Con 313 votos a favor, el Pleno reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que la tramitación y resolución del juicio contencioso administrativo pueda realizarse a través de medios electrónicos.

En la exposición de motivos se subraya que el número de juicios ingresados al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se incrementó de manera considerable a partir del año 2000, ya que “de un inventario de 37 mil 511 expedientes en ese año se llegó a la cantidad de 118 mil 6, en 2007”.

Esto no es proporcional al número de salas regionales del tribunal, lo que retrasa la resolución de los juicios hasta en un año, en promedio.

“Ante la demanda social de un sistema de procuración e impartición de justicia que brinde servicios judiciales de calidad, de manera pronta y expedita, se deben establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto”, resalta el dictamen.

Por ello se establece que dichos juicios podrán promoverse, substanciarse y resolverse a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá desarrollar el Tribunal.

El documento pasó al Senado para sus efectos constitucionales

Recursos para cursos de capacitación marítimos

Asimismo, se validó con 313 votos el dictamen que reforma el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de que la Sagarpa, a través de la Conapesca, asuma los costos de los cursos de capacitación que establece la autoridad marítima como requisito para la obtención de libretas de mar tipo B.

En tribuna, el diputado José Luis Blanco Pajón (PRI) explicó que el 97 por ciento del sector pesquero está conformado por pescadores rivereños que realizan sus funciones de manera artesanal en botes o lanchas y que buscan mejores oportunidades en embarcaciones de mayor envergadura.

“Para embarcarse en éstas requieren tener vigente la llamada libreta de mar tipo B, que tiene un costo oficial de 224 pesos, así como tomar un curso de supervivencia o capacitación con valor de entre 800 y 3 mil 200 pesos”.

“Esto lesiona gravemente la economía de los pescadores y violenta lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que establece que la educación náutica es de interés público, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes organizará e impartirá directamente la formación y capacitación del personal de la marina mercante”.

Agregó que por eso se constituyó el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, cuya razón es la de ofrecer cursos de capacitación para el personal de la Marina Mercante y trabajadores portuarios nacionales, entre otros.

Sin embargo, acotó, este fideicomiso sólo cuenta con cuatro sitios distribuidos en diferentes partes de la República Mexicana, insuficientes para atender las necesidades de los usuarios, lo que provoca que los pescadores recurran a particulares para obtener la capacitación a costos elevados.

El documento pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

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