En el primer trimestre de 2009 se conserva la tendencia en el número de agresiones a periodistas y medios de comunicación, ya que la CNDH documentó 46 quejas por este motivo y radicaron 17 expedientes, informó el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de dicha institución, Aarón Jiménez.

En el mismo periodo, pero de los años 2007 y 2008 se radicaron 18 y 19 casos, respetivamente, especificó.

Al 31 de marzo de 2009 se conocieron 29 pre-expedientes que si bien no son competencia de la CNDH son quejas que se reportan a visitadores y que se suman a los 17 expedientes abiertos en este organismo.

En reunión de trabajo con la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, que preside el diputado Gerardo Priego Tapia, el funcionario aclaró que las cifras no representan, por sí, una proyección de la situación en todo el país, toda vez que son sólo las quejas de las que conoce la CNDH.

Agregó que en este informe no se cuentan las agresiones que no son reportadas y las que conocen exclusivamente las comisiones estatales de derechos humanos, pero que pueden ser tendencias sobre lo que pase en el tema en este año.

Subrayó que en los últimos cuatro sexenios la institución radicó 708 expedientes y que en lo que va del presente mandato presidencial 190. Mencionó que en lo que va del año se asesinaron a tres comunicadores.

Asimismo, informó que Oaxaca (27 por ciento), Veracruz (27 por ciento), Distrito Federal (23 por ciento), Nuevo León (14 por ciento) y Michoacán (9 por ciento) son los estados donde se reportaron el mayor número de agresiones en el último trimestre.

Los agravios más señalados son ejercicio del cargo, que implica diversas violaciones como detención arbitraria, allanamiento, entre otros; la violación al derecho de libertad de expresión, irregularidades en la integración de averiguaciones previas, diversos casos de intimidación y trato cruel o degradante.

Además, se presentaron dos recomendaciones relativas con casos de periodistas, una de ellas respecto del caso del periodista Rafael Villafuerte Aguilar, asesinado en el 2003, donde se identificaron irregularidades por parte de la Procuraduría del Estado de Guerrero en la integración de la averiguación previa, que no ha permitido resolver este homicidio.

La segunda fue la recomendación sobre el caso de la periodista Lidya Cacho, a los estados de Puebla y Quintana Roo, donde se acreditaron tortura, violación al derecho a la salud, de la legalidad, seguridad jurídica y libertad de expresión.

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