• Incluye penalidades para testigos protegidos que mientan al declarar

A fin de imponer de seis a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa al testigo protegido que incurra en falsedad de declaraciones judiciales, se aprobó con 304 votos el dictamen que adiciona dos párrafos al artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los artículos 248 Ter, 248 Quáter y 248 Quintus al Código Penal Federal.

Con estas modificaciones también se establece pena de cinco a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa al testigo protegido que falte a la verdad al ser interrogado por una autoridad pública distinta de la judicial.

Si un servidor público propicia este delito, se le incrementará la pena en una tercera parte de las señaladas, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años.

Se menciona en el documento que con el propósito de combatir a la delincuencia organizada, se establecieron las figuras de testigo protegido y de colaborador en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que han permitido que algunos delincuentes cooperen con las autoridades a cambio de beneficios que les otorga la ley.

“Sin embargo, la mayoría de los dichos aportados por estos presuntos delincuentes resultan falaces. El perdón jurídico y el subsidio económico compelen al testigo protegido a ofrecer de manera cobarde y deshonesta imputaciones falsas”, se subraya.

Se señala también que existen circunstancias en que hay inculpados que se convierten en falsos testigos protegidos por la inducción dolosa que ejercen sobre ellos algunos funcionarios policiales o ministeriales que, con el fin de resolver un caso de manera manipulada, los instigan a deponer contra determinadas personas sin elementos que correspondan a la realidad.

Por ello, se propone se aumente la pena a estos funcionarios y se les destituya de su cargo, sin poder obtener otro durante un periodo de entre ocho y doce años.

El documento pasó al Senado para sus efectos constitucionales.
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