El Pleno Camaral aprobó con 292 votos a favor, cero en contra y una abstención el dictamen que expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

El propósito es establecer los órganos, criterios y procedimientos institucionales para implementar la política de transparencia, proporcionar a las personas el acceso a la información pública y garantizar la protección de los datos personales en la Cámara de Diputados.

Con el reglamento se fortalece la unidad de Enlace ya existente como órgano administrativo encargado del primer contacto entre usuarios y la Cámara; y se crea un Órgano Rector, integrado por los coordinadores parlamentarios, encargado de tramitar el recurso de revisión.

Asimismo, establece un Consejo como ente imparcial, autónomo y especializado el cual implementa y evalúa las políticas de transparencia y acceso a la información pública, así como las políticas de protección de datos personales, construye y evalúa los indicadores de gestión, sugiere las adecuaciones para el cabal cumplimiento de la garantía de acceso y disposición de la información y finalmente resuelve en definitiva el recurso de reconsideración.

Se incluye el principio de gratuidad de la información, y se crean dos recursos que se oponen a las resoluciones adversas a las solicitudes: el de revisión y el de reconsideración, que contemplan en todo tiempo la suplencia de la queja y la expedición de la información, sin costo de materiales para el solicitante, en caso de falta de respuesta de la autoridad en el plazo legal.

El dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias precisa que conforme a los principios de máxima publicidad y disponibilidad, toda información en poder de la Cámara se presume pública y debe estar asequible, salvo la que deba estar clasificada como reservada, la confidencial y los datos personales protegidos.

La Cámara está obligada a divulgar información sobre: estructura orgánica; facultades de cada órgano obligado; directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el secretario general; remuneración mensual por puesto, incluyendo compensaciones y/o percepciones extraordinarias; domicilio de la Unidad; dirección electrónica donde pueden recibirse las solicitudes de información.

Así como metas y objetivos de los órganos y sujetos obligados en la Cámara; servicios que se ofrecen; trámites, requisitos y formatos; presupuesto asignado e informe de ejecución; resultado de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada órgano y sujetos obligados; licitaciones y contrataciones otorgadas, especificando los titulares; marco normativo aplicable a cada órgano y sujetos obligados; informes que generen los órganos y sujetos obligados; mecanismos de participación ciudadana; indicadores de gestión de órganos y sujetos obligados, y cualquier otra información útil o relevante y la relativa a las preguntas o cuestionamientos que haga el público de manera más frecuente.

Se puntualiza que los órganos obligados a generar información son: la Mesa Directiva; la Junta de Coordinación Política; la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; los grupos parlamentarios; los diputados sin partido; las comisiones; los comités; la Secretaría General; las Secretarías de Servicios; la Contraloría Interna; la Coordinación de Comunicación Social; el Consejo; el Órgano, y la Unidad.

Los grupos parlamentarios, menciona, a través de su coordinador, y los diputados sin partido, en lo individual, deben presentar al Órgano Rector informes semestrales sobre la custodia y condiciones de los vehículos; espacios físicos; bienes muebles e inmuebles, y asignación y destino final a detalle de los recursos económicos y materiales que se les provea institucionalmente.

Al fundamentar, el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, presidente de la Comisión, dijo que con el proyecto se busca establecer los procedimientos institucionales para fincar la transparencia institucional como una norma de actuación en la Cámara de Diputados y garantizar el acceso a la información de los datos.

Propuso modificaciones a los artículos 19 y 29, así como a los transitorios 6 y 11, mismas que fueron aceptadas, a efecto de que los requisitos para ser secretario técnico del Órgano Rector de las políticas y lineamientos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Cámara de Diputados, sean los mismos que para titular de la Unidad de Enlace.

Se defina el plazo necesario para que la Cámara realice la propuesta de integración del Consejo y éste pueda entrar en funciones lo más pronto posible, y se atienda a la necesidad de ajustar los tiempos y cumplimientos que permitan a los obligados del reglamento a cumplir con las materias y trámites respectivos.

En su oportunidad, el diputado Javier González Garza (PRD) dijo que si el dictamen no incluye la transparencia de los grupos parlamentarios, su fracción no lo aprobará. “La Cámara de Diputados tiene que ser transparente empezando por éstos”.

Al pronunciarse a favor, la diputada Layda Sansores San Román (Convergencia) indicó que el acceso a la información sobre el manejo de recursos públicos es necesario para la rendición de cuentas y subrayó que aún se requiere modificar la Ley Orgánica para fortalecer la transparencia. “Aprobarlo sería una forma de decir que queremos ordenar la casa, ya que la corrupción es más grave que hace 75 años”.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano (PAN) manifestó que con este ordenamiento el Congreso se pone a la vanguardia en materia de transparencia, ya que se cumple con las disposiciones constitucionales establecidas en 2007 y que consideran el principio de máxima publicidad, la protección de datos personales, órganos especializados y sanciones por incumplimiento.

Refirió que su realización contó con la supervisión técnica del IFAI para fortalecer la transparencia institucional y garantizar el acceso a la información pública con el respeto a los datos personales y a la información confidencial.

Impulsar el desarrollo de México por la vía de la innovación

Con la unanimidad de 329 votos a favor se aprobaron reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer las bases que permitan alcanzar una política pública nacional de innovación, misma que cuente con el diseño institucional y las herramientas necesarias para lograr mayor competitividad y productividad de las empresas del país.

El dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología faculta a los órganos de gobierno de los Centros Públicos de Investigación a aprobar lineamientos que permitan otorgar al personal académico hasta el 70 por ciento de las regalías que generen las invenciones protegidas por la Ley de Propiedad Industrial, incentivando así el interés y desarrollo en la producción de tecnologías innovadoras.

Se incluye el concepto de innovación definiéndolo como “la capacidad de generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, vinculando así al sector productivo con el académico y rediseñando un sistema nacional que la impulse”.

Autoriza a las universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, para establecer unidades de vinculación y transferencia de conocimientos, que tienen como propósito generar y ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnológico e innovación dirigidos a los sectores productivos y de servicios.

Del mismo modo, son incluidas bases jurídicas para la creación de fondos sectoriales de innovación, que tengan por objeto que las Secretarías y las entidades de la Administración Pública Federal puedan apoyar actividades, programas y proyectos asociados a la invención.

Al fundamentar, el diputado Jesús Vicente Flores Morfín (PAN) precisó que con la reforma se impulsa la construcción de una política de Estado que promueve la ciencia, la tecnología y la innovación, para incrementar el desarrollo, una mejor competitividad y productividad de la economía.

Puntualizó que se fomenta una estrecha vinculación entre la comunidad de los investigadores y el sector productivo, a fin de generar un crecimiento de la economía basada en la amplia producción de innovaciones y aporta soluciones a los problemas más urgentes que enfrenta el país.

“Las soluciones efectivas a la pobreza, a la desigualad, el acceso a la salud, el cuidado del medio ambiente, a una educación de calidad, el mayor uso de fuentes renovables, se generarán a través del impulso y la innovación que esta reforma permitirá”, abundó.

Protección a las menores embarazadas por violación

A fin de incluir como sujetos preferentes de la asistencia social, a las niñas y adolescentes embarazadas, producto de una violación, que no cuenten con apoyo familiar o permanezcan en riesgo de violencia y abuso sexual, la Cámara de Diputados aprobó con 327 votos adicionar un inciso m) a la Fracción I del artículo 4 de la Ley en la materia.

En el documento se menciona que el abuso sexual a niñas y niños es una conducta reiterada y oculta durante mucho tiempo que suele cometerse sin mediar violencia física, pero sí psicológica a través de amenazas de agresión o muerte a un familiar.

Se agrega que los agresores son generalmente adultos conocidos por las víctimas: padres, padrastros, tíos, abuelos, primos o vecinos, razón por la que las víctimas evitan informar del abuso. Además de las secuelas psicológicas que generan, en muchas ocasiones estos abusos se traducen en embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o en el contagio del VIH/sida.

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