En México, alrededor de 3.3 millones de niñas y niños entre los 6 y 14 años trabajan, es decir uno de cada seis infantes; y el 25 por ciento de los que laboran no acude a la escuela.

Tal panorama se debe a que el alto nivel de pobreza y desigualdad sigue obligando a millones de infantes a trabajar sometidos a labores extremas e ilegales, mal remunerados y sin garantías de salud.

Así lo señala un dictamen aprobado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de precisar los daños que causan tanto física, emocional y psicológicamente quienes infringen la ley al contratar menores de 14 años.

El documento señala que al aprobarse por el Pleno Camaral, será el medio de solicitar la sanción y el proceso de todas aquellas personas (empresarios, patrones) que han usado niños en jornadas de trabajo en las que deben estar únicamente personas adultas.

El órgano, presidido por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, indica que el trabajo infantil repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora disminuyendo o anulando sus posibilidades de desarrollo, sino que incide en el destino de México como nación.

“Consideramos indispensable la abolición del trabajo infantil y por ello debemos tener en cuenta que el lugar de niñas, niños y adolescentes es la escuela, no una jornada de trabajo”.

Destaca que investigaciones y datos oficiales comprueban que hay una relación directa entre la escolaridad del o la jefa de familia y la incidencia de trabajo infantil, pues a mayor escolaridad menor incidencia. “En seis de cada diez hogares con trabajo infantil, el jefe no tiene secundaria”.

Se puntualiza la necesidad de emprender la adopción de políticas públicas para su erradicación, así como incorporar el tema en los programas de combate a la pobreza a fin de convertirse en una prioridad para que el Poder Ejecutivo garantice que los menores de 14 años no trabajen.

En su oportunidad, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (PRI), proponente de la iniciativa, dijo que México tiene como uno de sus principales problemas económicos la distribución de su riqueza, lo que genera que solamente algunos estratos sociales de la población mexicana puede tener acceso a una mejor calidad de vida.

“El problema de la pobreza y la desigualdad social se ha visto reflejado con más énfasis en el aumento exponencial que ha tenido estadísticamente la niñez mexicana, generando estos problemas sociales de gran arraigo en la actualidad como la explotación infantil y el abuso sexual a menores de edad”.

Prevenir sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios

Asimismo, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables avaló modificaciones al inciso D del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de que las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal se coordinen para prevenir y combatir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios.

Se haría mediante la promoción de una alimentación completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua, y la formulación y desarrollo de programas y actividades de nutrición permanente.

El documento plantea que estos problemas inician desde temprana edad y que la mayoría de las veces se convierten en enfermedades degenerativas, que van a reducir sus capacidades físicas perjudicándolos el resto de sus vida.

Por ello la importancia de la prevención, control y el tratamiento de estos males para lograr una niñez y adolescencia libre de desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios, tales como anorexia y bulimia.

Menciona que estos padecimientos presentados en la etapa infantil son un problema multifactorial que exige una respuesta coordinada de todos los agentes implicados en los tres niveles de gobierno, además se necesita la participación de otros actores importantes de la sociedad, como lo son la industria alimentaría y el sector de la publicidad.

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