• Se sumaron legisladores de otros grupos parlamentarios

Con el propósito de suprimir la obligación de pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a partir del año 2009, y no hasta el 2012, como se estableció en el artículo cuarto transitorio de Ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, el diputado Gerardo Buganza Salmerón (PAN) presentó una iniciativa en ese sentido.

Al leer la propuesta ante el Pleno Camaral, a la cual se sumaron diputados de otros grupos parlamentarios, Buganza Salmerón dijo que para nadie resulta extraño que la tenencia es un costo asociado al uso de los vehículos y, por consiguiente, en las circunstancias actuales constituye un desincentivo para la adquisición de nuevas unidades, ya sean para uso personal o alguna actividad económica.

El hecho, indicó, radica en que este impuesto injustificado, molesto e impopular, afecta de manera directa la venta de estos bienes y, por consiguiente, su producción; amén de todos los prestadores de servicios y establecimientos comerciales que se ven afectados ante la baja en las ventas de la industria automotriz, como los vendedores de autopartes, los talleres de servicios, entre muchas otras ramas de la actividad económica cuya viabilidad depende de la bonanza de la primera.

Buganza Salmerón mencionó que ante las condiciones de la economía global, en donde se presentan escenarios recesivos para la industria en general, se deben tomar medidas que permitan fortalecer el mercado interno, procurando a las empresas, industria y empleos enfrentar de manera decidida esta crisis económica que se vislumbra compleja.

Es preciso adoptar medidas que permitan dar impulso a la industria fabricante de automotores, de la cual dependen decenas de miles de empleos que benefician a igual número de familias, así como darle un respiro a los millones de familias que son usuarias de vehículos automotores, enfatizó.

La propuesta enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público destaca que suprimir la obligación de pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en forma adelantada, respecto del tiempo en que este mismo Congreso de la Unión lo previno, constituye un inmejorable incentivo que fortalecerá el mercado interno en la vertiente relacionada con la venta y utilización de automóviles y camiones.

“Esta medida resulta urgente y necesaria para la población mexicana que comienza a vivir las peripecias de esta crisis económica, y con quienes tenemos la obligación de representar dignamente y velar por sus intereses en esta honorable Cámara de Diputados”, agregó el diputado del PAN.

Prevenciones para menores que trabajan en el campo

A fin de establecer medidas de tipo legal, social, económico y educativo que protejan a los niños contra los peligros de los trabajos nocivos, especialmente en el caso de los trabajadores agrícolas, la diputada Mónica Fernández Balboa (PRD) presentó una iniciativa que modifica los artículos 21 y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En la Ley Federal del Trabajo, señaló, se establece en el artículo 173 que el trabajo de los mayores de catorce años y menores de dieciséis queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la inspección del trabajo, pero no en el campo, donde el trabajo infantil está más difundido y la inspección del trabajo es prácticamente inexistente.

La propuesta enviada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, precisa que las medidas legislativas destinadas a proteger a los niños del trabajo nocivo en las fábricas, minas y otras industrias, no han incluido a la agricultura, convirtiendo así a los niños trabajadores del campo en los menos protegidos.

Fernández Balboa añadió que en México actualmente se encuentran laborando 5 millones 693 mil 453 niños y jóvenes entre los 12 y los 19 años; de los cuales 3 millones 371 mil 751 son niños, y 1 millón 961 mil 702 niñas, de acuerdo con el documento Estadísticas de empleo con enfoque de género, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Desarrollo y fortalecimiento de la red aeroportuaria nacional

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia) leyó reformas a la Ley de Aeropuertos, con el propósito de promover el desarrollo y fortalecimiento de la red aeroportuaria nacional, atendiendo al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen al sector de comunicaciones y transportes y en lo particular a la normatividad del subsector aeronáutico.

La iniciativa enviada a las Comisiones de Comunicaciones y de Transportes busca reformar los requisitos generales que replanteen los principios para el otorgamiento y adjudicación de concesiones y permisos para la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, y la aplicación de esquemas de supervisión eficaces que otorguen garantía de su cumplimiento tanto al Estado como a los usuarios de los servicios.

Velasco Oliva se pronunció por fortalecer los lineamientos para el diseño, aplicación y supervisión de esquemas óptimos de seguridad y vigilancia en los aeródromos civiles, atendiendo a la legislación aplicable, y precisar la responsabilidad del concesionario en la prestación de los servicios, cuando éstos sean prestados por terceros designados.

Se busca, enfatizó, promover la actividad comercial en los aeródromos civiles, para que ésta contribuya a la disminución de los costos de los servicios para los usuarios, sin detrimento de la capacidad operativa y funcionalidad de cada aeródromo civil.

Urgencias médicas y atención prehospitalaria

A la Comisión de Salud se envió la iniciativa del diputado Juan Abad de Jesús (Convergencia) que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de urgencias médicas y atención prehospitalaria.

Se busca actualizar las facultades de la Secretaría de Salud mediante la formalización de un Consejo Nacional y sus equivalentes en las entidades, a modo de que concurran en él las entidades y dependencias involucradas en el sistema de atención de urgencias médicas.

En México, dijo, la infraestructura hospitalaria no garantiza el ingreso de un paciente derivado de urgencias médicas a un centro hospitalario, y que ante dicho retraso, la autoridad sanitaria de las entidades federativas puede no contar con un sistema que coordine a los diversos hospitales con los grupos que trasladan al paciente, llegando a intervenir en dicho traslado instancias dedicadas a la procuración de justicia o la protección civil, sin que existan procesos, normas o lineamientos coordinados o expedidos por las secretarías de Salud federal y estatales.

Por ello, la iniciativa considera como atribución de la autoridad sanitaria dicha coordinación para evitar que la prestación de este servicio de salud, continúe dependiendo de instancias no médicas.
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