Con el objeto de disminuir un 30 por ciento el costo de los energéticos como la gasolina y el diesel, el diputado Jericó Abramo Masso (PRI) leyó reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

En tribuna, dijo que uno de los insumos más importantes en la economía nacional es el energético, que va desde las gasolinas hasta el diesel, y del gas hasta la electricidad. “Estos recursos son parte indispensable de la industria manufacturera, agrícola y de transporte”.

Son variables, indicó, que impactan la economía popular de manera directa, que son disparadores de la inflación y del alza del costo de los productos básicos primarios y necesarios en la alimentación, salud y hábitat de la sociedad mexicana.

Destacó que de acuerdo al Cuarto informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, los ingresos fiscales por la enajenación de gasolinas y diesel han sido negativos, y sólo el aumento aprobado de las gasolinas y el diesel ha presentado un ingreso que significó seis mil 99.7 millones de pesos a las participaciones de las entidades federativas.

Abramo Masso precisó que se debe ser competitivo y ayudar al sector productivo, así como a quienes usan camiones, tienen sus vehículos y a quienes transportan materia prima. “Eso ayudaría a que abaratáramos el costo de vida en nuestro país y a que pudiéramos crecer de forma más acelerada en estos años de crisis financiera y crisis económica”.

Con la iniciativa, se le permitirá al país salir de esa crisis, pero si no generamos políticas fiscales desde la Cámara de Diputados, para que el gobierno cumpla su parte disminuyendo los costos a los que menos tienen, nosotros estamos quedando en deuda con los mexicanos.

Por eso, se busca apoyar la economía de los mexicanos y ayudar a la disminución del costo del combustible, tanto la gasolina y el diesel. La iniciativa se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Bajar tarifas eléctricas

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (PRD) leyó reformas a las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Comisión Reguladora de Energía, con el objeto de controlar y a su vez tener tarifas eléctricas más justas.

Se busca que la determinación de las tarifas de energía eléctrica se realice en función de criterios de proporcionalidad y de equidad, sustentadas en criterios técnicos y económicos para favorecer y no discriminar y afectar a los consumidores, tanto por su actividad, como por su nivel económico, por su situación geográfica.

Recordó que durante el sexenio pasado el Gobierno federal aumentó las tarifas eléctricas en un 77 por ciento en lo que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad y 61 por ciento en Luz y Fuerza del Centro.

De la actual administración se observa que a principios de noviembre las tarifas de Luz y Fuerza subieron hasta 200 por ciento en tan solo un bimestre, por lo que en la Procuraduría Federal del Consumidor se han presentado más de mil 300 quejas anuales contra la paraestatal por esa causa.

“Estos incrementos estratosféricos de uno de los servicios, que son prioridad para la subsistencia y desarrollo de las personas y del país, como lo es el de la energía eléctrica, representan un grave deterioro a la economía de las familias mexicanas, principalmente de aquellas que se encuentran en las regiones más marginadas del sur-sureste del país”.

Mayans Canabal indicó que lo que se busca es que el aparato productivo disponga de un abasto en electricidad continuo, estable y a precio competitivo para aumentar su productividad y, por ende, aumentar al máximo desarrollo económico. Fue enviada a la Comisión de Energía.

Centro de Estudios de Asuntos Migratorios

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se turnó una iniciativa del diputado José Edmundo Ramírez Martínez (PRI) que modifica el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General, a efecto de crear el Centro de Estudios de Asuntos Migratorios.

Mencionó que actualmente el fenómeno migratorio enfrenta condiciones unilaterales, abusivas, violentas, convirtiéndola en el más trágico síntoma de la iniquidad entre el privilegio para los grandes capitales y la explotación masiva de hombres y mujeres en términos de omisión de sus derechos humanos.

Debe, añadió, reconocerse que México es un país de migrantes y que día a día es utilizado como puente o destino para miles de centroamericanos que recorren nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos.

Por ello, expresó, la Cámara de Diputados, debe considerar el tema migratorio como una prioridad. “Ello implica impulsar acciones concretas que generen atención y respuesta integral a este fenómeno, traduciéndolo en las bases de una política de Estado en materia migratoria”.

Con la creación de un centro de estudios, se estará cerrando la brecha que actualmente existe en las fronteras, y abriendo una mayor oportunidad de crear mejores acuerdos bilaterales. Su objetivo será sistematizar información, elaborar análisis, realizar estudios de derecho comparado, de seguimiento, evaluación y ejecución de las políticas públicas y los programas orientados a asegurar mejores condiciones y mayores alternativas de vida de los migrantes.

Prohibición de monopolios

Para que no constituyan monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las actividades que, debidamente justificadas en razón del interés general o la seguridad nacional, señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión, el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo (PAN) presentó una iniciativa que modifica el artículo 28 de la Constitución Política.

Dicho principio, añadió, busca otorgar a los particulares la certeza de que las atribuciones de los poderes federales se constriñan al ejercicio de las facultades expresas, y por ende, limitadas otorgadas en el texto constitucional.

“El caso de flexibilidad constitucional que nos ocupa tiene su asiento en un artículo cuyo propósito original tuvo como objetivo primordial prohibir los monopolios que afectan en gran medida la libertad económica y la productividad de los pequeños y medianos productores”. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se canalizó una iniciativa del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo (PAN) que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer que los recursos provenientes de los excedentes petroleros deberán estar sujetos a los lineamientos para la evaluación de la administración pública federal a través del sistema de evaluación del desempeño y de acuerdo con el presupuesto basado en resultados, contribuyendo, de esta manera, a la cultura de la transparencia.

Comunicaciones

En la sesión, los diputados con licencia Juan Manuel San Martín Hernández y Francisco Martínez Martínez, integrantes del PRD, dieron a conocer su reincorporación a los trabajos de la LX Legislatura.

La Mesa Directiva dio lectura a un oficio de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2007.

Se canalizaron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público dos iniciativas del Senado de la República; una, del senador Manuel Velasco Coello (PVEM) que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de que el cobro del impuesto al consumo baje del 15 al 7.5 por ciento, y que en la zona fronteriza el cobro del impuesto baje del 10 al 5 por ciento, ello como una medida para enfrentar la actual crisis económica.

La segunda, de los senadores del PRI, Ramiro Hernández García, Carlos Lozano de la Torre, Francisco Herrera León y Ricardo Pacheco Rodríguez, adiciona un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de crear un Fondo Especial Resarcitorio equivalente al 1.35 por ciento de la recaudación federal participable.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se mandó el informe de la SHCP relativo al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes a febrero de 2009, desagregadas por tipo de fondo.

Se recibió respuesta de los gobiernos del estado de México y Sonora a un punto de acuerdo relativo a impulsar, promover y aprobar, modificaciones legislativas e institucionales para hacerlas compatibles con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y con la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se consideren las observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al tercer Informe de México sobre la Niñez.

Del Instituto Nacional de Antropología e Historia se conoció respuesta a una proposición referente al proyecto Resplandor Teotihuacano.
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