Diputados del PAN, PRD, PRI, Convergencia, PVEM y Socialdemócrata propusieron que dentro de la Ley General de Educación y del sistema educativo nacional se reconozca la enseñanza que imparten las organizaciones de la sociedad civil con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, a través de Centros de Educación Preescolar Comunitaria.

En el documento que analiza la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se menciona que la desigualdad económica y la exclusión social se traducen en diferencias de oportunidades para el desarrollo de niños y niñas en México y la atención a la infancia y el respeto a sus derechos.

Puntualiza que la infraestructura pública para brindar la educación preescolar es insuficiente, por el aumento reportado de menores por grupo, y esto provoca deterioro de la calidad educativa; además de que la educación preescolar privada no trabaja en contextos, ni con las familias de mayor pobreza.

El Estado mexicano, añade, tiene la obligación de la cobertura universal de la educación básica, y que la enseñanza preescolar comunitaria se considera como una acción afirmativa en la medida que se logre dicho objetivo.

Destaca que dadas las experiencias impulsadas por las comunidades para educar, alimentar y cuidar eficientemente a las hijas e hijos de madres trabajadoras y de familias que viven diferentes formas de exclusión, se hace indispensable una modificación a la Ley General de Educación para incluir un capítulo denominado Educación Comunitaria.

Con la reforma, se considera a esta enseñanza como un modelo flexible, pertinente, bilingüe e intercultural, conformado por un conjunto de programas, modalidades y proyectos educativos en comunidades rurales, en pueblos y localidades con población indígena, en campamentos para población jornalera agrícola migrante y en comunidades urbanas marginales.

La educación comunitaria, indica, se basa en el principio de corresponsabilidad, el cual se materializa a través de un esquema de coinversión en el que se suman los recursos que aportan los actores sociales, constituidos en asociaciones legalmente establecidas y no lucrativas que organicen y operen centros de educación preescolar comunitaria y los tres órdenes de gobierno.

Su finalidad es fomentar la corresponsabilidad y solidaridad social de los sectores organizados del país para la atención y resolución de los problemas educativos y culturales, así como crear y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las oportunidades de educación para la población.

Los legisladores mencionan que para la formación de instructores de educación preescolar comunitaria, deberán obtener previamente, en cada caso, el reconocimiento expreso del Estado.

Enfatizan que los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando la asociación cuente con instructores que acrediten la preparación adecuada para impartir educación preescolar comunitaria; instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine, así como planes y programas de estudio que complementen los de la educación preescolar comunitaria para la formación de instructores.

Suscriben la iniciativa los presidentes de las comisiones de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano (PAN); de Educación Pública y Servicios Educativos, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (PRD); de Equidad y Género, Maricela Contreras Julián (PRD), y de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, Martha Cecilia Díaz Gordillo (PAN).

Así como los diputados Francisco Javier Murillo Flores (PAN); Valentina Valia Batres Guadarrama (PRD); José Rosas Aispuro Torres y Carlos Rojas Gutiérrez, del PRI; Xavier López Adame (PVEM); José Luis Varela Lagunas (Convergencia), y Elsa Guadalupe Conde Rodríguez (Socialdemócrata).

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