Con 320 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para evitar la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político.

El dictamen que adiciona el segundo párrafo al artículo 1 de la Ley contra la Delincuencia Organizada busca establecer que las disposiciones de esta ley no puedan aplicarse, en ningún caso, a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político, que de manera legítima se oponen a un régimen determinado o bien que denuncian actos de corrupción de los que ocupan el poder.

Abunda que no podrán emplearse tratándose de conductas distintas a las descritas en ésta, o cuando los hechos que se investigan constituyan el ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derechos de asociación, derecho de petición o cualquier otra de naturaleza similar.

Se refiere que el sentido de la reforma es que se aplique la ley a los delincuentes que atentan contra la sociedad, pero evitando manipular su sentido para reprimir a los ciudadanos que no están conformes con un determinado gobierno.

El documento dictaminado por la Comisión de Seguridad Pública destaca que de acuerdo con información del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, en los últimos 28 años el número de delincuentes procesados en México se ha triplicado, y que este indicador, por sí mismo, no muestra el total de la delincuencia pues muchos delitos no son denunciados.

La propuesta impulsada por los diputados del PRD, Claudia Cruz Santiago y Andrés Lozano Lozano, subraya que en la actualidad los conflictos sociales se han intensificado, lo que genera que la cifra de presos políticos aumente considerablemente.

“El acoso a los luchadores sociales en México es un problema grave. Las autoridades los tratan como si la suya fuera una actividad delictiva o subversiva y los someten a formas degradantes de persecución”.

Abunda que a manera de muestra de “cómo el Estado ha manipulado el concepto de delincuencia organizada para reprimir la lucha social, es la sentencia de 67 años impuesta a los dirigentes de San Salvador Atenco”.

Organismos internacionales de derechos humanos, enfatiza, han documentado casos de activistas y luchadores sociales que por motivos políticos han sido acusados de pertenecer a la delincuencia organizada.

Por lo que el sentido de las reformas es que se aplique la ley a los delincuentes que atentan contra la sociedad, pero evitando manipular su sentido para reprimir a los ciudadanos que no están conformes con un determinado gobierno.

Se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.

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