Con el objetivo de favorecer la agilidad, oportunidad y eficiencia de la inversión pública y el gasto social para impulsar el crecimiento económico del país en circunstancias de excepción, el diputado Carlos Rojas Gutiérrez (PRI), integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presentará una iniciativa para crear una ley temporal e incidir en aquellas acciones de gobierno que tienen un mayor efecto en el empleo.
Esta Ley para agilizar el Ejercicio del Presupuesto y la Inversión Pública, que terminaría su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, permitiría que el gobierno actúe sin dilación, que los proveedores de bienes y servicios puedan participar de manera más efectiva en la recuperación económica y que se generen empleos ante los escenarios desalentadores que anuncian la pérdida, casi irremediable, de fuentes de trabajo, añadió.
Precisó que se trata de una ley que busca crear mejores condiciones de colaboración entre los sectores público y privado, así como una adecuada y más eficaz corresponsabilidad entre poderes.
Asegurar el sostén e incremento de la demanda pública agregada; coadyuvar al mantenimiento y generación de empleos; hacer más eficiente el ejercicio del gasto público; prevenir y erradicar los subejercicios en el uso de recursos presupuestales federales; facilitar la coordinación entre el Poder Legislativo con los ejecutores del gasto; asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos federales, añadió.
El legislador señaló que para ello se prevé establecer una comisión especial para agilizar la inversión pública como órgano de la Cámara de Diputados, compuesta por nueve legisladores designados por el Pleno; se le dotaría de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones que expirarían el 31 de diciembre de 2009.
La comisión tendría la facultad de velar por la correcta aplicación, requerir información y dar seguimiento a las acciones de ejercicio presupuestal, informar a la Secretaría de la Función Pública y demás instancias competentes las irregularidades detectadas, instar a los ejecutores de gasto federal a que ejerzan con eficiencia y transparencia, identificar subejercicios y coadyuvar con los servidores públicos responsables a su inmediata corrección.
Asimismo, evaluar mensualmente, con base en la información disponible y requerida, los efectos económicos de las medidas adoptadas para agilizar la inversión pública y dar seguimiento a éstas. Citar a comparecer ante la comisión a los titulares y responsables de las entidades ejecutoras del gasto público federal. Así como rendir un informe final de gestión.
En tanto, los ejecutores del gasto estarían obligados a prevenir subejercicios y cumplir con las obligaciones de transparencia complementarias previstas en esta ley.
La ley plantea que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá instrumentar un programa para la agilización del ejercicio del gasto, que incluya la flexibilización de reglas de operación de los programas y recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como acciones de austeridad.
También propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente a la comisión un programa para agilizar el ejercicio, la revisión y, en su caso, modificación de las reglas de operación, las acciones concretas para la reducción de gastos no prioritarios, en los que se incluirá la compactación de áreas de mandos superiores y medios para evitar duplicidad de funciones en cada una de las entidades de la administración pública federal.
Rojas Gutiérrez subrayó que de la aplicación de este nuevo instrumento deben surgir, al menos, tres resultados concretos: atenuar los efectos de la crisis; preparar al país con más y mejor infraestructura básica y productiva para participar en mejores condiciones y que a través del gasto público se generen fuentes de empleo para garantizar el ingreso de las familias mexicanas y evitar con ello una mayor acumulación de la pobreza y las desigualdades.

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