El Pleno camaral avaló con 346 votos en pro, 6 en contra y 4 abstenciones, un dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal para redefinir el concepto de servidor público, a fin de suscribir diversos supuestos contemplados para los delitos cometidos por éstos, no importando si son nacionales o extranjeros.

Las modificaciones incluyen un Título Décimo Bis que establece que cometen delito de uso ilícito de atribuciones y facultades los particulares que obtengan franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, ingresos fiscales y servicios producidos o prestados en instituciones de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, el Congreso o los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal.

Igualmente, quienes consigan contrato sobre obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

Se impondrá de un mes a un año seis meses de prisión y de 30 a 300 días multa, e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar un empleo, cargo o comisión público, cuando el monto a que asciendan las operaciones no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario en el momento de cometerse el delito.

Se impondrán de un año seis meses a ocho años de prisión y de 30 a 300 días multa, e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar un empleo, cargo o comisión público, cuando el monto a que asciendan las operaciones exceda el equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario en el momento de cometerse la falta.

Cambiar definición sobre readaptación social

De igual forma, fueron aprobados por el Pleno de la Cámara, por 348 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, cinco dictámenes. El primero, propone cambiar conceptos suscritos en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, como reos, alienados y menores infractores, por sentenciados, internos o reclusos, inimputables y adolescentes.

De esa manera, se armonizará este marco legal conforme a lo dispuesto en los tratados internacionales, ratificados por México, en materia de readaptación social de sentenciados y se regula la organización del sistema penitenciario dependiente de la federación.

Ley Federal de Seguridad Privada

El segundo, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, para clarificar las disposiciones que regulan a los entes privados en la prestación de servicios de seguridad y establece la figura de la "afirmativa ficta" para el caso de la entrega del informe del prestador de servicios.

Así, se amplía el término para que la autoridad lleve a cabo la revisión y supervisión de la revalidación de la autorización para la prestación de los servicios de seguridad privada.

Protección al territorio nacional

Otro que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, con el propósito de considerar dentro del ámbito de la seguridad nacional la protección del territorio nacional, respecto la prevención de los efectos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático.

Las modificaciones van encaminadas a incluir el concepto de Interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, así como redefinir la forma en que habrá de constituirse el Consejo de Seguridad Nacional y las facultades que tendrá en la materia.

Islas Marías

Uno más, que reforma el Estatuto de las Islas Marías, a fin de cambiar el concepto Colonia Penal por el de Complejo Penitenciario para insertarlo en el Sistema Penitenciario Federal; de esa manera, en él podrán cumplir la pena de prisión los sentenciados federales o del orden común que determine la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las modificaciones, ya presentadas en primera lectura, también buscan que el Complejo Penitenciario favorecerá los tratamientos de reinserción social, con base en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.

En el dictamen, presentado por la Comisión de Seguridad Pública, se destaca que es necesario actualizar dicho estatuto para mejorar las condiciones de operación, coordinación y colaboración con las autoridades competentes.

Que la matricula consular sea identificación oficial

El último dictamen, plantea incluir dentro de los asuntos que le competen a la Secretaría de Relaciones Exteriores matricular a los mexicanos en el registro correspondiente por la oficina consular más cercana a su domicilio, independientemente de su situación migratoria, siempre y cuando el interesado lo solicite y que cumpla con los requisitos estipulados por la autoridad.

Con ello, se establece que la matrícula consular será un medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas, no sólo en el extranjero sino en territorio nacional, con el propósito de brindar a nuestros connacionales la posibilidad de que, en su retorno a nuestro país, tengan mayores elementos para identificarse oficialmente y efectuar trámites de todo tipo.

Todos los dictámenes fueron remitidos al Senado para sus efectos constitucionales.

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