicho pedimento y proveer la devolución del importe que corresponda.

Además, plantea que no estarán obligadas al pago del IDE las personas físicas y morales que acrediten ante el banco en que realicen el o los depósitos en efectivo, que se encuentran debidamente inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, ya que es una sobrecarga para los pequeños contribuyentes, pues pagan ese impuesto de manera local y no pueden acreditarlo a nivel federal, por lo tanto, no lo recuperan.

La proyección de recaudación por el IDE estimada para el periodo julio-noviembre de 2008, era de dos mil 263.2 millones de pesos, sin embargo, la real registrada fue de 14 mil 924.8 millones de pesos, “seis veces mayor a lo proyectado”.

Preguntó qué proporción de esos casi 15 mil millones de pesos debió ser devuelto al contribuyente y sin embargo continúa en las arcas del erario. “El 30 por ciento de los contribuyentes solicita devoluciones y únicamente proceden en un 18 por ciento”, afirmó. La propuesta se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Deducibilidad del 40 por ciento a vehículos que cuesten 350 mil pesos

A la misma comisión se remitió la iniciativa de reformas a los artículos 40 y 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para aumentar a 40 por ciento los porcentajes máximos de deducibilidad en materia de vehículos, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques.

La propuesta del diputado Jericó Abramo Masso (PRI) plantea que las inversiones en automóviles sean deducibles hasta por un monto de 350 mil pesos.

“Trataremos de impulsar el mercado automotriz y evitar más cierres de plantas; daremos marcha atrás a las modificaciones realizadas que sólo lograron desincentivar a empresas y personas físicas con actividad empresarial a comprar autos nuevos, mermando el consumo del mercado interno”, puntualizó.

El Ejecutivo no podrá hacer observaciones a resoluciones del Congreso

A la Comisión de Puntos Constitucionales se envió la iniciativa de reformas al artículo 72 de la Constitución, para establecer que el Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral, de jurado o ejercitando acusación, cuando se trate de facultades exclusivas de alguna de las Cámaras o de facultades del Congreso reunido en asamblea única.

La propuesta del diputado Jorge Emilio González Martínez (PVEM) plantea que tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

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