En la Sesión del Pleno Camaral, el diputado José Antonio Almazán González (PRD) presentó una iniciativa por la que se expide la Ley de Emergencia para la Protección del Empleo ante la Actual Crisis Económica.

La Ley tiene por objeto tutelar el derecho al trabajo consagrado en el artículo 123 constitucional bajo las actuales circunstancias de emergencia, producto de la actual crisis económica. “Se considera de carácter federal, de orden público y de interés social”.

Se indica que quedará terminantemente prohibido que cualquier patrón despida a sus trabajadores, sobre todo cuando se trate de mujeres embarazadas, y sólo procederá por causa especialmente grave o que haga imposible la continuación de la relación de trabajo y previo permiso concedido por la Junta o Tribunal de Conciliación y Arbitraje, según corresponda.

Almazán González dijo que en México la recesión impactará de manera mucho más aguda, en virtud de la enorme dependencia de la economía mexicana respecto de la estadounidense y se agravará terriblemente “por la profunda crisis social provocada por las políticas neoliberales aplicadas desde 1982”.

Resaltó que el fracaso del modelo neoliberal está a la vista de todos, pues de 106 millones de mexicanos, más de un 50 por ciento viven en condiciones de pobreza y cerca de un 20 por ciento en pobreza extrema.

Conforme a datos oficiales, en 2008, de 76 millones de mexicanos en edad de trabajar, entre un 50 y 60 por ciento se ubica en la economía informal, carentes de seguridad social, y de 43 millones de mexicanos que integran la población ocupada, un tercio de ella, más de 14 millones, perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Enfatiza que de más de un millón de mexicanos que cada año se incorporan al mercado de trabajo, sólo 400 mil en los últimos 7 años encontró empleo. Del resto, alrededor de 500 mil emigran al vecino país del norte en busca de trabajo y los que se quedan, pasan a formar parte del desempleo y constituyen el caldo de cultivo de lo que se ha convertido en los últimos años en uno de los principales problemas sociales: la creciente inseguridad y la delincuencia organizada.

Reportes del INEGI señalan que se dibuja un horizonte grave para el desempleo de los mexicanos en el 2009, pues habrá 12 millones 504 mil 640 desempleados: un millón 992 mil en desempleo abierto, más 5 millones 343 mil 724 personas disponibles, más de 3 millones 768 mil 916 que laboran pero no recibe ingresos, más un millón 200 mil jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa y los 200 mil migrantes mexicanos que retornarán de los Estados Unidos.

Por ello, se propone que en apoyo a todas las empresas, especialmente pequeñas y medianas con problemas financieros, el Gobierno federal deberá otorgar a éstas los recursos necesarios para cubrir total o parcialmente el salario a sus trabajadores, hasta por tres salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, ya sean de planta o base y de confianza, por el lapso de un año.

Del mismo modo, añade, deberá decretar a favor de estos patrones un programa de estímulos fiscales, y de reducción hasta de un cincuenta por ciento en el valor de todos los energéticos, y plantea congelar las rentas de los inmuebles en que operan centros de trabajo, por dos años.

Para los apoyos económicos se creará el Fondo de Emergencia para la Protección del Empleo, con recursos iniciales por un monto de treinta mil millones de pesos, los apoyos así otorgados tendrán el carácter de préstamos, los cuales no causarán intereses y serán devueltos por los beneficiarios en forma de mensualidades a partir del año dos mil once.

En el consejo de este fondo intervendrán las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la del Trabajo y Previsión Social, así como una representación de los trabajadores y patrones, que deberán ser plurales y a convocatoria de esta última secretaría.

La propuesta remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, resalta que mientras perdure la crisis económica no deberá procederse a una reforma integral de la Ley Federal del Trabajo, o a su abrogación, como medio de tutela del empleo y los derechos mínimos de los trabajadores.

Desplazamiento interno

Con el propósito de incorporar la variable del desplazamiento en el próximo censo de población, y considerarla información de interés nacional y con ello avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la diputada Mónica Arriola (Nueva Alianza) planteó reformas a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Señala importante el reconocimiento de la problemática del desplazamiento interno por el Estado mexicano mediante una reforma al segundo párrafo del artículo 78 de la Ley en comento, y así considerarse información de interés nacional, que permitirá generar un sistema de información y un acercamiento a la medición del problema a escala federal.

“Con esta propuesta se enfatiza la necesidad de reconocer de manera oficial en México la problemática que viven las personas internamente desplazadas y poder garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos”. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Incluir figura de grupo parlamentario

La diputada Irma Piñeyro Arias (Nueva Alianza) presentó una iniciativa que reforma el artículo 70 de la Constitución Política, para incorporar en el Senado de la República la figura de grupo parlamentario y con ello subsanar la inconstitucionalidad de su integración.

Menciona que la actual norma es omisa respecto de la formación de grupos parlamentarios en la Cámara de Senadores, por lo que carecen de sustento constitucional los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso General.

De ahí que la reforma determina las formas y los procedimientos para la agrupación de los diputados y senadores según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Promover y defender los derechos humanos

A las Comisiones de Equidad y Género, y de Derechos Humanos se mandó una iniciativa de la diputada Mónica Arriola (Nueva Alianza) en la que se reforman las Leyes: Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se busca que los órganos e instituciones encargadas de promover y defender los derechos humanos en México tomen en cuenta las recomendaciones y resoluciones de los mecanismos internacionales y regionales como parte de los esfuerzos que se realizan en esta esfera.

Protección y conservación de inmuebles

Para fomentar desde la educación que imparta el Estado una cultura de protección y conservación del conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas, la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños (Nueva Alianza) leyó reformas al artículo 7 de la Ley General de Educación.

El documento canalizado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos menciona que en México la mayoría de las ciudades presentan un problema de deterioro a las instalaciones de escuelas, comercios, edificios de gobierno, hospitales, iglesias, parques recreativos, mobiliario urbano, entre otros, lo que pone de manifiesto la cultura cívica y ética de sus habitantes y el grado de responsabilidad de las autoridades encargadas de su cuidado y protección.

“Estamos convencidos de que debe prevalecer desde la educación inicial un criterio corresponsable para avanzar en materia de equipamiento urbano utilitario y decorativo, sobre todo en los espacios públicos.

El impulso de la educación urbana, la investigación y la capacitación en esta materia es impostergable. Tanto el Estado mexicano como los ciudadanos debemos comprometernos y hacernos responsables del cuidado y mejoramiento de nuestro propio entorno”.

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