Al clausurar la mesa III, propuestas legislativas y de políticas públicas hacia la cannabis, la diputada Elsa Conde Rodríguez afirmó que a pesar de las opiniones divergentes de los especialistas, académicos, legisladores, científicos, médicos y juristas que participaron, se logró coincidir en la urgencia de reformar las leyes, a fin de erradicar la ambigüedad jurídica que existe actualmente.

Expresó que no se debe permitir que se continúe criminalizando y prejuiciando a los usuarios de esta planta, “en muchas ocasiones se confunde la posesión con el tráfico; además, se le estigmatiza como adictos, cuando la emplean con fines medicinales”.

“Tenemos que atender el problema del consumo, de la legalización del mercado de la cannabis, atendiéndolo como un problema de salud pública, con una adecuada política pública en la materia, de lo contrario seguiremos inmersos en una política en materia de seguridad pública que lo único que nos ha llevado es a una situación de alto riesgo”.

Durante la citada mesa de trabajo del Foro de Debate Sobre la Regulación de la Planta de la Cannabis en México, Víctor Hugo Círigo Vásquez, proponente de las reformas a la Ley General de Salud que despenaliza la marihuana desde su cultivo, elaboración, adquisición, posesión, comercio y transporte, para uso personal o medicinal, dijo que nuestro país es el principal productor de cannabis a nivel mundial.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) señaló que en los últimos años, el tráfico de drogas se ha incrementado en toda la República. “En 2007, de acuerdo con informes para el combate a las drogas de la Casa Blanca, los ingresos por venta rebasaron los ocho mil millones de dólares.

“Un año antes, su producción, en nuestro territorio, alcanzó un total de siete mil 400 toneladas. Aunado a ello, la marihuana sigue siendo la más consumida en el mundo, con 166 millones de consumidores, entre 15 y 54 años, según el Informe Mundial 2008, que emitió la oficina de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito”.

Agregó que estadísticas oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que de septiembre de 2007 a agosto de 2008 se decomisaron más de un millón 800 mil kilogramos de marihuana y se destruyeron 109 mil plantíos.

Círigo Vásquez externó que el objetivo principal de la iniciativa que impulsó es lograr una nueva orientación de la política pública, en la que el Estado considere el problema del tráfico de drogas ilegales y la narcodependencia como asuntos eminentemente de salud y no exclusivamente de seguridad.

“En lugar de considerar al narcodependiente como delincuente, se le conciba como una persona que requiere de atención a su salud; también que contemple a la cannabis como un elemento terapéutico que coadyuve a aliviar el dolor de muchas personas e incluso que su procesamiento sirva para fines industriales”.

El legislador local comentó que se pretende establecer una política pública desde el Estado, “en lugar de enfrentar con balas a los narcos”; se requiere desarmar, de una vez por todas, su negocio, al hacer lícito el consumo y comercio de la cannabis, con reglas claramente establecidas”.

Por su parte, el director general adjunto de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), José Ángel Prado García, consideró que legalizar la siembra, el cultivo, el consumo y la distribución de marihuana sería un grave error y un retroceso en la aplicación de políticas públicas orientadas al bienestar social.

“Existen fundamentos científicos e investigaciones que indican los serios daños físicos y psicológicos que produce el consumo de esta planta. El alcohol y el tabaco son las drogas de entrada para el consumo de otras más peligrosas”.

Explicó que aun cuando el acceso de éstos se encuentra regulado y es de consumo exclusivo para mayores de edad, se tiene registro que es a los 11 o 12 años cuando se empieza a beber y fumar.

Añadió que la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo entre la población mexicana, al pasar de 3.8 por ciento en 2002, a 4.4 por ciento en 2008, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Adicciones.

“Desde el punto de vista de la salud pública, no hay margen para incluir otra sustancia que pueda engrosar las filas de lo que producen las dos ya mencionadas. Recordemos que ocho de cada 10 fumadores empezaron cuando eran menores de edad y que siete de cada 10 abusadores de alcohol iniciaron antes de llegar a los 18 años”.

Precisó que uno de cada cinco ingresos en salas de urgencias en nuestro país está asociado con el consumo del alcohol. Además, la primera causa de mortalidad en jóvenes se da por abuso en el consumo de bebidas embriagantes.

También participaron en la mesa de trabajo, Alejandro Madrazo Lajous, miembro del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas, y Richard Cowen, representante de la National Organisation for the Reform of Marijuana Laws.

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