• Hacer de México un país sin opacidad y sin partidas secretas: Amalia García Medina

En materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización superior no puede haber excepción alguna, porque no son una concesión graciosa de los gobernantes, sino un deber legal, ético y moral que nadie puede eludir, afirmó Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante su participación en el Foro Armonización Contable: el Poder Público y el Compromiso con el Futuro de México, organizado por el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, subrayó que la rendición de cuentas debe ser pública, “porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos; el país es de todos, no es patrimonio particular de nadie”.

En todos los niveles de Gobierno, dijo, a cada instante, en todos los lugares del país suceden pérdidas de bienes públicos, “esto nos debe molestar mucho porque representa un saqueo impune del patrimonio que corresponde a todos los mexicanos”.

El tema de la transparencia tiene efectos que no se han valorado en su adecuada dimensión, abundó, pues desde que se aprobó la Constitución de 1824, hace 184 años, “no fuimos capaces como Gobierno, como Estado federal mexicano de resolver uno de los problemas más grandes: la falta de registro y control del patrimonio público”.

En el evento, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, destacó que pocos estados, “aquellos que tienen conciencia de que los bienes pertenecen a los mexicanos, llevan a cabo el registro, supervisión y control del patrimonio público”, en la gran mayoría hay contabilidades a base de flujo de efectivo, es decir de ingreso y gasto.

Ello representa una problemática que tendrá repercusiones hasta 2012, año límite para que las entidades federativas implementen el nuevo sistema de contabilidad gubernamental, de acuerdo con la nueva ley.

Recalcó la necesidad de llevar el registro y control del patrimonio, pues hay casos en los que se compran inmuebles con dinero público y se ponen a nombre de personas físicas.

Refirió, sin dar nombres, que en un estado de la República, en un solo año se perdieron dos mil vehículos por el sistema de contabilidad ingreso-gasto; “no hay registro de activos, ni reflejo en las haciendas públicas y menos inventarios para controlar y preservar esos bienes”.

En otro caso, dijo, un presidente municipal compró un camión de basura con recursos públicos, pero la factura salió a su nombre, “no había manera de identificar que era de los ciudadanos y cuando terminó su gestión, se llevó el camión, lo arregló y se lo vendió al presidente municipal entrante”.

De ahí la importancia de que la Ley de Contabilidad Gubernamental permita la homogeneización, registro y control del patrimonio público y haga obligatorio llevar una contabilidad igual en los tres órdenes de gobierno en todos los poderes de la unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, con énfasis en el patrimonio público.

Afirmó que su aprobación es una de las acciones más trascendentes y fundamentales del Congreso, pues contempla plazos para que a más tardar el 31 de diciembre de 2012 funcione este sistema para registrar, conocer, controlar el patrimonio y consolidar cuentas nacionales.

A su vez, Moisés Alcalde Virgen, Jefe de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, advirtió sobre el riesgo de que una vez aprobada la construcción del sistema de contabilidad, “la inercia burocrática en los distintos órdenes de Gobierno, lleve a que en cada estado, en la federación y municipio no se implemente, es decir que no tenga la voluntad de hacerlo”.

De ahí que llamara a que la federación, los estados y los municipios asuman el compromiso de implementarlo.

“Si queremos un México y gobiernos decididamente más organizados en el gasto público, más eficientes y mejores tomadores de decisiones debemos empujar esto desde los tres órdenes de gobierno”.

Reiteró que la SHCP tiene el compromiso pleno de llevar a cabo la implementación de la ley para que sea una realidad, entendiendo que es un proceso de mejora constante.

En su oportunidad, la gobernadora del estado de Zacatecas, Amalia García Medina, dijo que el espíritu federalista de México no debe significar que en aras del federalismo haya opacidad.

“La homogeneización de prácticas permitirá la transparencia y llevará a la modernización y a que la aplicación de recursos públicos sirva a la sociedad, como fue pensado en el Legislativo”.

Se pronunció por hacer de México un país en el que ya no sea posible la opacidad, las partidas secretas y la falta de capacidad de los ciudadanos para informarse.

Asimismo, refirió que las reglas de operación representan un reto para los gobiernos estatales, pues son tan complejas que no permiten hacer uso de los recursos inmediatamente.

“Su entrega debe ser pronta y oportuna; queremos que se revise el contenido de las reglas de operación para poder tener acceso a esos recursos con prontitud para aplicarlos a aquello a lo que están destinados”, subrayó.

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