Como una medida más para despenalizar la migración indocumentada en territorio nacional, la Comisión de Gobernación validó el dictamen que adiciona tres párrafos al artículo 71 de la Ley General de Población, para prohibir que se habiliten como estaciones migratorias los centros de detención preventiva y de readaptación social.

“Tenemos que evitar que se considere o trate a los indocumentados como delincuentes, cuando no han cometido algún delito”, consideró la Comisión que preside el diputado Diódoro Carrasco Altamirano.

De esta manera, se subraya en las consideraciones, se impide que los indocumentados sean propensos a malos tratos de parte de servidores públicos y se refuerzan las acciones para despenalizar la emigración en nuestro país.

El diputado proponente, Alejandro Chanona Burguete (Convergencia), destaca en la exposición de motivos de la iniciativa que la migración no es un fenómeno exclusivo de México y que este movimiento masivo de personas de un país a otro genera, tanto para las naciones expulsoras como para las receptoras, desequilibrios y demandas que no siempre son atendidos debidamente.

“Somos uno de los principales países expulsores de mano de obra y de transición migratoria hacia Estados Unidos. Nuestra Constitución dispone que todo extranjero que se interne en el país, por el solo hecho de entrar en territorio nacional deberá gozar de la protección de las leyes mexicanas”, afirma.
En este sentido, dijo que “la respuesta cumple los compromisos internacionales de México en la materia, pero sobre todo nos dará razones para exigir en el norte lo que estamos cumpliendo en el sur”, asienta.

Por ello, se pretende evitar que servidores públicos pretendan extorsionar a los inmigrantes y asegura el pleno respeto de los derechos humanos de las personas detenidas en las estaciones migratorias.

“Es indispensable que las cárceles federales, estatales o municipales dejen de prestar el servicio de estaciones migratorias, e impedir el aseguramiento de quienes incurren por primera vez en la internación ilegal”, acota el legislador.

Con los cambios se dispone que en el aseguramiento, traslado y alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias, expulsiones o repatriaciones, se respetarán y protegerán sus derechos humanos.

“En ningún caso se podrán habilitar como estación migratoria los centros de detención preventiva y de readaptación social de sentenciados”, se plantea.

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