La Cámara de Diputados aprobó con 321 votos a favor un dictamen que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para incluir el peligro a la integridad física, emocional y psicológica dentro de las infracciones que serán sancionadas cuando se contrata laboralmente a menores de 14 años.

El documento de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables señala que en México, alrededor de 3.3 millones de niñas y niños entre los 6 y 14 años trabajan, es decir uno de cada seis infantes; y el 25 por ciento de los que laboran no acude a la escuela.

Tal panorama se debe a que el alto nivel de pobreza y desigualdad sigue obligando a millones de infantes a trabajar sometidos a labores extremas e ilegales, mal remunerados y sin garantías de salud.

Indica que con la reforma se encuentra un medio para solicitar la sanción y el proceso de todas aquellas personas (empresarios, patrones) que han usado niños en jornadas de trabajo en las que deben estar únicamente personas adultas.

La diputada Ivette Jacqueline Ramírez Corral (PAN) dijo que el trabajo infantil para menores de 14 años, a pesar de que es prohibido en la Constitución ocurre con mayor frecuencia sobre todo ante el actual panorama económico y por ello debe protegerse la integridad física, emocional, psicológica de los menores cuando son ocupados o contratados para un trabajo.

Holly Matus Toledo (PRD) expresó que el trabajo infantil es un problema grave en el país, el cual requiere ser combatido y erradicado a través de una reforma legislativa integral que pueda incidir en la realidad social, puesto que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo ya lo prohíben.

Por el PRI, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonso señaló que la niñez mexicana no puede seguir siendo víctima de la pobreza económica, social y política en la que ha estado sumergida en las últimas décadas.

“Es tiempo de procurar leyes que establezcan penas severas a todos aquellos que contraten laboralmente o abusen sexualmente de menores, ya que ponen en peligro latente la integridad física, emocional, psicológica y el desarrollo de los menores en México”, añadió.

Prevenir y combatir sobrepeso y obesidad

El Pleno Camaral avaló por 335 votos a favor un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que reforma el inciso d) del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal se coordinen para prevenir y combatir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios.

Lo anterior se haría mediante la promoción de una alimentación completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua, y la formulación y desarrollo de programas y actividades de nutrición permanente.

Estos problemas, abunda, inician desde temprana edad y la mayoría de las veces se convierten en enfermedades degenerativas, que van a reducir sus capacidades físicas perjudicándolos el resto de sus vida.

Por lo que estos padecimientos presentados en la etapa infantil son un problema multifactorial que exige una respuesta coordinada de todos los agentes implicados en los tres niveles de gobierno, y que necesita la participación de otros actores importantes de la sociedad, como lo son la industria alimentaría y el sector de la publicidad.

La diputada Sagrario María del Rosario Ortiz Montoso (PAN) mencionó que en la Encuesta Nacional de Nutrición destaca el sobrepeso y la obesidad en niños y estima que existen más de tres millones de niños en edad escolar con este problema, y que la malnutrición conduce a problemas de salud pública, tales como el retraso en el crecimiento, enfermedades durante la niñez, la adolescencia y la edad adulta y es probable que las mujeres con retraso en el crecimiento perpetúen el círculo vicioso de malnutrición, dando a luz niños de bajo peso.

Del PRI, la legisladora Guillermina López Balbuena indicó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso han alcanzado características de epidemia a nivel mundial.

“La repercusión que la obesidad y el sobrepeso tienen sobre el desarrollo psicológico y la adaptación social del niño es importante debido a que la discriminación por parte de los propios compañeros en la escuela desencadena en ellos actitudes antisociales que les conducen al aislamiento, depresión e inestabilidad, y frecuentemente producen aumento en la ingesta de alimentos, lo que a su vez agrava o al menos perpetúa la obesidad”.
Respeto absoluto de los derechos de los menores

Con 344 votos a favor, cero en contra y una abstención se aprobaron reformas al artículo 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se atienda de manera integral lo que significa e implica el interés superior de la infancia.

Además, se especifique la obligación que tiene el Estado para que sus criterios y disposiciones políticas, acciones y decisiones en sus distintos niveles y órdenes de gobierno busquen el beneficio directo del infante y del adolescente, a quienes van dirigidas.

Se indica que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, en la actuación de sus atribuciones y funciones deberán otorgar prioridad a los intereses del infante y el adolescente.

El diputado Francisco Melo Velázquez (Convergencia) respaldó el dictamen, pues dijo que se deben brindar mejores instrumentos que fortalezcan las capacidades del Estado y garanticen los derechos y el pleno desarrollo integral de la infancia.

Claudia Lilia Cruz Santiago (PRD) subrayó que es de suma importancia que las instituciones que brinden servicios de bienestar social, consideren como prioridad y obligación el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, para que en las políticas públicas se dé preferencia a los derechos de la niñez, los cuales deben prevalecer sobre otros intereses.

De Acción Nacional, la diputada Mercedes Morales Utrera señaló que el propósito de la reforma es el de fomentar las capacidades de los menores de forma integral como una manera de tener presente en la práctica, en los hechos, su dignidad como personas. “Dignidad que sea valorada de una manera institucional mediante la posibilidad real del ejercicio pleno de sus derechos”.

Consejo Directivo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Asimismo, por 311 votos a favor, cero en contra y una abstención se avalaron reformas al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a efecto de incluir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

La diputada María Guadalupe Salazar Anaya dijo que la inclusión de esa dependencia podría beneficiar la regulación de los servicios que prestan las aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo, nacional e internacional, con el fin de otorgar tarifas preferenciales a las personas adultas mayores, además del acondicionamiento respectivo de estos medios de transporte.

Los dictámenes se enviaron al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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