Con el objetivo de lograr un equilibrio entre las garantías individuales en materia tributaria y la necesidad de contar con una vía más democrática, equitativa y expedita para su protección, los diputados Héctor Larios Córdova (PAN), Javier González Garza (PRD), Emilio Gamboa Patrón (PRI), Dora Alicia Martínez Valero (PAN), José Gildardo Guerrero Torres (PAN), Juan Nicasio Guerra Ochoa (PRD) y Raúl Cervantes Andrade (PRI), presentaron una iniciativa para reformar el artículo 107 de la Constitución.

Ésta pretende que los juicios de amparo que se promuevan contra leyes en materia fiscal tengan efectos generales cuando se tramiten de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten, en los términos y condiciones que señale la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución.

Estos juicios serán resueltos en única instancia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere.

Añade que las sentencias que se emitan en los juicios de amparo a que se refiere esta fracción tendrán efectos generales. Éstas deberán ser aprobadas por cuando menos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley en materia fiscal y, en caso de no lograrse tal votación, se desestimarán los argumentos materia del juicio y no podrán ser revisados sino por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos y plazos que determine la Ley.

La propuesta precisa que los contribuyentes encontrarán una auténtica situación de equidad e igualdad en lo que respecta a la aplicación del ordenamiento jurídico, es decir, la generalidad de los efectos de la sentencia eliminará la distorsión que causaban los regímenes fiscales particulares o individualizados como consecuencia de amparos anteriores.

Se democratiza el acceso al juicio de amparo en materia fiscal, debido a la fácil adhesión a los procesos que la reforma plantea. De esta manera, no sólo los contribuyentes económicamente mayores obtendrán el acceso a la instancia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sino cualquier contribuyente que se encuentre en el supuesto jurídico de la norma invalidada, dice.

Por otra parte, los procesos de impugnación contra leyes fiscales se sustanciarán de manera eficiente y expedita, a través de un solo juicio que se resolverá de manera uni-instancial, lo cual, a su vez reducirá costos administrativos innecesarios para el Poder Judicial de la Federación.

Subraya que la planeación gubernamental de políticas fiscales podrá llevarse a cabo de una manera más eficiente y simplificada, ya que los efectos generales de la sentencia permitirán planear con mayor certeza jurídica la actividad presupuestal gubernamental en provecho del desarrollo económico del país.

Con estas medidas se eliminarán las distorsiones que ha generado la relatividad de las sentencias de amparo en materia fiscal, además de conceder protección directa de la Constitución a las resoluciones que se emitan en los amparos tramitados de la forma propuesta, garantizando la supremacía de nuestra Constitución Política, afirma.

Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Más apoyo educativo para mayores de 15 años

Anualmente se incorporan a la demanda educativa para los adultos, 768 mil jóvenes que son excluidos del sistema educativo nacional, ante ello, la diputada Holly Matus Toledo (PRD) presentó iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el objetivo de brindar mayor desarrollo profesional a los educandos y mejores apoyos educativos.

La legisladora explicó que existen 33.4 millones de personas mayores de 15 años sin educación básica completa que constituyen el 44.8 por ciento de la población adulta.

Destacó que la cifra total de personas adultas que no han concluido la educación básica es levemente mayor al del total de estudiantes inscritos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional en el ciclo escolar 2006-2007, los cuales ascienderon a 32 millones 955 mil 143.

Señaló que diversas investigaciones han demostrado que la educación para las personas adultas ha obtenido resultados limitados, y un factor frecuente es que los educadores son personas con bajos niveles de escolaridad y reciben una escasa capacitación. Cuentan con baja remuneración por su trabajo. La propuesta se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Garantizar el abasto con la producción nacional del campo

El diputado Alejandro Martínez Hernández (PRD) presentó iniciativa para adicionar un artículo octavo bis de la Ley de Energía para el Campo, para fortalecer la capacidad del Estado mexicano a fin de que éste garantice el abasto con la producción nacional y para que ofrezca insumos a precios competitivos.

Precisó que urge una transformación profunda de estrategia y una redefinición de los instrumentos de política pública, es necesario un cambio de modelo económico que fortalezca la capacidad regulatoria del Estado y contribuya a crear mercados competitivos, aumente la producción nacional y la productividad de la economía.

Explicó que de continuar en el esquema de libre mercado el país corre el riesgo de entrar en una espiral de mayor violencia y estallido social. En materia rural, basta mencionar que la crisis mundial no ha puesto punto final a la crisis alimentaria, sino que la ha exacerbado.

“Hoy importamos más y más caro y las políticas públicas en materia rural continúan perjudicando a los productores nacionales y a los consumidores finales”, dijo. La propuesta se remitió a la Comisión de Energía

Incluir el término salud sexual en la Ley

A las comisiones de Comisiones de Salud, Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, se envió la propuesta presentada por el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante (PRI) para reformar la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, a fin de incluir el término salud sexual y reproductiva.
La iniciativa propone reformar diversos artículos de Ley General de Salud, para incluir la salud sexual y reproductiva de los mexicanos como materia de salubridad general, asimismo reformar la Ley General de Población, para que la Secretaría de Gobernación dicte y ejecute o promueva ante las dependencias competentes las medidas necesarias para realizar programas de salud sexual y reproductiva a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público.
Así como vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país
El legislador indicó que se debe considerar que los sexuales y reproductivos son derechos humanos con validez universal y que su fortalecimiento es indispensable para que los mexicanos tengan una mejor sociedad. La iniciativa considera fortalecer los derechos humanos de los mexicanos y el Estado democrático.

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