La Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009, acordó reunirse la próxima semana con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.

El motivo de la reunión, señaló el presidente de este órgano legislativo, Antonio Soto Sánchez, es conocer los programas de seguimiento a los recursos públicos, particularmente de los programas sociales y, sobre todo, qué estados de la República podrían registrar irregularidades durante el proceso electoral del próximo mes de julio.

Indicó que de igual forma está por definirse el calendario de reuniones con los titulares de las dependencias federales que tienen relación con los trabajos de la Comisión Especial.

En dicho calendario, dijo el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, se tienen contempladas reuniones con los secretarios de la Función Pública, de Desarrollo Social, de Agricultura y Ganadería, y de Economía, a fin de que informen sobre los mecanismos para hacer llegar los apoyos a los estados y municipios; asimismo, con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Durante la reunión de trabajo, la Comisión Especial recibió tres denuncias por la presunta utilización de recursos públicos con fines electorales. Una de ellas en Ecatepec, Estado de México; otra en Veracruz y una más en el Distrito Federal.

El diputado Soto Sánchez informó que las quejas serían canalizadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República.

Como parte de su agenda de trabajo, el órgano legislativo se reunió también con representantes del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, el cual advirtió a los legisladores sobre el riesgo que representa el uso de los programas sociales para favorecer el voto.

Fundar refirió que de acuerdo con la experiencia del proceso electoral de 2006, la Sedesol manipuló los tiempos de investigación y de aprobación de los recursos con claros objetivos políticos.

“Estas faltas apuntan al regreso a prácticas de sexenios anteriores, en los cuales el Gobierno federal ha tomado la decisión consciente de usar el combate a la pobreza como la moneda de cambio para allegarse de votos”, concluyó.

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