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Boletín N°. 4039 Juicios en línea reducirían y abaratarían los trámites del Tribunal de Justicia Fiscal

• Todos somos clientes potenciales de este organismo; Estefan Chidiac

A fin de reducir el costo económico de los juicios contencioso administrativos y aumentar la certeza jurídica para los involucrados, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Jorge Estefan Chidiac (PRI), aprobó reformas a Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para instaurar los juicios en línea.

Durante una reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Estefan Chidiac señaló que en términos económicos, al Gobierno federal implica un gasto de dos mil millones de pesos anuales abrir las salas suficientes para mantener el promedio de casos, contra los 374 millones que costaría el nuevo sistema.

Además, podrá reducirse de dos años a seis meses el promedio en que resuelve el tribunal fiscal los asuntos y se dictaminarán más casos que antes, con el mismo personal.

Ante Francisco Cuevas Godínez, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Estefan Chidiac afirmó que “con el nuevo sistema México sería un país de avanzada que podría dar el ejemplo en este tema”.

Señaló que es más importante para los usuarios que para el Gobierno, porque “todos somos ‘clientes’ potenciales del tribunal fiscal”.

Se trata de dar una opción adicional a quienes acuden al Tribunal para este tipo de cuestiones, que no elimina el procedimiento normal con papel. “Quien tenga la necesidad por costo, por distancia o por comodidad de quererlo hacer por la vía informática lo pueda hacer”, precisó.

No sólo se manejan cuestiones fiscales ahí, agregó, sino que los propios servidores públicos sancionados, que tienen un problema con las contralorías o las auditorías y son inhabilitados, tardan dos años, por lo menos, en saber o en tener una resolución de qué va a pasar con ellos y “aquí también se reducirían a seis meses todos los casos y esto podría ser un tema importante, incluso como servidores públicos”.

La iniciativa del Ejecutivo tiene grandes virtudes y no modifica de fondo ninguna norma jurídica, no toca derechos ni obligaciones, sino sólo cuestiones de proceso y permite ahorrar dinero, explicó.

En su oportunidad, Cuevas Godínez dijo que en 10 años la estructura jurisdiccional creció 37 por ciento, mientras que la cantidad de asuntos se incrementó en 240 por ciento.

“En 1998 teníamos un ingreso de cerca de 40 mil asuntos, y teníamos 30 salas regionales en todo el país; en 2008, los asuntos llegaron a 126 mil en 41 salas”, de ahí que resaltara la importancia de esta iniciativa.

Dijo que el interés económico de los asuntos que se ventilan en el tribunal es del orden de 376 mil millones de pesos, considerando sólo el 66 por ciento de los asuntos.

“Resolverlos en el menor tiempo posible significa para el Estado mexicano, liberar recursos equivalentes al 14.6 por ciento del PEF 2008 y 9.9 veces el monto destinado en ese año al Programa Oportunidades”.

En la Zona Metropolitana del Distrito Federal se concentra el 53 por ciento de los asuntos y tenemos 11 de las 41 salas regionales, es decir, con el 26 por ciento de la estructura se atiende el 23 por ciento de todos los asuntos del Tribunal y para resolverlos se requeriría doblar la estructura de las salas en el Distrito Federal.

“Para crecer de manera proporcional a la cantidad de asuntos que tenemos, se requeriría contar con 22 salas y el costo sería de dos mil 68 millones de pesos”, advirtió.

De ahí la importancia de instaurar el juicio contencioso administrativo federal mediante la utilización de tecnología más avanzada de información y comunicación, “el proyecto vale 374 millones de pesos, lo que significa el 0.1 por ciento de lo que vale la cantidad de asuntos que tenemos en el tribunal”.

Se plantea la creación de un mecanismo que permita la impartición de justicia pronta y expedita, a través del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) mediante el desarrollo y operación del juicio en línea.

“Se busca generar un bien público que permita prestar a los ciudadanos un servicio de justicia de excelencia, con una visión de largo plazo y que pueda ser reproducido en otros tribunales del país”.

Hay una tendencia internacional en el uso de las TIC, que hacen indispensable su aplicación en la impartición de justicia en México, donde ya se conocen prácticas exitosas que permiten afirmar la viabilidad del proyecto, como Declarasat, Declaranet; la banca electrónica y el tema del IFAI, entre otros.

Explicó que el juicio en línea consiste en que toda la tramitación del juicio contencioso administrativo, desde la demanda hasta la sentencia, se realice a través de Internet.

“Será espejo del juicio tradicional; el juicio tradicional y el nuevo van a coexistir para asegurar un pleno y absoluto acceso a la justicia”, enfatizó.
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