La Comisión de Puntos Constitucionales se reunirá la próxima semana con personal del Poder Judicial con el objeto de analizar una iniciativa que busca instituir una jurisdicción ambiental en el sistema judicial mexicano.

En reunión de trabajo, el órgano que preside el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, acordó conocer la posición del Poder Judicial en ese tema, pues con la reforma se podría contar con los mecanismos procesales para plantear las controversias en materia de medio ambiente y ecología ante un Tribunal Nacional Ambiental.

Al respecto, la proponente de la iniciativa, que modifica los artículos 73, 94, 99, 116 y 122 de la Constitución Política, la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (PRD), dijo que con el sistema propuesto se permite al gobernado acudir a cualquier juzgado federal o local para hacer valer su derecho al ambiente.

Señaló que el impacto presupuestario de las cinco salas regionales ambientales, así como el de la sala superior estatal o local para cada estado de la República sería inicialmente de dos mil 670 millones de pesos.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón (PRD) precisó que es muy importante que se legisle en materia de ambiente, sobre todo en procuración de justicia, y que la viabilidad de aplicar un sistema así sería más de reorganización en el Poder Judicial que de montos o presupuesto.

“El Poder Legislativo abonaría mucho con un mecanismo de protección al medio ambiente; se estarían dando los pasos para que en un futuro inmediato el derecho al medio ambiente sea constitucional”.

Por el PRI, José Jesús Reyna García subrayó que la conservación del medio ambiente forma parte de las temáticas que deben analizarse, pero antes de emitir un dictamen es necesario conocer la percepción del Poder Judicial ante el panorama de implementar un tribunal ambiental.

“Hagamos lo más posible por preservar el medio ambiente; la situación ambiental no tiene costo, pero creo que el problema es estructurar bien el planteamiento y definir claramente las facultades de esa nueva instancia”.

En el documento que analiza la Comisión se propone una jurisdicción ambiental que sustituya a los tradicionales juicios contenciosos administrativos y de amparo, promovidos contra actos de las autoridades ambientales que afecten a los particulares por realizar alguna conducta que no se apegue al marco jurídico aplicable a la materia.

Indica que de aprobarse la iniciativa, la federación y las entendidas federativas tendrán dos años para adoptar las medidas legislativas, presupuestales y administrativas para el establecimiento del Sistema de Jurisdicción Ambiental Nacional, a efecto de permitir que tales medidas puedan adoptarse al Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

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