• Esto incide en el incremento de los precios

Las centrales de abasto son altamente vulnerables ante los embates del crimen organizado, ya que día con día ocurren ahí robos, extorsiones y secuestros, situación que provoca la inversión de 90 millones de pesos al mes en seguridad privada, lo que repercute en el alza de precios.

Así lo expresaron diputados y especialistas durante el Primer Foro de Seguridad Patrimonial y Justicia para las Centrales de Abasto de la República Mexicana y Latinoamérica.

En el evento, el diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (PAN) expresó que este sector es el más dinámico y real de la economía y representa una palanca fundamental para impulsar el mercado interno para hacerle frente a la crisis financiera internacional, pero que ésto no es posible con los altos índices de inseguridad.

“Tenemos que construir un mercado fuerte que nos permita sortear con más fortaleza la crisis que hoy padecemos, pero como hacerlo con un problema de delincuencia y criminalidad cómo la que tenemos”.

El diputado señaló que de nada sirve aprobar presupuestos cada vez mayores para la materia si no se tienen resultados concretos ante la ciudadanía.
“El problema no es de dinero; sabemos que no hay coordinación entre las tres policías (federal, estatal y municipal), no se comparte información porque hay desconfianza, complicidad; eso nos fuerza a los ciudadanos a protegernos unos a otros”.

En tanto, Alfredo Neme Martínez, presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, manifestó que el principal reclamo del sector ya no son las bajas ventas sino la inseguridad, “que nos está impidiendo desarrollarnos y realizar negocios, que es lo que sabemos hacer”.

“Día con día escuchamos sobre robos, extorsiones, secuestros, asesinatos, fraudes, todo tipo de situaciones que desafortunadamente las estamos viviendo en carne propia”.

Refirió que los pronósticos mundiales sobre los problemas de seguridad a largo plazo colocan a México y al resto de América Latina en una situación preocupante.

En el documento, Las tendencias globales para 2025, elaborado en Estados Unidos, se asegura que los países América Latina disfrutarán de un crecimiento más o menos moderado hasta el 2025, pero sufrirán una continua violencia urbana intratable y, en algunos casos, inmanejable.

Dijo que otro problema que agrava esta situación son los altos índices de impunidad. “Sólo arriba del 50 por ciento de las autoridades son confiables, el resto no es recomendable. La CNDH estima que cerca del 99 por ciento de los delitos cometidos en México quedan impunes.

“Este cáncer social está más allá de autoridades y ciudadanos, están rebasándonos”. Nuestro sector gasta unos 90 millones de pesos al mes en seguridad privada, que muchas veces no es profesional. La respuesta es trabajar con autoridades confiables, necesitamos fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana”.

En tanto, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD) recordó que en la central de abastos de Ecatepec, del año 1999 al 2001 “tuvimos a once compañeros secuestrados, tres de ellos perdieron la vida”.
El resultado ha sido que los comerciantes deciden cerrar sus negocios, enajenar bienes o rentar inmuebles y ocuparse de otras tareas porque priorizan la seguridad patrimonial que dedicarse al comercio.

Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano para la Procuración de Justicia y Acción Penal, José Antonio Ortega, expresó que el Estado está en deuda política, legal y social con las víctimas del delito.

México vive la peor crisis de inseguridad y violencia en tiempos de paz, en donde delitos como el secuestro tiene en 2008 el mayor número de denuncias que se hayan presentado en las procuradurías durante los 40 años que “llevamos sufriendo este flagelo”.

En este año se recibieron mil 28 denuncias por privación ilegal de libertad, de ellas 75 personas fueron asesinadas. Lo que coloca al 2008 como el más violento en los secuestros.

“México tiene ahora con estos datos el primer lugar en secuestros, en asesinatos por secuestro y el primer lugar en robo con violencia en el mundo”.

No hay un programa de prevención del delito y no se ha sabido incorporar a la sociedad para resolver el problema, pero tampoco las víctimas del delito encuentran apoyo en las autoridades, sentenció.
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