La Cámara de Diputados aprobó con 299 votos a favor, nueve en contra y ocho abstenciones el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio y reforma y adiciona la Ley de Amparo, a fin de permitir al Estado el aseguramiento de bienes, producto de actividades ilícitas.

Al fundamentar el dictamen, el diputado César Camacho Quiroz dijo que este nuevo ordenamiento es uno de los pilares de las reformas constitucionales en materia de justicia y seguridad aprobadas recientemente.

Expresó que el dictamen tiene como eje rector la presunción de inocencia a favor de los particulares para que la carga de la prueba recaiga en el Ministerio Público, cuando se presuma la ilicitud en el origen de los recursos o en los bienes de una persona.

“Una de los primeros planteamientos contenidos en la iniciativa del Ejecutivo federal consistía en que cuando alguna autoridad de la Procuraduría suponía que alguna persona o los bienes de ésta estaban relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, trata de personas o secuestro, la carga de la prueba recaía en el particular, ubicándolo en una posición de desvalimiento”.

La Ley, aseguró César Camacho, evita que se salgan por esos resquicios que suele haber en las leyes, los abogados que, so pretexto de la vulneración de derechos, acaban consiguiendo la protección de la justicia para quien no lo merece.

“México busca eficacia en el combate al crimen organizado y pegarle en el corazón, que son los recursos económicos en numerario o convertidos en bienes materiales, pero frente a esta eficacia, los mexicanos queremos garantía y respeto por el derecho de las personas, es decir, evitar el atropello”.

“No obstante los embates de la crisis económica, el asunto número uno de la agenda ciudadana es arreglar el problema de la inseguridad y darle eficacia al aparato público para devolver la tranquilidad arrebatada por el crimen”.

En el ordenamiento se asienta que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal y que la sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.

Se establece que el poder judicial de la Federación contará con jueces especializados en extinción de dominio y que el Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos y competencia territorial de los mismos.

Además, el juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de dichos bienes.
La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público, previo acuerdo del procurador general de la República o del subprocurador en quien delegue dicha facultad.
Se asienta que el valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto se destinarán, hasta donde alcance, a la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos; las reclamaciones procedentes por créditos garantizados y los gastos de administración en que hubiere incurrido el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El diputado Alfredo Ríos Camarena (PRI) expresó que el propósito de las modificaciones es darle eficacia y enriquecer la minuta. “Si la hubiéramos dejado como estaba, tendríamos dos problemas: de carácter jurisdiccional, y otro de carácter constitucional”.

Dijo que en lo relativo a los bienes que pueden ser afectados por la Ley, no había una congruencia y correlación exacta con el texto constitucional, ya que se podrían haber dejado rendijas abiertas para que la delincuencia se amparara, y con ello quedaría derrotado el precepto de la ley.

“Quienes estamos aquí decimos que sí apoyamos al Ejecutivo federal en su lucha contra el hampa organizada, pero también le requerimos y exigimos que una vez entregadas las herramientas jurídicas salga adelante en bien de la Nación; basta ya de la calumnia y la ofensa”.

Por el PRD, el diputado Andrés Lozano Lozano señaló que el dictamen representa uno de los temas que más se han señalado respecto de una medida efectiva en contra de la delincuencia organizada.

La iniciativa, subrayó, no es menor, pues en algunas de sus partes es discutible y perfectible. Hubiésemos querido el consenso para que fuera una herramienta más contundente del Estado, pero sin embrago el día de hoy se estará dando un gran paso”.

Liliana Carbajal Méndez (PAN) mencionó que esta nueva ley es de importancia fundamental, ya que sin duda será una herramienta útil para que el Estado debilite las estructuras criminales en la parte que más le duele, en los recursos económicos.

“Se hizo un excelente trabajo en la Comisión dictaminadora y lo reconocemos, pues con un compromiso auténtico y a través de mejores instrumentos legales otorgamos mejores condiciones de vida al país”.
El diputado José Manuel del Río Virgen (Convergencia) expresó que con esta ley, ahora el Ejecutivo federal, el Banco de México y el sistema bancario mexicano tendrán que saber quiénes están metidos en el lavado de dinero y los grandes depósitos.

“El Ejecutivo federal ha recibido el apoyo de mi partido y de todas las fracciones parlamentarias para que la Ley de Extinción de Dominio se ponga bajo la tutela y garantía del Poder Judicial Federal”.

El documento se devolvió al senado para sus efectos constitucionales.
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