• La pena capital no inhibe la criminalidad: Diputada Omeheria López Reyna

En el marco del foro de debate, Catálogo de delitos graves, cadena perpetua y pena de muerte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, Omeheira López Reyna, destacó que la pena de muerte no es una medida de prevención y mucho menos inhibe la criminalidad.

Aseguró que la pena capital es una medida injusta, cruel e inmoral, ya que es contraria a los derechos fundamentales de los seres humanos.

Además, abundó, se ha comprobado que en los países donde se aplica no han tenido resultados positivos para disminuir el índice de delincuencia.

La legisladora reconoció que en nuestro sistema de justicia persiste el grave problema de corrupción e impunidad, de confianza y credibilidad en las instituciones, sin embargo, la pena de muerte no es la solución, subrayó.

En tanto, el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos Ezquerra, afirmó que de acuerdo con encuestas, 7 de cada 10 mexicanos se pronunciaron a favor de la pena capital en delitos como la violación, el homicidio, robo de niños y secuestro, en tanto que 8 de cada 10 se manifestó por la cadena perpetua.

Por grupos poblacionales, dijo, en el norte es donde más se pide la pena de muerte; luego le siguen el bajío y finalmente el sureste.
Roy Campos señaló que a pesar de que 8 de cada 10 ciudadanos piden la cadena perpetua y 7 de cada 10 la pena de muerte, la queja en todos estos datos se llama impunidad.

“Si el Estado fuera capaz de investigar, perseguir, atrapar, meter a la cárcel y mantener en ésta a los delincuentes, el ciudadano no tendría por qué pedir la pena de muerte. Aquí hay un grito, un reclamo, que los delincuentes no estén en la calle con impunidad y sin castigo”.

En el evento efectuado en el Salón Legisladores de la República, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el director de Mitofsky mencionó que no se deben interpretar los números per se, “no es una justificación para decir: la sociedad está pidiendo la pena de muerte, sino para decir que la sociedad lo que exige es justicia efectiva”.

Dijo que el contexto de esta demanda se fundamenta por la cercanía de gente con el delito, en donde uno de cada cinco tiene un familiar que en los últimos tres meses ha sido víctima.

El 56 por ciento de los encuestados manifestó que vive con temor a un secuestro, delito que nada tiene que ver con el nivel económico, pues afecta a todos los estratos sociales.

Ese temor, abundó, ocasiona que la población deje de hacer cosas que eran rutinarias, como salir de noche. “El 35 por ciento manifestó que ha dejado de salir de noche por temor al delito; 17 por ciento ha dejado de visitar a parientes y amigos y un 40 por ciento le prohíbe a los niños salir a las calles”.

Estos datos, dijo, son graves porque cambian la vida social; se rompen redes sociales, las cuales, a final de cuentas, son las que mantienen a una sociedad.

¿En quién se confía? Roy Campos indicó que el 40 por ciento de los entrevistados externó su confianza en el Ejército Mexicano, en tanto que en la Suprema Corte, alcanzó el 22 por ciento y fuera de eso, “los senadores, la policía y los diputados”, no concitan mucha confianza.

El origen de la ley y la parte más cercana a ésta, no externan confianza a la ciudadanía. Esta desconfianza, dijo, hace cómplice de la ilegalidad al resto de la población.

“Uno de cada 12 conoce a alguien que posee un arma; uno de cada 8 tiene un amigo en la cárcel y 2 de cada 10 está cerca de alguien que vende droga”.

En tanto, Francisco Abundis Luna, director asociado de Parametría S.A., dijo que de acuerdo con encuestas aplicadas, el 38 por ciento de los entrevistados se pronunció por la aplicación de la pena de muerte, en tanto que un 42 por ciento la desaprueba. “Un 35 por ciento considera que la pena capital no es la solución y atenta contra los derechos humanos”.

Al hablar sobre este tema, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, dijo que ante la falta de respuesta del Estado para garantizar seguridad a los ciudadanos ahora, en el “extremo y en el ridículo” se discute la pena de muerte.

Dijo que hay un fundamento ético para considerar la medida como inaceptable: “el Estado no puede matar, es regresar a la edad media; sería la derrota del Estado democrático del derecho”.

Recordó que hace poco el Estado hizo reformas constitucionales en esta materia, lo que generó obligaciones a nivel internacional y regresar a ello seríamos “el hazmerreír” de esa comunidad internacional.

“Entrando más allá a principios claros, le vamos a dar a un aparato que tiene enormes problemas de corrupción, el poder de matar; es peligrosísimo. Está demostrado en los países que tienen la pena de muerte, como Estados Unidos, que hay una proporción muy importante de esas decisiones que son incorrectas”.
Me parece, dijo, un uso muy perverso, electorero, de la necesidad legítima de la gente en materia de seguridad y es extraordinariamente irresponsable promover este tipo de medidas, porque quien promueve el odio cosecha violencia.

Para hablar del catálogo de delitos graves, cadena perpetua y pena de muerte, dijo, es necesaria una visión integral, porque de lo contrario se corre el riesgo de que se sigan aplicando únicamente parches o soluciones parciales.

Si no vemos el proceso completo de la cadena de justicia, desde la prevención del delito, la procuración, la impartición, en realidad lo que vamos a hacer es buscar salidas falsas.

México padece una enfermedad que se llama populismo político y a lo que nos está llevando es a buscar soluciones a un problema real donde la justicia es la excepción y la impunidad es la norma.

Lo que la gente pide es castigo a la delincuencia y cuando la respuesta es la impunidad se buscan una serie de mecanismos, o por la dureza de la pena o por la eficacia de la pena. En los últimos 15 años, México ha optado por la dureza de las penas, incrementarlas en los casos de delitos graves.

Es momento de preguntarnos si esa solución funciona, porque de acuerdo con los indicadores la delincuencia no baja y seguimos agravando las penas.

Lamentablemente, ante el fracaso del aparato del Estado en materia de justicia, se están viendo soluciones desesperadas y mecanismos de vacío del Estado en la respuesta a la inseguridad.

La seguridad es un derecho humano, construimos el Estado, entre otras razones, para nuestra seguridad y por ello tiene obligación de proporcionarla. El tipo de decisiones que se está tomando en ocasiones obedece a una relación muy perversa en términos de intentar responder a una sociedad que espera respuestas.
Pero el tipo de respuesta que se espera del Estado es la justicia, no la venganza, lo que necesitamos es que funcione el aparato y no que los ciudadanos se provean seguridad ante la amenaza de la delincuencia.

“Luego nos extrañamos de los linchamientos, de la justicia por propia mano, esos son tipos de respuestas que se dan ante la falta de respuesta del Estado”.

El ex secretario de Seguridad Pública Federal y del Distrito Federal, Alejandro Gertz Manero, destacó que datos del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), en la que participan la UNAM, el IPN, el Tecnológico de Monterrey y el Gobierno de la República, existen en México cerca de 12 millones de delitos cometidos al año.

De esa cifra, solamente un millón y medio se denuncia, por lo que 10 millones de delitos quedan en primera instancia en absoluto estado de impunidad. “De ese millón y medio que se llega a denunciar, sólo 250 mil se consignan ante el Ministerio Público; de éstos, 190 mil obtienen algún tipo de sentencia. “Esto nos lleva a un nivel de impunidad de entre el 98 y 99 por ciento de los delitos que se cometen en el país”.

Coincidió con Roy Campos en el sentido de que el mayor problema en el país es la impunidad.

Agregó que el 90 por ciento de esos 12 millones de delitos son robos o están vinculados con éste. “El azote nacional es el robo y el delito patrimonial en un 90 por ciento es por menos de 8 mil pesos”.

Lo que vemos, afirmó, es un país en estado de indefensión, un nivel impunidad elevado y una serie de delitos patrimoniales que afectan a los sectores más desprotegidos del país. Ese es el verdadero origen del problema de la criminalidad en México.
“Si realmente queremos hacer un esfuerzo para rescatar al país de lo que está viviendo, no nos esperemos a que el delincuente de una zona habitacional proletaria se convierta en un capo del narcotráfico más fuerte que las mismas instituciones”.

“Es mucho más barato, desde el punto de vista social y económico, invertir en una tarea de prevención seria en este tipo de delitos patrimoniales que no pueden ser sancionados con cadena perpetua o pena de muerte. Es ahí donde radica el problema, no tenemos una política de prevención, de defensa social para las clases más desprotegidas”.

Destacó que en el país ha habido tres momentos críticos en el crecimiento desmesurado de la delincuencia y la criminalidad: 1982, 1987, 1995 y ahora se vuelve a dar en 2009. “Son las crisis económicas que han afectado a todo el país pero fundamentalmente a los más desprotegidos”.

---ooOoo---