• En este momento es impensable que el Ejército se retire: diputado Rivera Bedoya

La Comisión de Seguridad Pública aprobó el dictamen que expide La Ley de la Policía Federal, a fin de actualizar el marco legal y transformar a la Policía Federal Preventiva para constituir la Policía Federal, que asumirá las responsabilidades que por disposición constitucional corresponde a la federación en la materia.

El presidente de este órgano legislativo, diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI), recalcó que se requiere el establecimiento de atribuciones acordes con una corporación que responda a las necesidades técnicas, logísticas y operativas que la actual situación demanda, con una línea de mando precisa y competencias delimitadas.

Señaló que esta ley establece una nueva cultura y concepción de la seguridad para los ciudadanos, que, a su vez, dota de mayores atribuciones a las instituciones policiales, encaminadas a que éstas colmen con mejores métodos y técnicas las funciones de prevención, investigación y combate de los delitos.

“La ley establece principios básicos acerca de los requerimientos para ser policía federal, su forma de retiro, el control de su acreditación, su constante certificación, de tal manera que en muy poco tiempo podamos tener una policía federal confiable, sustituta del Ejército mexicano en el trabajo preventivo del delito que actualmente realiza en todo el país”.

En ese sentido, agregó, con la nueva ley esperamos que este mismo año puedan concretarse grandes avances, como es la salida del Ejército por el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública; en este momento es impensable solicitar al Ejército que se retire, por ahora los necesitamos, pero a largo plazo saldrán.

Rivera Bedoya detalló que uno de los puntos más debatidos fue el referente a las atribuciones y acciones que permitan fortalecer la prevención del delito, “pero siempre en un marco de respeto a las garantías de seguridad jurídica y derechos humanos de los gobernados”.

Cualquier solicitud de información, dijo, a concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas, empresas de telecomunicaciones o la intervención de comunicaciones privadas se condicionó a un estricto control judicial, estableciendo de manera precisa requisitos, formalidades y un seguimiento a las actuaciones, por parte del Juez de Distrito.

“Únicamente cuando haya elementos suficientes, a juicio de la autoridad judicial y del Ministerio Público, que se justifique realmente en forma fehaciente la necesidad y cuando para solventar o recabar toda la información y prevenir el delito sea necesario”.

Al respecto, el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN) explicó que una de las principales preocupaciones de los legisladores es dotar a la policía de herramientas para la prevención del delito, pero siempre preservando el respeto a los derechos humanos.

“No estamos dando facultades a la policía para que se metan a las casas o intervengan teléfonos de forma arbitraria, para ello es necesario que un juez autorice, previo análisis, y eso es lo que estamos estableciendo en esta ley”.

Añadió que si presuntamente en una casa se está cometiendo un delito, “obviamente la policía tiene que actuar, de otra manera no van a encontrar a los delincuentes”; obviamente, continuó, priorizando el respeto a las garantías individuales.

Comentó que con este instrumento legal se pretende dar a la policía federal autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones.

“Determina que el ámbito de su competencia será todo el territorio nacional, exclusivamente en lo que se refiere a la materia federal y con estricta observancia de las esferas y funciones que constitucionalmente corresponden a las entidades federativas y a los municipios”, sentenció.

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