• Hay 222 mil 73 internos en el país en 438 penales: general Enrique Gómez

El Comisionado Nacional del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública, general Enrique Gómez García, señaló que a la fecha existe una sobrepoblación de más de 50 mil internos en los centros de prevención y esta situación ha influido en desórdenes y frenado el proceso de reinserción social del interno.

Al clausurar el Ciclo de Conferencias sobre El Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Policía Federal, indicó que la infraestructura penitenciaria nacional está compuesta de 438 centros; de esos sólo seis son federales y la capacidad instalada es de seis mil 565 espacios, lo que representa el 4 por ciento de la infraestructura nacional.

Mencionó que el número total de internos es de 222 mil 73 a nivel nacional, pero a pesar de que existen 438 centros, la distribución es inequitativa, pues 111 mil, es decir, el 50 por ciento están solamente en 28 centros carcelarios, y el otro 50 por ciento en 410. “Eso lamentablemente, nos pone en un riesgo y en crisis”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, anunció que la próxima semana el órgano legislativo analizará las Normas Mínimas del Sistema Penitenciario y la regulación de Islas Marías.

Gómez García refirió que el Gobierno federal construye dos centros federales, uno en Guasave, Sinaloa, mismo que va a tener una capacidad de mil 656 internos y con instalaciones para secuestradores. Pero el principal, es un centro en Papantla, Veracruz, el cual va a tener una capacidad de mil 800 internos, en donde habrá cuatro clasificaciones (Súpermax, máxima, media y baja), y el centro nacional de clasificación y observación.

Un reto de la Secretaría, dijo, es que el penal de Islas Marías en su reinfraestructura sea de reinserción social y no penal. “Se encuentra en un proceso de inyección de recursos de más de 700 millones de pesos, que van a permitir dar un paso de mil internos a ocho mil, clasificados de baja y media peligrosidad, y en donde una serie de empresas sociales contribuirán en el proceso de reinserción”.

Lo que se busca, mencionó, es transformar a las cárceles en instituciones seguras y dignas, enfocadas al cumplimiento de la pena y a la instrumentación de programas de reinserción social, a fin de cerrar espacios a la corrupción y hacer un mejor manejo de los recursos.

“Esto nos va a permitir superar la crisis y el posible riesgo de colapso que tenemos en muchas prisiones estatales; y como se ha visto en la noticias, de motines en diversos penales estatales; queremos que sean un modelo que permita que aquellos que se han convertido en serios problemas, ya no lo vuelvan a generar”.

Urge, dijo, combatir el autogobierno, la corrupción y la contaminación carcelaria; contener a los internos que por su poder económico y características de personalidad corrompen al personal; disuadir la influencia de internos que pertenecen a la delincuencia organizada, y evitar la existencia de internos de alta peligrosidad en centros estatales y municipales que promueven y rompan la seguridad con motines, evasiones y homicidios en los centros locales.

Propuso adecuar el marco normativo y las condiciones operativas, ya que hoy en día existen 32 regímenes carcelarios o reglamentos que fomentan mucha corrupción en los penales. “Se requiere impulsar un cambio al marco jurídico que regula la administración interna y operativa de los centros penitenciarios, particularmente en las medidas especiales de seguridad para los internos relacionados con delincuencia organizada, con secuestros y delitos de alto impacto”.

Así como establecer un programa intensivo de construcción de nueva infraestructura enfocada a la reinserción con criterios homologados en su construcción y operación. “Debemos tener personal de seguridad y custodia tanto externa como interna, y colaborar con el sistema de administración de justicia para aprovechar al máximo las penas preventivas”.

En su oportunidad, el presidente de la Conferencia Nacional de Prevención y Readaptación, Aldo Enrique Cruz Pérez, dijo que en muchas ocasiones se legisla pero no se contemplan los recursos que se necesitan para construir nuevos centros penitenciarios con mejores instalaciones.

Precisó que se ha invertido mucho dinero para el combate contra la delincuencia organizada, y “nos preguntamos cuánto dinero se va a invertir a los centros de readaptación social, porque al fin de cuentas cuando detienen a una persona, hasta ese momento es de impacto social y cuando ingresa ya no lo es ni para los medios o sociedad”.

En estos momentos, precisó, se está resolviendo un problema en las calles, pero se están generando múltiples conflictos en los centros de readaptación. “Queremos que así como se invierte en combatir a la delincuencia también se invierta para adecuar las instalaciones que hay en los centros para albergar gente de alta peligrosidad”.

Ángel Corona Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, expresó que hace falta una política de Estado en materia de prevención del delito y participación ciudadana, pues la inseguridad crece y ningún estado ha podido reducir los índices.

Mencionó que se requiere un trabajo en prevención de delito, principalmente en los municipios. “A veces se piensa que al contar con más armas y patrullas se van a resolver los problemas, pero no es así”.

Propuso un diagnóstico integral de seguridad pública, a través de encuestas de victimización y percepción de seguridad pública, y de violencia de género, de consumo de drogas y armas en escuelas, así como una evaluación del desempeño de policías, cursos de prevención del delito a ciudadanos y de derechos humanos a servidores públicos.
-- ooOoo --