• Esto no implicaría privatizar: diputada Elizabeth Morales

Con el propósito de que el petróleo pueda ser transportado, almacenado y refinado por el sector social y privado, sin que en ningún momento esto implique su privatización, la diputada Elizabeth Morales García (PRI) presentó una iniciativa que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Al respecto, la legisladora explicó que es necesario fortalecer los órganos del Estado respecto de la generación de recursos energéticos con una visión de largo plazo. “Se requiere modernizar a Pemex, preservando su calidad de organismo estatal, pero con mayor flexibilidad, para operar de manera eficiente y dar cumplimiento a las responsabilidades que tiene encomendadas”.

“Reitero mi posición por la no privatización del petróleo, pero con el mismo espíritu agrego: no más refinerías fuera del territorio mexicano, con recursos foráneos y para beneficio sólo de los extranjeros”.

Puntualizó que las refinerías que hoy Pemex no puede construir deben hacerlas empresas que tengan el recurso y la solvencia suficiente y necesaria; “siempre bajo la rectoría del Estado, en territorio nacional y para el beneficio de los mexicanos”.

Advirtió que no contar con esquemas legales de asociación para refinación en el país, “ha dado pie a situaciones turbias y sospechosas, como la asociación de Pemex con la Refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos; según la ASF, ésta no ha reportado ningún dividendo, después de haber invertido 600 millones de dólares y la posible ganancia se fue en el pago de impuestos, más de 211 millones de dólares”.

Morales García abundó que las reformas tienen como propósito lograr que la refinación del petróleo se realice en territorio nacional, “sin dependencias inconvenientes, hasta por estrategia de seguridad, además de las ventajas financieras y económicas que esto conllevaría”. Se turnó a la Comisión de Energía.

Crear un Consejo Económico y Social

Durante la sesión de hoy, la diputada Mónica Balboa Fernández (PRD) impulsó dos iniciativas; la primera, para crear un Consejo Económico y Social; la segunda, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución, a fin de plantear las reglas para su funcionamiento como un órgano autónomo consultivo, integrado por tres grandes sectores: las organizaciones empresariales, las sindicales y campesinas, y las civiles y sociales.

La legisladora indicó que se busca que a través del Consejo se acerque a la ciudadanía con la participación, el diseño, aplicación y vigilancia de las políticas públicas relativas al desempeño económico y al desarrollo social.

“Las modificaciones constitucionales están sustentadas, principalmente, en el ámbito de la planeación; en el reconocimiento de la representación de la sociedad civil para ser un interlocutor válido frente al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en temas que le conciernen y en beneficio del bien común”.

Precisó que en el mundo existen más de 65 consejos económicos y sociales que permiten debates abiertos acerca de estos temas. “En pluralidad y de manera incluyente se delibera desde los distintos intereses y argumentos, buscando las coincidencias, pensando en el largo plazo y con una visión global”.

La primera iniciativa se canalizó a las comisiones unidas de Economía y de Desarrollo Social, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública; la segunda se turnó a Puntos Constitucionales.

Ley para agilizar el Ejercicio del Presupuesto

El diputado Carlos Rojas Gutiérrez (PRI) presentó una iniciativa para crear la Ley para agilizar el Ejercicio del Presupuesto y la Inversión Pública, a fin de favorecer oportunidad y eficiencia de la inversión pública y el gasto social que impulse el crecimiento económico del país en circunstancias de excepción.

En tribuna, el legislador señaló que dicha ley sería temporal, con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, y serviría para incidir en aquellas acciones de Gobierno que tienen un mayor efecto en el empleo.

Agregó que ésta permitiría que el Ejecutivo actúe sin dilación, que los proveedores de bienes y servicios puedan participar de manera más efectiva en la recuperación económica y que se generen empleos ante los escenarios desalentadores que anuncian la pérdida, casi irremediable, de fuentes de trabajo.

“Se trata de una ley que busca crear mejores condiciones de colaboración entre los sectores público y privado, así como una adecuada y más eficaz corresponsabilidad entre poderes”. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Trabajo infantil

A la Comisión de Justicia se canalizó la iniciativa de la diputada Beatriz Collado Lara (PAN) que reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal, para prohibir que los menores de edad o las personas que no tienen capacidad para comprender el hecho sean empleados en actividades ilícitas, mendiguen o la actividad que realicen ponga en peligro su integridad física, psicológica o atente su moral.

La contravención a esa disposición será castigada con prisión, de uno a tres años, y de 300 a 700 días multa. Además, la pena se aumentará hasta en una mitad, cuando los trabajos interfieran u obstaculicen el acceso a la educación del menor de dieciocho años o de la persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho.

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