Con el objetivo de ordenar el servicio de captación de fondos y recursos monetarios y su colocación mediante préstamos, créditos u otras operaciones, por parte de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la Cámara de Diputados aprobó con 300 votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones, un dictamen a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de Sociedades Cooperativas, de Ahorro y Crédito Popular, de Instituciones de Crédito y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Busca promover y facilitar las actividades y operaciones de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de proteger los intereses de los socios ahorradores y del público en general, en relación a las transacciones que realicen con estas sociedades.
Las presentes reformas constituyen un mecanismo para fortalecer al sector social de la economía, que comprende diversas formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
En el documento se reconoce la importancia de impulsar un nuevo marco jurídico para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y proteger el patrimonio de los socios ahorradores y beneficiarios que buscan obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de consumo y el desarrollo de sus actividades productivas.
Se incorpora a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo al sistema financiero mexicano, reconociendo que forman parte del sector social de la economía sin ánimo especulativo, con un régimen jurídico y fiscal distinto del que corresponde a entidades financieras de los sectores privado y público.
Establece los términos en que el Estado –a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como autoridad financiera responsable— ejercerá las funciones de autorización, regulación, supervisión y sanción del sector.
Plantea, entre otras cosas, que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con activos inferiores a 2.5 millones de unidades de inversión (UDI), no requerirán de autorización para operar y tendrán una regulación mínima; en tanto que las sociedades con activos superiores a esa cantidad, deberán solicitar su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar o continuar operando.
En su oportunidad, la diputada Patricia Castillo Romero (Convergencia) manifestó su voto a favor del dictamen, ya que las disposiciones aprobadas cerrarán el paso a la bancarización que quieren hacer los grandes monopolios de las cajas populares. En tanto, la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PRD), externó su voto en contra.

Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen fue enviado al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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