Mensualmente en la Ciudad de México ocurren 27 secuestros de alto impacto y otros 874 son de diversa índole. De éstos, el 75 por ciento son exprés; 5 por ciento, con fines de explotación sexual; 2 por ciento, de índole laboral y 17 por ciento, sin un fin determinado, según un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

En el estudio: Secuestro. Actualización del marco jurídico, estima que en el DF operan 27 bandas de plagiarios, las cuales realizan hasta nueve secuestros en una semana y cobran rescates menores a 80 mil pesos.

Subraya que las bandas dedicadas al secuestro exprés obtienen ganancias de entre 8 y 12 mil pesos por cada delito y en promedio realizan hasta cinco secuestros en un día.

En el análisis del investigador parlamentario, Efrén Arellano Trejo, se menciona que en 2007 operaron cuando menos 300 bandas en el Estado de México y el Distrito Federal, las cuales podían perpetrar, cada una, hasta cuatro secuestros exprés al día.

Sostiene que por un hombre de negocios extranjero los secuestradores obtienen un millón de dólares; si se trata de una persona de clase media, 20 mil pesos en promedio y si es una persona dedicada al servicio doméstico, 7 mil 500 pesos.

Estudios de victimización realizados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), en 2007, reportan que estos delitos se perpetran en contra de hombres en un 74 por ciento y 26 por ciento contra mujeres. Los horarios son cercanos a la medianoche, con el propósito de aprovechar el cambio de fecha y efectuar una mayor disposición de efectivo en los cajeros automáticos bancarios.

Explica que la mayoría de estos delitos no son denunciados por el temor a sufrir represalias, por la escasa confianza que existe en las autoridades y porque la ciudadanía no cree que denunciar sirva de algo. Además de que el secuestro es actualmente un delito del fuero común, con una tipificación diferente en cada entidad y un tratamiento diferenciado por las autoridades del Ministerio Público.

Se enfatiza que la impunidad con que operan los delincuentes es multifactorial y que la ineficiencia de los cuerpos policiales es un elemento clave para la incidencia de estos delitos.

Asegura que en México existe una incidencia delictiva de 10 mil 500 delitos por cada 100 mil habitantes; en tanto que en países que han logrado aceptables niveles de seguridad pública, tales como Alemania o España, esa tasa no supera los 4 mil 500 delitos.

“En México el problema no parece ser la cantidad sino la calidad de los policías”.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es posible considerar que el secuestro tiene una tasa de no denuncia de 75 por ciento. Por cada plagio denunciado existen tres que no lo son. Durante el periodo 2001 a noviembre de 2008, se cometieron aproximadamente 20 mil secuestros; es decir, un promedio de 2 mil 500 por año y 7 por día.

La CNDH señala que las policías mexicanas enfrentan múltiples problemas que impiden su adecuado funcionamiento, tales como esquemas extremadamente débiles de rendición de cuentas; inexistencia de sistemas confiables y públicos para la evaluación del desempeño y de la conducta individual de los policías; así como incumplimiento de estándares profesionales para proporcionar información al público sobre faltas, delitos y percepción de la inseguridad.

Advierte que “el incremento en los índices de corrupción, la penetración de la delincuencia en las instituciones de seguridad, y la deficiente preparación de los policías están agravando los niveles de impunidad y la escasa confianza que tienen los ciudadanos en dichas instituciones”.

En tanto, en una encuesta levantada por el CESOP, los ciudadanos estimaron que ninguna de las figuras institucionales que participan en dicho sistema está fuera de sospecha, con la excepción del personal de derechos humanos.

EL 89 por ciento cree que es muy probable que un policía se deje sobornar; 80, que un policía judicial; el personal del Ministerio Público, 64 por ciento; el agente del Ministerio Público, 58 por ciento; el personal de los juzgados, 51 por ciento; un juez, 42 por ciento; y el personal de los derechos humanos, 18 por ciento. Lo que significa que los funcionarios más cercanos a los ciudadanos son precisamente aquellos en los que existen los mayores niveles de desconfianza.

Destaca que las medidas consideradas como “muy urgentes” por los sectores más amplios de la población son “combatir la corrupción”, en las policías con 91 por ciento; en las agencias del ministerio público, 87 por ciento; y en los juzgados, 86. “Imponer pena de muerte en delitos graves” es considerado urgente por 54 por ciento e “imponer cadena perpetua para algunos delincuentes”, para 9 por ciento.

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