• Estas actitudes no contribuyen a erradicar la impunidad: José Luis Soberanes

A más de un año de los hechos ocurridos en la plataforma petrolera Usumacinta, donde perdieron la vida 22 trabajadores y 68 más resultaron lesionados, Pemex Exploración y Producción rechazó las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); con ello se dejan intactas las condiciones de inseguridad que propician accidentes fatales, advirtió el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia).

Durante el foro Pemex y los Derechos Humanos en la Sonda de Campeche, el legislador expresó que al no admitir los resultados de la indagatoria de la CNDH, Pemex sienta un precedente negativo que no coadyuvará a corregir de raíz los actos de omisión, corrupción, impunidad y negligencia en la Sonda de Campeche.

“Lamentablemente la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido omisa al no proporcionar a la CNDH los resultados de sus indagatorias, a pesar de que el Congreso de la Unión se lo solicitó, ignorando que todas las dependencias del gobierno están obligadas a cumplir con los derechos humanos”.

Velasco Oliva, secretario de la Comisión de Energía, denunció que Pemex, al no revertir la situación de inseguridad que enfrentan los trabajadores, evade su responsabilidad, encubre a los responsables y tolera la corrupción, impunidad y negligencia; “sobre todo, deja intactas las condiciones para que se sigan registrando accidentes fatales”.

Por ello, añadió, cobra especial relevancia este foro, cuyo objetivo central es evidenciar ante la opinión pública que los motivos de la paraestatal para justificar el rechazo a la recomendación emitida por la CNDH son infundados e insuficientes; “cuando la realidad es que hay una gran problemática que atender, particularmente en lo que se refiere a las empresas contratistas”.

En su oportunidad, el diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, señaló que lo sucedido en la plataforma Usumacinta y la omisión por parte de Pemex muestra el verdadero panorama en materia de respeto a los derechos humanos en México, que “es excluyente, omiso e injusto y que agravia, lastima y no restituye, no rectifica y no reivindica”.

Por eso este caso, continuó, viene a ser un suceso más en una larga cadena de una sociedad que sigue siendo omisa para consagrar la defensa y el respeto de los derechos humanos.

“Este caso en particular, que la CNDH documentó, en la recomendación respectiva, pero que ha venido acumulando más datos y referentes empíricos de la forma en que la falta de mantenimiento, la falta de probidad en el manejo de los recursos, entre otras cosas, hace de los funcionarios, detrás de esto, auténticos violadores de la Constitución”.

En su intervención, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, afirmó que cuando una autoridad rechaza sus recomendaciones y se niega a investigar lo que se le solicita no contribuye a desterrar la impunidad; por el contrario, abre la puerta para que otras incurran en actos abusivos de poder y esas actitudes obstaculizan y afectan la vigencia plena del Estado de Derecho.

Agregó que este tipo de foros sirve para impulsar la comprensión y la mayor sensibilidad de las autoridades sobre la importancia que puede tener la colaboración institucional en beneficio de un mejor servicio público. “Que sea también un factor activo en la consolidación de una cultura de respeto y protección a los derechos humanos en nuestro país”.

A su vez, el primer visitador de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, informó que la PGR obstaculizó los trabajos de averiguación sobre el accidente ocurrido en la plataforma Usumacinta. “Se ha negado a permitirnos el acceso a la documentación que investiga la responsabilidad de la muerte de 22 trabajadores, los daños a la Plataforma Usumacinta y las lesiones a los demás trabajadores que salvaron la vida”.

El funcionario comentó que la CNDH solicitó al director de Pemex los comprobantes del pago de las indemnizaciones a las familias de los trabajadores fallecidos. “También recomendó establecer medidas para garantizar la capacitación adecuada del personal de Petróleos Mexicanos y subcontratados”.

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