La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a comisiones dos iniciativas del Ejecutivo Federal, por las que se reforman las leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.

La primera, relativa a las leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de Justicia Fiscal y Administrativa, busca la modernización del sistema de impartición de justicia mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas, por lo que las reformas dan certeza, claridad y agilidad a los procedimientos que los particulares tramitan en contra de las actuaciones de la administración pública federal.

El documento canalizado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público plantea regular de manera específica la tramitación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en los medios electrónicos, a través del juicio en línea.

Se busca que utilizando los dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, la integración y consulta de los expedientes que se formen con la tramitación de los juicios entre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se realicen por Internet. “El juicio será opcional para el particular”.

El trámite de juicio en línea queda condicionado a que en la demanda se señale expresamente el domicilio de correo electrónico para recibir el aviso para el ingreso al Sistema de Justicia en Línea, dada la trascendencia de ello, ya que todas las actuaciones se darán a conocer al interesado por ese conducto y no debe, por tanto, ser incierto ni dejar duda alguna al respecto; así resulta ser un dato que no debe quedar sujeto a presunciones.

Para la substanciación del juicio en línea se implementará en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un Sistema de Justicia en Línea que deberá garantizar la inalterabilidad, autenticidad, durabilidad y seguridad de todos los documentos, promociones y actuaciones que se ingresen en el mismo y que conformen los expedientes, que serán electrónicos.

Se le otorga a la Junta de Gobierno y Administración la facultad de verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea; facultad que tendrán también a nivel de sala los presidentes de cada una de ellas.

En el documento se precisa que el sistema de procuración e impartición de justicia se ha ido modernizando a través de los años; sin embargo, existen graves rezagos que limitan la eficacia con que se desempeña, y que se traducen en una mayor desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones encargadas de protegerlos.

Los cambios en la demanda de los servicios judiciales y las exigencias de su cumplimiento obligan a establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto, en beneficio de las labores sustantivas de la institución.

“No se trata de burocratizar la actividad jurisdiccional, sino de introducir nuevas formas de gestión y administración para aumentar su flexibilidad y capacidad de respuesta a las nuevas demandas, sin menoscabo de las formas específicas de la actividad jurisdiccional”.
Sistema de contrataciones públicas

La segunda se refiere a las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal

El documento enviado a las Comisiones Unidas de la Función Pública y Justicia, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública propone cambios para robustecer la coordinación y articulación del sistema de contrataciones a partir de la formulación de una política explícita de contrataciones, la conducción de acciones estratégicas por parte de la Secretaría de la Función Pública para realizar mejoras en esta materia, así como para gestionar un sistema integral de información a través de CompraNet.

Asimismo, que los procedimientos de contratación se desarrollen de forma estandarizada, apoyados en el uso intensivo de tecnologías de la información, además de la simplificación y clarificación de disposiciones, la posibilidad de utilizar medios de comunicación electrónica desde el proceso de planeación, programación y presupuestación hasta la finalización de los contratos, así como la capacitación y acreditación de los servidores públicos que están a cargo de las contrataciones.

Un tercer eje de la reforma es la orientación a resultados, con el que se realizan ajustes estructurales a las leyes para alinearlas a los principios constitucionales con el fin de eliminar la confusión sobre las materias que regulan, mejorar la redacción y alcance de diversos aspectos de las mismas a la luz de la doctrina jurídica y la jurisprudencia, así como precisar las responsabilidades de los servidores públicos que intervienen en los distintos procedimientos.

Se contempla, la innovación, por medio de la cual se introducen y regulan nuevos esquemas y modalidades de contratación, como los contratos marco, la contratación de obras públicas y servicios de características complejas, así como los denominados genéricamente proyectos de prestación de servicios, entre otros.

De igual manera se definen los efectos y alcances en materia de inconformidades tendientes a agilizar la contratación y dotar de mayor certeza jurídica y control efectivo de la legalidad, así como el establecimiento de una regulación general sobre el arbitraje como mecanismo de solución de controversias y el fortalecimiento del procedimiento de conciliación.

El documento precisa que “es innegable que nuestro sistema de contrataciones públicas se encuentra en una encrucijada en la que puede ser un apoyo vital a la economía o convertirse en un gran inhibidor de la buena marcha de los proyectos que necesita el país”.

Las contrataciones públicas, abunda, constituyen un factor relevante para los países; pero en una época de crisis económica, son un factor clave y estratégico para detonar y expandir el crecimiento económico. “Los cambios y modernización de las normas que rigen el sistema de contratación de nuestro país constituyen uno de los ejes axiales para hacer frente a los efectos de la crisis y eficientar las compras y contratación de infraestructura”.

Se menciona que la Secretaría de la Función Pública ha expuesto que existen un conjunto de inhibidores que constituyen una camisa de fuerza para dinamizar las contrataciones, como son: inadecuada planeación, programación y presupuestación; excesiva normatividad interna de las dependencias y entidades; requisitos excesivos e inadecuados en las bases de licitación.

Así como complejidad de los contratos que dificultan su cumplimiento; interpretación inadecuada de las disposiciones que regulan las contrataciones públicas; deficiencias y limitaciones en los sistemas de información (CompraNet); ausencia de un sistema de evaluación integral; legislación inadecuada para la aplicación de nuevos esquemas de contratación; poca flexibilidad de las disposiciones que regulan el procedimiento de adjudicación y ejecución de contratos.

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