Para prevenir monopolios y daños ocasionados por prácticas desleales de comercio realizadas por grandes compañías nacionales y transnacionales en detrimento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la Comisión de Economía estudia una iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica.

El documento propuesto por la presidenta de ese órgano legislativo, diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, indica que hay más de 4 millones de Mipymes, que representan el 99.8 por ciento del total de empresas, las que generan el 72 por ciento del empleo total del sector, y aportan alrededor del 52 por ciento del Producto Interno Bruto.

Las grandes empresas monopólicas, menciona, prometen precios bajos y ofertas, pero llevan a la ruina a la sociedad y los pequeños empresarios, explotan a los proveedores y alteran el ritmo y la calidad de vida del entorno donde se instalan, generando desempleo o empleos mal pagados, salarios con vales o tipo tiendas de raya, ambulantes ilegales y delincuencia.

Añade que los micro, pequeños y medianos empresarios, así como los proveedores quedan en estado de indefensión ante la fuerza económica de estas grandes empresas y se ven obligados a aceptar condiciones desastrosas o a cerrar sus negocios ante la evidente desigualdad competitiva y avasalladora de sociedades hegemónicas.

El problema radica, precisa, en las prácticas monopólicas que realizan este tipo de establecimientos, ya que sus estrategias de compra consisten en contratos abusivos con los proveedores que impiden el acceso a competidores y que establecen precios y condiciones que nunca podrá igualar las Mipymes, además de vender por debajo del costo de reposición o producción o cruza utilidades de un producto a otro.

Del mismo modo, se señala que la recaudación de impuestos para el beneficio del país se ve afectada con estas prácticas, dado que trasladan las pérdidas y utilidades a su arbitrio, de país a país, de una empresa del grupo a otra, de un producto a otro, deformando las prácticas contables y fiscales.

La iniciativa de la diputada subraya que en México no hay instrumentos normativos para combatir estas prácticas, pues la capacidad hegemónica de las grandes sociedades nacionales y transnacionales genera concentraciones de poder económico y político, distorsionan los mercados y los precios, destruyendo a sus competidores.

Por ello, se pronuncia para que el Estado brinde seguridad jurídica justa y equitativa para invertir a largo plazo y poder generar ganancias eficientes en la producción o venta de cualquier producto, eliminando todo tipo de acciones monopólicas o hegemónicas con precios predatorios y subsidios cruzados.

Así como establecer las bases orientadas a prevenir o corregir los daños que puedan ocasionar las prácticas desleales de comercio y adoptar medidas temporales para la participación justa y equitativa de las Mipymes, la desconcentración del poder económico y la prevención de monopolios, empresas hegemónicas y usos indebidos de posiciones de dominio, tanto económico industrial o comercial.

También suscriben la iniciativa los diputados del PAN, Adriana Dávila Fernández, Beatriz Eugenia García Reyes, Jorge Alejandro Salum del Palacio y Carlos Armando Reyes López.

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