El Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 299 votos en pro el dictamen a la iniciativa que expide la Ley de Depósito Legal con el objetivo de establecer la obligación del depósito, registro y preservación del patrimonio editorial de la nación, así como promover su acceso y difusión a través de la prestación de servicios bibliotecarios y de información especializada.

Asimismo, consolidar el control bibliográfico nacional a través de la elaboración y publicación de la bibliografía nacional y de las estadísticas de las ediciones nacionales.

El documento refiere que la Ley del Depósito Legal no sólo aportaría beneficios a las Bibliotecas Depositarias por el constante incremento en sus acervos, sino que contribuiría al prestigio de los diversos depositantes al incluir sus obras en la Bibliografía Nacional, obteniendo para ellos y su labor, un mayor reconocimiento a lo largo y ancho de la República Mexicana, así como en el extranjero; lo que a su vez puede redundar en el alza de sus actividades empresariales o bien de su difusión.

La propuesta destaca que estarían obligados a contribuir a la integración del patrimonio bibliohemerográfico y documental de la Nación: los editores y productores nacionales y extranjeros que editen y produzcan dentro del territorio nacional, materiales bibliográficos, documentales, fonográficos, fotográficos, videográficos, audiovisuales, electrónicos y digitales; las organizaciones no gubernamentales; los Poderes de la Unión; los Congresos de los Estados; los órganos autónomos constitucionales; asociaciones y colegios profesionales, cámaras, sindicatos y cualquier otra persona moral o física que edite o produzca una o más publicaciones previstas en esta Ley.

Precisa que en el caso de que los depositantes no entreguen los materiales en los términos de la presente Ley, las Bibliotecas Depositarias solicitarán a los responsables el cumplimiento de su obligación en un plazo de diez días y en caso de no cumplir se comunicará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que esta dependencia aplique las sanciones que correspondan, la cual podría ser de hasta a cinco veces el precio de venta al público de los materiales no entregados.

Igualdad en el deporte

Con 313 votos a favor se aprobó el dictamen de la minuta para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de complementar este cuerpo normativo en materia de igualdad en el deporte, integrando a las políticas nacionales de la materia la consideración de trato igualitario tanto a deportistas convencionales como a deportistas con discapacidad.

El dictamen refiere que se propone el reconocimiento y la aplicación del principio de igualdad entre las personas convencionales y las que tienen alguna discapacidad, en los planes y programas establecidos para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte a cargo de los organismos del deporte reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Destaca que con la propuesta se establecen los derechos mínimos a los que tendrían acceso por igual los deportistas convencionales y discapacitados en los planes y programas establecidos para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte a cargo de los organismos del deporte.

Explica que otorgando atribución a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para que impulse políticas para el desarrollo de la cultura física y el deporte destinadas a personas con discapacidad, estableciéndose además, como uno de los fines del federalismo, que se deberá considerar en la coordinación interinstitucional.

Asimismo, se obliga a la Conade a gestionar y establecer los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el Gobierno federal a los deportistas convencionales y se incluye la obligación para que el Fondo de Alto Rendimiento destine apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar en los juegos paralímpicos.

Incluir dos rangos de edades en el Premio Nacional de la Juventud

El Pleno también aprobó con 289 votos a favor el dictamen a la minuta que reforma el artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir dos rangos de edades de 12 a 18 años y de 18 a 29 en los candidatos al Premio Nacional de la Juventud.

Permitirá establecer una mayor claridad en cuanto a su contenido, adecuando las categorías: logro académico, expresiones artísticas y artes populares; compromiso social; fortalecimiento de la cultura indígena; actividades productivas; derechos humanos; discapacidad e integración; aportación a la cultura política y a la democracia, ciencia y tecnología.

La reforma plantea que el Premio Nacional de la Juventud impulsaría y fortalecería el trabajo de los jóvenes que se esfuerzan por edificar una cultura cívico-democrática, especialmente en defensa de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación y la violencia contra lo grupos minoritarios y vulnerables, lo que permitiría que a la sociedad se sumen jóvenes personalidades que sean tolerantes, plurales y conscientes de sus derechos y obligaciones construyendo, gradualmente, la sociedad democrática y justa que ellos anhelan.

Transparencia en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

También se avaló con 275 votos el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a fin de que ésta atienda las obligaciones sobre transparencia e información y establecer su dirección electrónica para publicar las principales funciones que haya realizado en defensa de los contribuyentes.

El dictamen propone que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá publicar al menos semestralmente en el Diario Oficial de la Federación, los datos estadísticos más relevantes sobre las principales actividades de la Procuraduría, toda vez que coadyuva de manera importante a fortalecer el ámbito de la transparencia y, sin duda, representa un avance necesario para atender la complejidad de algunas leyes en materia fiscal.

Además de que los seis consejeros independientes sean designados directamente por el titular del Ejecutivo Federal, sin intervención del Senado de la República.

El documento explica que para determinar que la experiencia de los consejeros debe ser únicamente en materia tributaria, eliminando las frases fiscal y contable, ya que de acuerdo a la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en su doble carácter de defensor del contribuyente y de ombudsman fiscal, la materia tributaria comprende no sólo los aspectos fiscales y contables previstos en la Ley vigente, sino también se extiende a procedimientos administrativos en ámbitos para fiscales como son organismos fiscales autónomos y actos administrativos que deriven en créditos de autoridades de la Administración Pública Federal.

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