• La población en cárceles asciende a 219 mil 754 internos

El combate a la delincuencia organizada también requiere de la reestructuración del sistema penitenciario para lograr la reinserción de los internos en la sociedad y evitar la reincidencia delictiva y la creación de nuevas células criminales.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, en México la población penitenciaria asciende a 219 mil 754 internos, de los cuales, 204 mil 711 se encuentran con plena capacidad físico-mental para laborar.

En una iniciativa que suscriben los diputados Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI), Miguel Ángel Arellano Pulido (PRD) y Carlos Alberto Torres Torres (PAN), se afirma que “el interno que sale de un centro penitenciario, si no es que ha perfeccionado sus técnicas delictivas, se encuentra solo y sin las herramientas suficientes para valerse por sí mismo, lo que lo obliga a reincidir”.

Por ello, los legisladores proponen organizar “una industria penitenciaria en el país que permita la capacitación laboral de internos, su rehabilitación, reinserción social y estabilidad económica hasta el término de su condena”.

En México hay 438 centros penitenciarios; las entidades que cuentan con mayor población interna son el Distrito Federal, 38 mil 105; Estado de México, 18 mil 492; Baja California, 17 mil 467; Jalisco, 15 mil 833 y Sonora, 12 mil 451, se menciona en el documento remitido a la Comisión de Seguridad Pública.
“Es decir, existe suficiente capital humano y centros que podrían ser habilitados para desarrollar una sólida industria penitenciaria que auxilie a la sustentabilidad de los centros, a la economía nacional y a una mejor reinserción de los presos a nuestra sociedad”, subraya.
Señala que pese a los esfuerzos realizados por las autoridades penitenciarias, los trabajos u oficios que al día de hoy se ponen a disposición de los internos en la mayoría de los centros tienen un carácter meramente artesanal, lo que no resulta suficiente para que al salir sean empleados en un trabajo digno y bien remunerado.

Contar con industrias que puedan emplear al mayor número de presos permitirá que se capaciten adecuadamente y tengan medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.

Para ello, proponen reformar diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados, a fin de crear espacios e instalaciones adecuadas que promuevan y faciliten el desempeño de actividades de industria penitenciaria.
Se aclara que esto no aplicaría para aquellas cárceles cuyos internos se encuentren exclusivamente relacionados con la delincuencia organizada o requieran medidas especiales de seguridad.

Con esto, los internos contribuirán para su sostenimiento en el reclusorio con cargo a una parte de la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen.

Dicha remuneración se fijará de acuerdo con el salario mínimo general vigente en el área geográfica respectiva. Además, se establecerá la base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento.

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