• En la Cámara de Diputados no existe veto a temas: José Luis Espinosa

En la clausura de los Foros de Debate sobre la revisión del catálogo de delitos graves, implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte en México, diputados de diversas fracciones señalaron que el sistema de procuración y administración de justicia requiere de una reforma integral.

Se pronunciaron por buscar políticas públicas que respondan a la sociedad que se siente agraviada por la delincuencia organizada y en donde exista mayor confianza en las autoridades, a efecto de no seguir permitiendo que los delincuentes se refugien en esas instituciones.

Al dar la declaratoria de clausura, el diputado José Luis Espinosa Piña, vicepresidente de la Mesa Directiva manifestó que todas las aportaciones vertidas durante los días del foro serán ampliamente analizadas, discutidas, reflexionadas en el seno de las comisiones.

Las ideas generadas en cada una de las mesas, dijo, contribuirán a enriquecer el debate legislativo en torno a estos temas. “Hemos captado un amplio y rico acervo propositivo, plural, incluyente que va a mejorar nuestros trabajos legislativos”.

Espinosa Piña sostuvo que con la apertura de estos foros, la Cámara de Diputados manifestó su compromiso de conocer las opiniones de la ciudadanía, especialistas, representantes de diversos sectores vinculados en la materia, así como de funcionarios de órdenes de gobierno, encargados de su prevención y sanción, y de ciudadanos que han sido afectados.

“Como representantes populares estamos abiertos a todos los reclamos y sentimos como propias las necesidades más apremiantes de la sociedad, porque también formamos parte de ella, vivimos en ella y hemos sido electos por ella. En esta casa del pueblo, no existe veto a temas, materias o discusiones; en esta institución se vela por los intereses superiores y de la nación”.

En los posicionamientos por partido, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) señaló que la pena de muerte a secuestradores que maten a sus víctimas, es improcedente en términos jurídicos y éticos, y “se trata de un despropósito en el sentido de aplicar penas irreparables a un delito que supone no sólo la falta cometida por el delincuente, sino una responsabilidad social para que mediante la educación en los valores se logre alcanzar una sociedad más fuerte, digna y justa”.

Enfatizó que la pena de muerte puede resultar una salida fácil para no enfrentar las propias responsabilidades. “Desde nuestra concepción, no hay una relación entre disminución de delincuencia y endurecimiento de penas”.

Los políticos, abundó, debemos de buscar la promoción de políticas públicas adecuadas que respondan al dolor y a la impotencia de la sociedad que se siente agraviada por la delincuencia organizada, por la crisis de violencia e inseguridad, pero no a través de medidas que resultan más electorales y populistas.

Se requiere, mencionó, la participación de todos los sectores, en donde se involucre a la ciudadanía en la toma de decisiones. “En cuestiones de seguridad debemos hacer una tarea conjunta federación, estados y municipios”.

De acuerdo con estadísticas, expresó, el 93 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, por lo que se pronunció por revisar lo que está sucediendo en las entidades federativas en la aplicación de políticas para prevenir y sancionar los delitos.

Precisó que se debe evitar que el Estado y la autoridad pública, actúe recurriendo a la violencia cuando trata de erradicarla de la vida social. “El asesino mata inocentes, niños o cualquier otra persona, luego el Estado mata a los asesinos y lo único que se logra es generar una espiral de violencia”.

El diputado Andrés Lozano Lozano (PRD) cuestionó el por qué hablar de la pena de muerte cuando lo que se ha venido analizando y que todos los grupos parlamentarios han reconocido es la fuerte crisis en que se encuentran todos los sistemas de seguridad pública y de procuración y administración de justicia.

Indicó que los casos en los que se ha demostrado el efecto de implementar la pena de muerte son países en los que primero transitaron por mejorar su sistema de justicia, los niveles de confianza en las autoridades, mantener niveles altos de seguridad y de confianza en la administración y procuración de justicia.

Se está, mencionó, ante un escenario en donde sólo se investiga una vez que se comete el delito y las actividades de prevención están dadas en una parte. “Esa es la realidad que atraviesa nuestro sistema de seguridad pública y de impartición de justicia”.

En opinión de su partido, resaltó, la discusión no debe centrarse respecto del delito y su castigo, “no podemos todavía en este país, dejarlo en el nivel de qué delitos y cuál es el castigo si todavía no tenemos los cimientos para tener esta credibilidad y confianza”.

Lozano Lozano subrayó que de algunos años a la fecha se decidió aumentar las penas en algunos delitos, por lo que cuestionó si esto disminuyó la criminalidad y si provocó alguna reflexión: “La respuesta es no, ya que quien comete un delito sabe que tiene un 98 por ciento de posibilidades de no ser castigado”.

Si se incrementa una pena a diez años o veinte, es algo que a los criminales les tiene sin cuidado. “No sería bueno confundir la plataforma política de un partido en tiempos electorales aprovechándose en asuntos de suma importancia para la ciudadanía; las determinaciones tienen que ser profundas y acordes con la realidad del país”.

Por el PRI, el diputado Adolfo Mota Hernández señaló que conforme a datos de la Conferencia de Ministros de Seguridad Pública, el crimen organizado ha causado cerca de ocho mil muertos en tres años, y el número de secuestros se ha elevado al pasar de 564 en 2005 a 789 en 2007.

El combate al narcotráfico, destacó, produce una muerte cada 85 minutos, es decir que cada 24 horas pierden la vida 17 personas de forma violenta, muchas de ellas decapitadas, y que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, se han registrado más de 200 decapitados en los últimos años.

Subrayó que a lo largo de dos años de este gobierno, México ha vivido momentos más que sangrientos, y que las organizaciones criminales son el reflejo de la degradación social que se vive. “Aniquilarlas es una tarea difícil, si se toma en cuenta que cada vez hay más familias y poblaciones que viven de las ganancias resultantes de estos actos reprobables”.

Mota Hernández precisó que en materia de seguridad, existe un deterioro principalmente porque las instituciones competentes quedaron rezagadas frente al ascenso de la delincuencia y la aparición de nuevas formas delictivas, pero, lo más grave, es que en algunos casos la delincuencia penetró en ellas.

La primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en las escuelas públicas de educación Media Superior arrojó que de los 3.7 millones de estudiantes de los bachilleratos federales, en el último año cinco mil fueron secuestrados, y más de medio millón reportó haber sufrido agresiones o asaltos con violencia, mencionó.

Dijo que los problemas de seguridad no se resolverán con planteamientos de corto plazo o golpes espectaculares, sino que se requiere una visión de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno y acorde con la Constitución.

A nombre del coordinador de Convergencia, Alejandro Chanona Burguete, la diputada Marta Tagle Martínez, subrayó que su grupo parlamentario se oponía de manera enfática y contundente a la reinstauración de la pena de muerte en México y que al aceptar este tipo de foros no implica condescender con la aplicación de la pena capital.

Señaló que aceptar la pena de muerte en México sería admitir la claudicación del Estado en su tarea por garantizar la seguridad pública y la impartición de justicia.

“No hay opinión, ni dato contundente que permita suponer que la aplicación de la pena de muerte disminuirá los delitos a los que se pretende atacar con esta medida”.

La única manera de terminar con estos delitos, agregó, es ir de manera directa a las causas que los motivan: la descomposición social y la falta de compromiso del Estado para emprender una reforma integral en materia de seguridad y justicia.

“En México se comenten anualmente casi 12 millones de delitos, de los cuales menos de un millón y medio se denuncian ante el Ministerio Público, es decir, 12 por ciento del total. De ese millón y medio de delitos denunciados únicamente se consignan alrededor de 248 mil ante el juez y de éstos se obtienen condena en 190 mil casos; 98 por ciento quedan impunes”, advirtió.

Recalcó que la obligación del Estado es propiciar condiciones de convivencia armónica entre los miembros de la sociedad y castigar a quienes infrinjan la ley y que su grupo parlamentario no quitará el dedo del renglón y seguirá insistiendo en la reforma integral al sistema de procuración y administración de justicia.

Por su parte, la diputada Gloria Lavara Mejía (PVEM) recalcó que se debe reconocer que la reinstauración de la pena de muerte no es un reclamo partidista, sino un reclamo social y que por tal motivo se demandan soluciones para erradicar un mal que se ha generalizado en todo el país.

Manifestó que 7 de cada 10 mexicanos se pronunciaron a favor de la pena de muerte en delitos como la violación, el homicidio, el robo de niños y el secuestro y que de acuerdo con Parametría, 49 por ciento de la población considera que ayudaría a disminuir la inseguridad en el país.

Agregó que tal problema adquiere aceptación entre un mayor número de mexicanos, como medida extrema que el Estado se ve obligado a reimplantar para la protección de la vida y seguridad de las personas.

“No podemos, ni debemos seguir permitiendo que los delincuentes se refugien en instituciones débiles o en deficiencias de la ley, tenemos el derecho a realizar nuestras actividades con la confianza de que la vida, la integridad y el patrimonio, efectivamente serán salvaguardados por el Estado” enfatizó.

Recalcó que este foro confirmó que el mayor problema que enfrenta la sociedad es la impunidad con la que se conducen los delincuentes, el aumento de víctimas de secuestro, la ineficiencia que han demostrado las autoridades competentes para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito, la corrupción de los cuerpos policiacos y ministeriales y que por ello su reforma integral consiste en modificar diversas leyes.

Finalmente manifestó que “ya basta” de miedo, de sufrimiento familiar, dolor, luto, trauma psicológico por un secuestro u homicidio que mantienen en vilo a miles de mexicanos.

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