Con el propósito de regular la actuación de los cuerpos privados de seguridad y establecer en la Ley Federal de Seguridad Privada su obligación –como auxiliares de las instituciones de seguridad pública—de asumir los principios en materia de uso de la fuerza, el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD) presentó una iniciativa para reformar el artículo 35 de ese ordenamiento.

Propone establecer que los prestadores de servicios de seguridad privada, en caso de hacer uso de la fuerza, deberán atenerse a lo establecido en la ley que regula esta acción para los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal.

Además de las obligaciones previstas en la presente ley, señala el documento, los prestadores de servicios deberán sujetar su actuación a las disposiciones locales que rijan materias distintas a la regulación de la seguridad privada en la entidad federativa que presten los servicios.

Destacó que la LX Legislatura ha realizado arduos y fructíferos trabajos en materia de seguridad y procuración de justicia, que han derivado en reformas constitucionales y la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece mejores lineamientos para coordinar la facultad concurrente de procurar la seguridad pública.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en su artículo 152 que los particulares que se dediquen a estos servicios, así como su personal, se regirán por las normas que esta ley y las demás aplicables establecen para las instituciones de seguridad pública, incluyendo los principios de actuación y desempeño. Se remitió a la Comisión de Seguridad Pública.

Trabajo Infantil

Posteriormente, el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN) presentó una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para atacar los vacíos legales en materia de trabajo infantil agrícola, ya que 19.4 por ciento de la fuerza laboral de los jornaleros migrantes está constituida por menores de 6 a 14 años de edad.

De los niños de 6 a 14 años que realizan algún trabajo económico, sólo 28 por ciento recibe algún pago, 7 por ciento trabaja por su cuenta y el 65 por ciento no recibe ningún pago. De los que sí reciben algún pago por su trabajo, sólo 18 por ciento recibe un salario mínimo o más, el resto recibe menos de un salario mínimo.

Además, anualmente 300 mil menores, en su mayoría indígenas del sur del país abandonan junto con sus familias sus comunidades de origen para trabajar en campos agrícolas del norte de México, el Estado de México y Jalisco, entre otras entidades.

En México tres de cada siete niñas y niños entre los 6 y 11 años de edad pertenecientes a familias jornaleras, se suman al trabajo asalariado, donde alrededor de 600 mil menores trabajan hasta 12 horas diarias.

Aunado a ello, la cuarta parte de los niños jornaleros nunca han asistido a la escuela, mientras que el 46 por ciento trabaja seis días a la semana y 35 por ciento no tiene periodos de descanso.

Busca garantizar que los menores de 14 años no sean contratados para trabajar en ninguna actividad y que tengan acceso a la educación básica, así como la generación de condiciones que propicien su óptimo desarrollo de los niños y regular las actividades de los infantes en torno de la economía de sus familias.

Indica que el marco jurídico que aborda el trabajo infantil es amplio, pero no suficiente para atacar los problemas que se presentan para los jornaleros agrícolas, donde las niñas y los niños no son considerados propiamente como jornaleros o asalariados, pues hay una relación contractual entre los menores y los empleadores.

Propone prohibir la utilización del trabajo de los menores de dieciséis que no hayan terminado su educación básica obligatoria; además, que cuando se detecte trabajando a un menor de catorce años, el patrón será sancionado con la clausura de su establecimiento y una multa de 50 a dos mil 500 salarios mínimos.

Además, la obligación de los patrones de fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares y permitirles el acceso a los servicios de educación básica obligatoria.

También plantea multas que van de 50 a dos mil 500 salarios mínimos a quien viole las normas protectoras del trabajo del campo y del trabajo a domicilio. La Propuesta se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Ley de la Cuenca de Burgos

Posteriormente, el diputado Miguel Ángel González Salum (PRI) presentó a nombre de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, la iniciativa que expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Región Cuenca de Burgos, a fin de regular y establecer medidas que favorezcan el logro de un desarrollo sustentable de dicha región, mediante la acción de la administración pública federal y la concertada con las demás administraciones públicas.

Se plantea la constitución de la Comisión Regional para el Desarrollo Sustentable, como instrumento de coordinación de programas, acciones e inversiones para el cumplimiento de objetivos, estrategias y prioridades de la política regional para el desarrollo sustentable de la región.

Dicha Comisión se integrará por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Social, de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público; los titulares de las dependencias responsables del desarrollo sustentable de los estados de la región cuenca de Burgos; representantes de la Asociación de los Municipios legalmente reconocidos; y los presidentes de las Comisiones del Medio Ambiente y Recursos Naturales de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Enseguida, el diputado Horacio Emigdio Garza Garza (PRI), presentó una iniciativa para abrogar la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y reformar el Artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal.

En la reforma propuesta al artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que el Fondo General de Participaciones se constituirá con 21.35 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La Tenencia, indicó, se ha convertido en una fuente de financiamiento de gran magnitud en las finanzas públicas de las entidades federativas pero existe mucha controversia respecto a si cumple los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

Agrega que la recesión actual afecta a la industria automotriz. “Las cifras más recientes hablan de una caída de las exportaciones y de la venta de automóviles nuevos en el mercado interno, por ello, para contrarrestar el efecto nocivo de la crisis sobre esa industria hay que fortalecer el mercado interno”. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Propone Nueva Ley del Instituto de la Juventud

Asimismo, la Comisión de Juventud y Deporte, que preside la diputada Elizabeth Morales García (PRI), presentó una iniciativa para expedir una Nueva Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para establecer que el Instituto es un organismo público descentralizado, no sectorizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión.

En el documento se señala que el Instituto Mexicano de la Juventud es autónomo, “pero en las decisiones importantes está obligado a observar las pautas y directrices de la Política Educacional de la Secretaría de Educación Pública; su actividad implica una independencia de toda secretaría de Estado para dar cumplimiento a sus objetivos”.

Propone establecer que la población cuya edad quede comprendida entre los 15 y los 24 años, será objeto de los programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo. La Ley actual reconoce a las personas cuya edad queda comprendida entre los 12 y 29 años.

Se turnó a la Comisión de juventud y Deporte, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Ley de Ahorro y Crédito Popular

Enseguida, la diputada Silvia Luna Rodríguez (Nueva Alianza) propuso modificar el artículo 12 y adicionar el 13 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para fortalecer el sistema de ahorro y crédito popular como alternativa para satisfacer las necesidades de financiamiento oportuno y barato en zonas y regiones apartadas del país.
Propone incluir en los fondos sociales que deberán impulsar las entidades, el de Educación y crear el artículo 13 Bis para establecer que el Fondo de Educación deberá constituirse al menos con el tres por ciento de los excedentes, tratándose de cooperativas o de las utilidades (por lo que se refiere a las sociedades financieras populares) que se obtengan en cada ejercicio social o hasta alcanzar un monto equivalente al tres por ciento del capital contable de la entidad.
Señala que México no cuenta con una política social eficaz que compense el deterioro del bienestar de la población y se profundiza por los efectos que tiene la crisis financiera internacional sobre la economía nacional y los diferentes mercados que la integran.

“El Legislativo debe proteger el desempeño de las cooperativas y las sociedades financieras populares, a fin de fortalecer su compromiso social y en especial con la educación pública”, enfatizó.
Añade que el Estado mexicano está obligado a crear expectativas económicas de estabilidad mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable para la población y los trabajadores, debemos posibilitar que nuestras instituciones y las políticas que de ellas emanan promuevan la economía social y el ahorro, mejorando con ello el bienestar y el mercado interno. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (PRD) planteó reformas al artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer que en la suscripción de convenios deberán observar las prioridades de las entidades federativas, para alcanzar sus objetivos pretendidos.

Plantea que los estados canalicen, por lo menos, un 75 por ciento de los recursos federales a inversión productiva generadora de empleo.

“Se requiere reactivar la economía mediante políticas contracíclicas en las que participen los tres niveles de gobierno para remediar los problemas de desempleo e inestabilidad del mercado interno”, puntualizó.

Explicó que ante la crisis financiera el panorama de la economía mexicana en el corto plazo se presenta agobiante, por lo que es necesario aplicar políticas macroeconómicas que puedan aminorar los efectos de la crisis.

Según el documento turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los últimos reportes, indican que a enero de 2009 hubo un incremento desbordante del desempleo en México hasta del cinco por ciento, cuando el año pasado se ubicó en un promedio de tres por ciento.

“Esta situación, seguida del incremento galopante de los precios de la canasta básica, hacen necesario que los recursos federales, por parte de la entidades federativas y municipios se destinen en mayor proporción a actividades que conllevan la creación de empleos y el cuidado de la economía familiar”.

Ley General de Salud

A fin de incluir a la homeopatía dentro de los profesionales de la salud y establecer que quedará comprendida dentro del campo de la medicina, los diputados Ector Ramírez Barba, Ignacio Alberto Rubio Chávez, Antonio Muñoz Serrano y Francisco Fraile García, del PAN, proponen reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud.

En la iniciativa se destaca que actualmente existe en ese renglón un vacío regulatorio en nuestro país; debido a ello, no hay una normatividad adecuada en los reglamentos para la práctica de esta profesión, a pesar de la gran difusión que tiene entre la población.

Esa falta de regulación ocasiona que en diversos estados de la República se ofrezca la enseñanza de licenciaturas en homeopatía, sin que se cumplan las condiciones necesarias para ser instituciones educativas formadoras de médicos bien capacitados. Se turnó a la Comisión de Salud.

Ventanilla virtual

A la Comisión de la Función Pública se remitió la iniciativa del diputado Antonio Xavier López Adame (PVEM) que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para crear una ventanilla virtual, que ofrezca servicio en línea para la proporción de información y asistencia oportuna respecto a los trámites y servicios que se prestan al ciudadano.

Se suscribe que de esa forma los formatos para trámites publicados en línea contarán con validez en las oficinas de los sujetos obligados; además, se otorgará el servicio de traducción de texto de los contenidos en al menos un idioma de uso universal.

VII Parlamento Infantil

Durante la sesión, la diputada Martha Hilda González Calderón (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva, informó que la ceremonia de inauguración del VII Parlamento Infantil, llevará a cabo el lunes 30 de marzo a las 10:00 horas en el salón de plenos.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la próxima, que tendrá lugar el martes 31 de marzo a las 11:00 horas.

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