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Boletín N°. 3982 Distribuir el gasto público bajo criterios de equidad social propone iniciativa

Entre las personas de 6 a 14 años, el analfabetismo está casi desterrado: más del 90 por ciento de ellas sabe leer y escribir. No obstante, en el mismo grupo de edad, casi 28 por ciento de las niñas y niños indígenas y 41 por ciento de quienes padecen alguna discapacidad, no han tenido oportunidad de educarse, señaló el diputado Carlos Sánchez Barrios (PRD).

Estas cifras, dijo, revelan que en el territorio nacional conviven dos Méxicos: el de quienes lo tienen casi todo, y el de quienes no tienen nada. En tal virtud, es importante que la acción de gobierno se dirija a eliminar esas discrepancias y a promover el progreso general.

Por ello, el legislador presentó una iniciativa que reforma la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual pretende adicionar un párrafo tercero al artículo 7 de la Ley de Planeación para que la distribución del gasto público se realice atendiendo criterios de equidad social.

También propuso reformar el artículo 14 de la Ley de Planeación, para que la Secretaría de Desarrollo Social sea la encargada de coordinar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que dicha dependencia es la responsable de fijar la política social, la cual es prioritaria para el desarrollo del país.

Subraya que es importante que la planeación del desarrollo incorpore las propuestas de los ciudadanos, por ello, se pretende adicionar un párrafo tercero al artículo 20 de la Ley de Planeación, para que se considere el establecimiento de un Banco Nacional de Propuestas Ciudadanas, las cuales tendrán prioridad en la elaboración de los programas de gobierno.

Aseguró que para mantener un marco jurídico congruente, es necesario derogar la fracción I del artículo 31 y reformar la fracción II del artículo 32; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De esa forma, se incorporaran los cambios previstos en la Ley de Planeación. Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.

Garantizar la reparación del daño

A la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales se turnó la propuesta presentada por la diputada Rosaura Denegre-Vaugth Ramírez (PAN) para reformar el artículo 20 de la Constitución y diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales a fin de sumar la obligación de garantizar la reparación del daño para asegurar con mayor eficacia y prontitud la satisfacción que corresponde a la víctima.

El documento señala que la transformación de la reparación del daño en pena pública sólo ha significado hacerla irredimible por renuncia del ofendido sin modificar en lo demás su condición de sanción de derecho privado, como lo demuestra la circunstancia de que la muerte del delincuente no extingue la acción penal ni la pena misma.

Mariposa monarca

La diputada Andrea Ramírez Zollino (PVEM) presentó iniciativa para adicionar un artículo 76 bis a la Ley General de Vida Silvestre a fin de que queden prohibidas todas las actividades de aprovechamiento forestal y cambios de uso de suelo, en los sitios de refugio y descanso a lo largo de la ruta de migración de la mariposa monarca.

Aclaró que con la adición se protegería a las poblaciones de mariposa monarca durante su recorrido de migración, a través de la eliminación de prácticas de aprovechamientos forestales y de cambios de uso de suelo en estos lugares.

El objetivo, dijo, es atender las amenazas de pérdida y degradación de hábitat en la ruta migratoria, “pues para la protección en la zona de hibernación de la especie se han llevado a cabo muchas estrategias y hasta la fecha siguen proyectos entre los estados de Michoacán y de México con el Gobierno federal”. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Otorgar al Congreso facultad de expedir leyes en materia civil

En tanto, el legislador Carlos Alberto García González (PAN) presentó iniciativa que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso tenga la facultad de expedir leyes en materia civil, en asuntos del orden federal.

Refiere que al carecer el Congreso de la Unión de facultades expresas para legislar en materia civil; los Congresos de los estados pueden expedir leyes al respecto; no obstante, la federación cuenta con un Código Civil Federal y un Código Federal de Procedimientos Civiles, razón por la cual es imprescindible justificar y sustentar las facultades del Legislativo federal para emitir este tipo de leyes, ya que en tanto no exista tal disposición, se entienden facultades reservadas a los estados en estricta concordancia con lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Captura del pez dorado para pesca comercial

La Comisión de Pesca analizará la iniciativa del diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez (PRD) para adicionar un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de que la captura del pez denominado dorado o hacha, también sea para la pesca comercial.

Aclara que salvo excepciones que la Conapesca determine, dicha especie quedará reservada a la pesca deportivo-recreativa, tomando en consideración los dictámenes técnicos que al respecto emita el Inapesca, así como las consideraciones que este último haga en relación con las regiones donde la pesca deportiva sea una actividad económica preponderante.

Convocar a funcionarios cuando se realicen los trabajos relativos al análisis del informe presidencial
Los diputados Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal (PRI) presentaron iniciativa que propone, por una parte, derogar el párrafo primero del artículo 93 de la Constitución Política, con la finalidad de que se suprima la obligación que actualmente tienen los secretarios del despacho de dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias.
Y por otra, reformar el párrafo segundo del mismo precepto, a fin de que las Cámaras puedan convocar a los funcionarios cuando se realicen los trabajos relativos al análisis del informe que presenta el titular del Ejecutivo ante esta representación.
Con la reforma, señala, se considera que el Poder Legislativo contará con los medios adecuados para el ejercicio de la función de control y vigilancia que le ha sido conferida, viéndose implicado en una dinámica de interacción y coadyuvancia en el ejercicio del poder público, y cumpliendo responsablemente con sus obligaciones frente la sociedad. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Flexibilidad laboral a los miembros de las instituciones policiales
El legislador Pablo Trejo presentó iniciativa para reformar el artículo 123 de la Constitución y diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de que exista flexibilidad laboral a los miembros de las instituciones policiales.
El documento explica que los bajos salarios de los policías, sus pobres condiciones laborales, no sólo cercenan derechos sino dignidad, y en perjuicio de la seguridad pública de la sociedad, se pone a los policías en charola de plata para alimentar las filas de la delincuencia. Nada justifica su precariedad; cualquier cargo requiere un mínimo de seguridad jurídica y de estabilidad.
Señala que por los índices de la delincuencia el desempeño como policía exige mayor preparación, afrontar un mayor riesgo, mayor disciplina y, en el mismo sentido, exige mayor equidad en su trato laboral: estabilidad y permanencia laboral, capacitación permanente, profesionalización, salario digno, seguridad social integral y solidaria. Es decir, debe hacerse un esfuerzo por ir igualando las condiciones laborales de la policía a las de las fuerzas armadas.
Desarrollo productivo y competitivo de la pesca y la acuacultura

A la Comisión de Pesca se envió la iniciativa que presentó el diputado José Luis Blanco Pajón (PRI) para adicionar un inciso al artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables a fin de precisar que la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal fomentará y realizará acciones tendientes a la aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios para que los pescadores puedan desarrollar su actividad en mejores condiciones de rentabilidad y competitividad.

Para estos efectos, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como con las dependencias y entidades competentes, además de observar y aplicar lo dispuesto en la Ley de Energía para el Campo, añade.

Dictamen sobre obesidad

En la sesión de hoy, el Pleno decidió regresar a la Comisión de Salud el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en la materia, referente a la obesidad.

Al fundamentar la decisión, la diputada Susana Monreal Ávila (PRD) dijo que la obesidad es problema de salud pública y que es responsabilidad del Estado, pero también de la Cámara regular ese tipo de alimentos, por lo que pidió discutir el tema con toda la información disponible.

El diputado Ricardo Cantú Garza (PT) enfatizó: “Tomemos conciencia de que la obesidad no es un tema secundario; es un problema que tiene que ver con la calidad de vida de nuestros niños y de los mexicanos en general”.

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