La Cámara de Diputados dio primera lectura al dictamen que expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuyo propósito es dotar a ésta de nuevas bases de organización y estructuración para ampliar su capacidad operativa y combatir con mayor fuerza la criminalidad.

El documento presentado por la Comisión de Justicia menciona que con la nueva Ley se pretende una estructura funcional del Ministerio Público basada en la especialización y coordinación regional que permitirá atender criterios objetivos de incidencia delictiva, circunstancias geográficas, nivel poblacional, entre otros.

Además, se preserva a una policía investigadora, como auxiliar del Ministerio Público de la Federación (MPF), denominada Policía Federal Ministerial (PFM), en congruencia con la terminología utilizada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Son auxiliares suplementarios del MPF, menciona, los agentes del MP, la policías del Distrito Federal, de los estados y los municipios, así como los peritos y las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas.

También, es creada la figura de oficial ministerial de la Procuraduría General de la República, que auxiliará al MPF y se incorporan disposiciones sobre requisitos de ingreso y de permanencia de los agentes de la policía ministerial, así como en materia de obligaciones, desarrollo y sanciones.

Indica que los servidores públicos encargados de la procuración de justicia estarán debidamente calificados bajo nuevos procesos de certificación y profesionalización, con controles de confianza, desempeño y competencias.

Se crea una Visitaduría General como órgano de evaluación de la actuación del MPF, agentes de la PFM y peritos, así como de supervisión, inspección, fiscalización y control de los servidores públicos de la PGR.

El dictamen que también reforma el párrafo cuarto del artículo 197 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política resalta que en la nueva organización propuesta el Ministerio Público de la federación permitirá distribuir con mayor eficiencia las cargas de trabajo y acercar a la ciudadanía los servicios de procuración de justicia federal, bajo una estructura con mayor capacidad operativa.

Precisa que para la procuración de justicia se fortalece la selección y formación de agentes del Ministerio Público de la federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos, y se incorporan nuevas disposiciones sobre requisitos de ingreso y de permanencia de los agentes de la Policía Federal Ministerial, así como en materia de obligaciones, desarrollo y sanciones.

Se intenta que los servidores públicos encargados de la procuración de justicia estén debidamente calificados bajo nuevos procesos de certificación y profesionalización, en relación con controles de confianza, desempeño y competencias profesionales.

Por lo que hace a los procesos de evaluación de control de confianza, añade, se aplicarán a los servidores públicos exámenes de entorno social y patrimonial; médico; psicométrico y psicológico; poligráfico y toxicológico. Mientras que el desempeño de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República serán examinados sobre temas como: comportamiento y cumplimiento en el ejercicio de las funciones.

Ley de Obras Públicas

En primera lectura se enteró de un dictamen de las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se busca establecer que los estudios, planes y programas para la realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y turístico, entre otros, deberán reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones de carácter general, las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Turismo o la dependencia de que se trate, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Equidad y Género

De la Comisión de Equidad y Género fueron conocidos dos dictámenes: el primero reforma disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incluir como parte de los principios rectores a observar para la aplicación del presente ordenamiento, los establecidos en los tratados internacionales ratificados por México, en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, que los convenios o acuerdos de coordinación que suscriba la federación con el Instituto Nacional de las Mujeres, deberán tener como finalidad implementar las acciones y tareas específicas establecidas en los tratados internacionales en la materia.

El segundo, expide la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a efecto de incorporar un ordenamiento que armonice sus disposiciones con lo estipulado en las leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instituir nuevas atribuciones para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y sus órganos internos.

Se instituye la obligación de los tres órdenes de gobierno de coadyuvar con el Inmujeres para la realización de sus objetivos, y se precisa que dicho instituto estará facultado para promover el otorgamiento de partidas presupuestales contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y atender las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres.

Así como impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas y actividades de la Administración Pública Federal.

Servidor público

Fue leído en primera lectura un dictamen de la Comisión de Justicia que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal para redefinir el concepto de servidor público, así como diversos supuestos contemplados para los delitos cometidos por las personas que tengan dicho carácter, sean nacionales o extranjeros.

Para ello, se incluye un Titulo Décimo Bis denominado “Delitos cometidos por particulares en contra de la Función Pública", estableciendo las conductas que habrán de sancionarse.

Ley de Aguas Nacionales

En la Sesión, la Comisión de Recursos Hidráulicos presentó un dictamen en primera lectura que modifica diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, cuyo fin es eliminar la autonomía presupuestaria de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así como establecer que los vasos de depósito natural son bienes inherentes susceptibles de delimitación y reconocer la autonomía en las decisiones de los Organismos de Cuenca, misma que está referida a las materias técnica, administrativa y jurídica que el propio concepto les atribuye.

Se precisa que el Programa Nacional Hídrico deberá ser propuesto por el Ejecutivo Federal: son redefinidas las atribuciones de la Conagua y del Consejo de Cuenca. Añade que la adscripción de los organismos de la Cuenca será a la Conagua e incorpora al Distrito Federal dentro del ámbito de aplicación de este ordenamiento.

Islas Marías

De la misma manera, la Comisión de Seguridad Pública planteó reformas al Estatuto de las Islas Marías, para sustituir el término “Colonia Penal” por el de “Complejo Penitenciario”, el cual tendrá como objeto fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional, a través de la redistribución planificada de sentenciados federales o del orden común y favorecerá los tratamientos de reinserción social, con base en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.

Con las reformas se establece que la administración, organización y control del Complejo estará a cargo del servidor público, nombrado a través de la Secretaría de Seguridad Pública por conducto del titular del área facultado para ello, y en él regirá la legislación federal y los actos del registro civil estarán a cargo del servidor público designado para ello.

El Consejo de la Judicatura Federal, abunda, determinará el establecimiento del órgano jurisdiccional que deba conocer de los asuntos que se susciten en el Complejo. Mientas que el Instituto Federal de Defensoría Pública, asignará al defensor público federal y asesor jurídico que brindarán los servicios respectivos en el Complejo.

Matricular a mexicanos

En primera lectura quedó un dictamen de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Gobernación y de Relaciones Exteriores que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de Población.

Se busca incluir dentro de los asuntos que le competen a la Secretaría de Relaciones Exteriores el matricular a los mexicanos en el registro correspondiente por la oficina consular que corresponda a su domicilio, independientemente de su situación migratoria, siempre y cuando el interesado lo solicite y que cumpla con los requisitos estipulados por la autoridad.
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