La Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto uso de los Recursos Públicos Federales, Estatales y Municipales en el Proceso Electoral Federal de 2009, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Salud, responsables de la operación del Seguro Popular para conocer las medidas adoptadas para evitar posibles delitos electorales.

En la reunión de trabajo, Miguel Gutiérrez Hernández, director general de coordinación con entidades federativas del Seguro Popular, rechazó que dicho programa de salud pudiera ser utilizado con fines electorales, dados los mecanismos de protección.

Los diputados Antonio Soto Sánchez (PRD), presidente de la Comisión Especial; Fracisco Melo Velázquez (Convergencia) y Alma Edwviges Alcaráz Hernández (PAN) cuestionaron sobre medidas implementadas para evitar que los recursos de la Secretaría de Salud y en particular del Seguro Popular se canalicen a algún partido político o candidato en el proceso electoral de este año.

El funcionario destacó que ha sido una preocupación de la dependencia y de la Comisión Nacional de Seguridad Social, el buen uso de los recursos y para ello ha diseñado estrategias encaminadas a vigilar que no se distraigan los recursos para otros efectos, sino que sean dirigidos para beneficio de los afiliados.

Recordó que el 31 de enero de 2008, la Secretaría de Salud signó las bases de colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de las acciones de prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas y de delitos electorales federales cometidos por los servidores públicos.

Dijo que dentro de las estrategias para no incurrir en delitos electorales, se ha hecho una difusión permanente vía Internet a los servidores públicos de la Secretaría de Salud.

“Se ha hecho mucho trabajo para informar a los servidores qué es lo que se puede hacer y qué no, además de que se hace énfasis tanto en las sanciones administrativas o penales”.

Del mismo modo, añadió, se ha respetado lo que la ley señala respecto al término de la inauguración de obras públicas; se han hecho promocionales impresos; mensajes en radio y televisión para dejar claro que el otorgamiento de los programas sociales no están condicionados al voto para algún partido o candidato.

“Incluye mensajes dirigidos en las diferentes lenguas indígenas; se difunde entre los servidores públicos, así como se incluye en páginas institucionales, información sobre mecanismos para la presentación de quejas, denuncias en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y en materia de delitos electorales”.

Gutiérrez Hernández informó a los legisladores que periódicamente se solicita a los servicios estatales de salud, la confirmación de entrega de recursos federales a las secretarías de finanzas locales para la operación de los programas.

También se da seguimiento al uso de los recursos humanos, financieros y materiales en todas las unidades administrativas centrales y en los órganos desconcentrados; se difunde y evalúa a los servidores públicos sobre el curso interactivo sobre blindaje electoral que emitió la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Resaltó que la semana pasada, en el marco del Consejo Nacional de Salud, se signaron las bases de coordinación para la difusión, promoción, denuncia y capacitación en materia de prevención de delitos electorales entre la Fepade y la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social, con la asistencia y testigos de honor de todos los secretarios de salud de las entidades federativas.

En la firma, abundó, las dependencias se comprometieron a impulsar, junto con los responsables de los regímenes estatales de protección social y salud, medidas y acciones que permitan promover la difusión para la prevención de delitos electorales y la cultura de la legalidad y la denuncia.
Dijo que se mandaron a imprimir 32 mil carteles alusivos al blindaje electoral y se repartieron mil en cada entidad federativa, además de que se les otorgó la imagen para seguir reproduciéndolos, los cuales se solicitó que fueran colocados en los módulos de afiliación del Seguro Popular y en los centros donde se prestan servicios a los afiliados.

Respecto al Seguro Popular dijo que al 2008 se cerró con 9.2 millones de familias afiliadas y para el presente año se tiene contemplado un crecimiento del 14.3 por ciento, que en recursos monetarios implicaría 32 mil 879 millones de pesos.

Añadió que la meta para este año se divide en dos vertientes: “en el primer semestre, la idea es afiliar a todos los recién nacidos en el Seguro Médico Nueva Generación, así como a las mujeres en la estrategia de Embarazo Saludable.

“En el segundo semestre se plantea afiliar a 962 mil familias para concluir con 10 millones 996 mil familias inscritas en el Seguro Popular. Esto es una cobertura del 91.9 del total de población descubierta de seguridad social”.

Concluyó que a la fecha se han registrado cuatro denuncias sobre presuntos desvíos de recursos, mismos que fueron canalizados a la Fepade para ser investigados.

La diputada Alma Edwviges Alcaráz dijo que la supervisión y fiscalización de los recursos del Seguro Popular en los estados y municipios no es muy confiable, sobre todo, cuando la Auditoría Superior de la Federación ha detectado diversas irregularidades.

El funcionario destacó que la Cámara de Diputados ha sido fundamental para combatir la opacidad a través de reformas para garantizar y precisar el ejercicio de los recursos.

Reconoció que las entidades federativas fueron acreedoras de varias observaciones por las irregularidades en el uso de los recursos y que en estos momentos se encuentran en proceso de solventación.

Finalmente, el presidente de la Comisión Especial, diputado Antonio Soto, informó que buscarán reunirse en los próximos días con la Conferencia Nacional de Gobernadores, con el fin de coordinarse y conocer las estrategias de blindaje electoral.

Asimismo, la próxima semana, informó, se tiene programada la reunión con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa). “Y en los meses de mayo y junio comenzar con las visitas a los estados”.

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