• Despenalizar progresivamente algunas sustancias, una propuesta

Según el reporte sobre drogas publicado en 2009 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las organizaciones de traficantes de Colombia y México generan, transfieren y lavan entre 18 mil y 39 mil millones de dólares anualmente por la venta de drogas al mayoreo.

Afirmó lo anterior Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante su participación en los Foros de Debate sobre la Regulación de la planta de la Cannabis en México, donde propuso despenalizar progresivamente algunas drogas y establecer mecanismos regulatorios más enfocados a la salud que a la represión.

Dicho informe señala que se produjeron 45 mil toneladas de cannabis, 35 por ciento en América del norte; 18 por ciento en Sudamérica; 27 por ciento en África, 15 por ciento en Asia; cuatro por ciento en Europa, y uno por ciento en Oceanía.

La cannabis, señaló, es la droga de mayor consumo en el mundo; “se calcula que en 2004, 162 millones de personas, aproximadamente 3.9 por ciento de la población de 15 a 64 años, la usaron; en el Informe Mundial de Drogas 2006 se calcula una producción de una tonelada métrica por hectárea para los análisis realizados, con base en eso, para abastecer a esos 162 millones, suponiendo un cigarro de casi 0.3 gramos por persona diario, bastaría un área de producción de 162 kilómetros cuadrados”.

Mencionó que la prevalencia del uso indebido de esta planta como porcentaje de la población de 15 a 64 años de edad, indica un valor de 16.8 para Canadá, 12.6 para Estados Unidos y 5.6 en Chile, en 2004; en 2003 el porcentaje fue de 11.3 en España, 9.1 en Guatemala; 1.9 en Colombia y 1.3 en México.

No obstante que México es un productor de cannabis, su población consume mucho menos en proporción a otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde el consumo es casi 10 veces más elevado.

La guerra contra las drogas, dijo, ha causado más víctimas y efectos colaterales que las propias sustancias prohibidas. “La estrategia punitiva del Gobierno mexicano no ha logrado los resultados esperados, pues la debilidad de las instituciones policíacas federales, estatales y municipales se ha agudizado por la expansión de la corrupción”.

Es necesario, añadió, equilibrar el presupuesto dedicado a la seguridad y el relacionado con la educación, investigación, prevención y el tratamiento de adictos; invertir la relación en el mediano y largo plazo y crear políticas de empleo para jóvenes y campesinos, “la población más vulnerable, donde los traficantes encuentran su inagotable ejército de reserva”.

De acuerdo con un informe de la Casa Blanca en 2006, los traficantes mexicanos obtienen 13.8 mil millones de dólares por la venta ilegal de drogas en Estados Unidos, de los cuales 8.5, el 61 por ciento, aproximadamente, los adquieren por la venta de marihuana, su principal fuente de ingresos.

En Estados Unidos se calculó una producción de cinco mil 560 toneladas métricas en 2003, y cuatro mil 455 en 2004 y 2005. Para México en 2003 la estimación fue de 13 mil 500 y 10 mil 100 en 2005.

Armando Patrón Vargas, director técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, dijo que la normalización y permisibilidad del consumo de sustancias adictivas es algo que ha resultado por demás dañino para la sociedad, considerando que el alcohol y el tabaco, a pesar de ser lícitas y en gran medida reguladas, no se ha logrado evitar que el problema siga creciendo continuamente.

Una pregunta que tiene mucho sentido plantearse es ¿qué nos hace pensar que la regulación de la marihuana o cualquier otra droga va a ser la excepción?

Además, abundó, el hecho de que haya un status lícito de la marihuana no significa que va a dejar de existir un mercado negro, ni la piratería.

Dijo que en el diseño del marco jurídico se debe tomar en cuenta una estadística de Estados Unidos que señala que la segunda sustancia más frecuentemente involucrada en accidentes viales, junto con el alcohol, es la marihuana.

“Definitivamente esto nos lleva a la reflexión de que ninguna persona es una isla y no porque uno pueda pensar que tiene derecho a alterar su estado de conciencia necesariamente los demás tenemos que estar de acuerdo, si por un lado puede representar un problema en lo social y, por otro, puede representar un problema de salud pública”.

Destacó que como organismo de salud, “nosotros no estamos en contra de que alguien pueda consumir marihuana, sancionarla como tal no es responsabilidad nuestra, pero sí creemos que el problema es el uso indebido de la sustancia y se refiere a que es dañino para las personas”.

El doctor Jorge Javier Romero, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco, mencionó que ya no existe un solo espacio en donde no se plantee la necesidad de revisar lo que se ha hecho en políticas de drogas, ello porque los resultados de la estrategia han sido desastrosos para los países productores y de paso, y han sido bastante malos como estrategia para reducir el consumo.

En México la problemática, abundó, se vuelve un tema central sobre todo porque se mezcló el problema del fracaso de la política de drogas con el intento del Estado mexicano de hacer frente al crimen organizado.

Sostuvo que no debe perderse de vista que el crimen organizado no es un especialista en drogas, sino es experto en mercados clandestinos. “Esto sirve de referencia porque una cosa es combatir el crimen organizado y otra es una política de las drogas”.

Esa política de drogas, precisó, ha sido desastrosa, porque la prohibición lo único que genera es un mercado clandestino con incentivos grandes para que haya delincuentes dispuestos a retar al Estado con toda la violencia a su disposición y los recursos para hacerlo.

“La política actual de drogas ha sido un incentivo para fortalecer al crimen organizado y convertirlo en una amenaza hacia los estados”.

Subrayó que cualquiera sabe que las drogas están ahí con toda y la guerra frontal, porque el negocio es de tal magnitud que por cada narcotraficante que se atrape hay una red social de gente que no tiene ninguna expectativa y que ve en esto la posibilidad real de cambiar su vida que va a sustituir a los que entren a la cárcel o a los que muera.

A su vez, Bendikt Fischer, director de la Unidad de Políticas Salud Pública y Drogas Ilícitas del Centro de Investigación en Adicciones de la Columbia Británica, Canadá, indicó que es necesario analizar modelos y oportunidades de cómo regular y enfrentar el asunto de cannabis de manera eficiente, eficaz y más orientada a la salud pública.

Esta, dijo, es la droga ilegal más consumida en el mundo, constituye un asunto de política de salud para los jóvenes y reporta altos niveles de arrestos en países como Suiza, Alemania, Estados Unidos y Canadá, donde se ha fortalecido el ataque contra el uso de cannabis en la última década.

Señaló que países como Australia han introducido un sistema de multas, en lugar de imponer cargos, sin acusaciones; “es una manera madura de despenalizar la portación de marihuana”.

El especialista en política de drogas, Jordi Cebrián, señaló que en España desde 1982 no es delito la tenencia o consumir ninguna droga, siempre que se considere que realmente es para uno mismo y no se trate de traficar.

Precisó que en muchas comunidades está autorizado el uso medico de la cannabis, gracias a asociaciones que hicieron presión política y ahora todos los partidos reconocen su uso terapéuticos y que hay que abrir vías para avanzar en esa línea.

Subrayó que algunos partidos enfatizan que el uso terapéutico no tiene nada que ver con el uso recreativo y avanzar en él no tiene por qué implicar dar pasos legislativos en permitir el uso recreativo.

Explicó que no existe ninguna ley más liberalizadora respecto a las drogas, y los avances en las drogas se han dado porque han ido creciendo los espacios de tolerancia, donde el poder público decide que, con ley o sin ella, es mejor no meterse y ser tolerante.

Ana Paula Hernández, de la Fundación Angélica, indicó que México ocupa uno de los principales lugares de cultivo de la marihuana, pues se habla de 30 a 40 mil hectáreas. “Es un hecho muy bien establecido que México ya no es sólo ahora un país consumidor, sino que se convirtió en un país de tránsito, de producción y de cultivo”.

Desde el 2006, resaltó, la única manera del Gobierno mexicano de enfrentar la producción y el cultivo, ha sido con la erradicación, pues datos del Ejército mexicano reportan que en este sexenio se habían fumigado 67 mil hectáreas y erradicado manualmente 432 mil plantíos.

“Es curioso que ésta siga siendo la política, como la única manera de enfrentar este problema, dado que es una política que se ha comprobado que es completamente fallida en todos los países del mundo, como en Colombia y Bolivia, en donde se ve que la erradicación no es la manera, porque cuando se erradica lo único que se hace es plantar a otro lado”, abundó.

Se dice fallida, mencionó, porque no se ataca la causa del cultivo y de la producción, que en el país es la absoluta falta de opciones y la pobreza de la gente que siembra en estados como Sinaloa, Michoacán, Durango o Guerrero.

Precisó que las políticas actuales que se emplean en México hacia las drogas en varios aspectos son claramente violadores de derechos humanos o simplemente no se toman en cuenta, pues las quejas en contra del Ejército que ha participado en esta lucha, se han incrementado en un 600 por ciento. “Cualquier política hacia las drogas tiene que considerar los derechos humanos”.

En su participación, Rodolfo Vázquez Cardoso, Vicepresidente del Consejo de Bioética, argumentó que dentro de un Estado constitucional de derecho liberal, democrático y social no es posible permitir la criminalización de la posesión de drogas para consumo personal; “por mínima coherencia, el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas”.

Dijo que éticamente no se puede justificar que sea penalizada la posesión de drogas para consumo personal. “No se trata solamente de estar a favor de la salud física o psicológica de los individuos; el problema es que se juzga el acto, en sí mismo, como inmoral, cuando el bien de una persona se da por los fines que ella misma se propone y no por algún modelo de organización social impuesto”.

Añadió: “podrían objetarse acciones como beber, fumar, consumir drogas; pero también el manejo no cuidadoso del patrimonio, ciertas actitudes o conductas que lleven al individuo a comportarse peligrosamente pueden tener consecuencias negativas.

“Es por ello que el Estado debe regular el acceso a las drogas para consumo personal. Por lo pronto esperamos de los legisladores un adecuado conocimiento de nuestra realidad nacional y, por supuesto, una buena dosis de sensatez”.

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