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Boletín N°. 4263 Se pronuncia ASF por autonomía constitucional y facultades de sanción administrativa

En el marco de la conclusión de los trabajos de la revisión del informe de la Cuenta Pública 2007, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, señaló que pese a las recientes reformas en materia de fiscalización por parte del Congreso, aún quedan algunas pendientes para otorgar mayores facultades a la institución.

Entre otras, destacó, está la de otorgar la autonomía constitucional para evitar cualquier pretensión de invasión de facultades o presiones que afecte la autonomía técnica de la ASF.

“Solicitamos que se nos concedan facultades de sanción administrativa, sin menoscabo de las facultades de la Secretaría de la Función Pública; además de que se nos permita iniciar la revisión de la Cuenta Pública el primer día hábil de enero, con el fin de ampliar la muestra fiscalizada”.

Reiteró que para la ASF, su único patrimonio es la neutralidad y que no trabaja por cosigna para favorecer o afectar intereses particulares o de grupo, además de que afirmó: “la Auditoría Superior de la Federación no emite cheques en blanco a favor de nadie y su único compromiso es con México y con la verdad”.

Antes, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, entregó al titular del máximo órgano de fiscalización del país, un pliego de conclusiones y recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2007.

El presidente del órgano legislativo, Antonio Ortega Martínez, indicó que la idea de hacer esta serie de recomendaciones, es con el fin de perfeccionar el esfuerzo de la ASF en su tarea de fiscalización y avanzar, paso a paso, en la responsabilidad que tiene el Congreso para atender el reclamo social de mayor transparencia y rendición de cuentas.

El legislador resaltó que las recientes reformas en materia de fiscalización representan un gran avance en la transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia gubernamental, así como para el combate a la corrupción.

“No son menores los cambios promovidos y logrados por esta Legislatura. Debemos destacar que los logros son producto de una voluntad democrática, de un compromiso por el diálogo que construye y fortalece a nuestras instituciones en bien de la nación”.

El presidente de la Comisión de Vigilancia dijo que los trabajos de la Auditoría Superior registran un balance exitoso y los resultados están a la vista; sin embargo, aceptó que faltan nuevos esfuerzos para alcanzar consensos en torno a mayores atribuciones de la ASF, a fin de que pueda fincar responsabilidades administrativas y acompañar al proceso hasta su resolución.

“Falta corresponsabilizar a los órganos internos de control sobre las responsabilidades administrativas; dotar de mayores instrumentos a la Secretaría de la Función Pública para que sancione las recurrencias en las observaciones y recomendaciones que dicta la Auditoría Superior”.

De igual forma, para avanzar en combatir la arbitrariedad en la actuación de la autoridad; identificar y atacar en cada entidad pública las áreas de opacidad.

“Sin duda, el camino de las reformas legales está abierto para normas que coadyuven al fortalecimiento de la fiscalización superior y el combate a la corrupción”, concluyó el diputado Ortega Martínez.

Finalmente, el legislador informó que a la reunión fue invitado el presidente de la Comisión de Presupuesto, Raúl Padilla Orozco, para hacerle entrega de la información correspondiente a las mesas de análisis del informe de la Cuenta Pública 2007, para la elaboración del dictamen que deberá presentarse al Pleno de la Cámara de Diputados en una fecha posterior.

“Lamentablemente no tuvo oportunidad de estar presente, sin embargo, vamos a hacer el trámite formal y le haremos llegar a sus oficinas el compendio de documentos y material, de esta manera, la Comisión de Vigilancia habrá cumplido con su responsabilidad y su tarea”.
Por otra parte, y tras recibir el pliego de recomendaciones por parte de la Comisión de Vigilancia, el auditor superior Arturo González de Aragón destacó en su discurso que con la recepción del documento se cierra un círculo virtuoso.

Señaló que como resultado del trabajo de más de siete años, se han presentado 31 denuncias penales de las cuales, por acumulación y amparos quedan vivas 23 de ellas: “no tenemos ninguna resolución”.

Asimismo, abundó, se han resarcido 33 mil 718 millones de pesos comprobables. “Existen confirmaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por más de 6 mil 300 millones de pesos que ha recibido, derivado de las actuaciones de la ASF y no son sólo 12 mil pesos, esos créditos fiscales y nosotros no recuperamos recursos nada más por la vía de créditos fiscales”.

Añadió que pese a que la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados lleva a cabo una auditoría a la ASF en torno a las recuperaciones, también este órgano de fiscalización ha contratado un despacho de auditores externos para que dictamine la veracidad de dichos resarcimientos.

A su vez, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Roberto Michel Padilla, mencionó que pese a que la fiscalización es un mandato constitucional, con las reformas alcanzadas por el Congreso, la revisión del gasto público cuenta ya con un basamento jurídico que lo legítima explícitamente.
Con el informe entregado, dijo, la Comisión de Vigilancia concluye los trabajados de análisis al informe de la ASF respecto de la revisión de la Cuenta Pública 2007, quedando pendientes la publicación de la memoria correspondiente y el seguimiento a la solventación de las recomendaciones emitidas.

El documento que se entrega a la ASF, abundó, busca consolidar los logros adquiridos y seguir abonando en beneficio de la fiscalización superior del país, toda vez que incorpora conclusiones derivadas de un análisis objetivo sobre el universo de las 962 auditorías practicadas.

Al fijar el posicionamiento de su partido, la diputada de Acción Nacional, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, se pronunció por modificar el marco legal para sancionar los subejercicios en los distintos fondos que integran el Ramo 33, particularmente en materia seguridad pública, educación, salud, infraestructura social y combate a la pobreza.

Los recursos que integran estos fondos, afirmó, muchas veces se destinan a rubros que no corresponde a sus objetivos; “son símbolos en el exceso de poder en los gobiernos estatales, de abuso en la aplicación de recursos públicos que se manejan como si fueran personales y no como encargo de la sociedad”.

Enfatizó que en la Cuenta Pública 2008 “estos atropellos los vimos reflejados claramente en el Fondo de Seguridad Pública, que arrojó la no utilización de recursos para el combate contra el crimen organizado de alrededor del 46 por ciento, dinero que no se invirtió en armamento, equipos antimotines, construcción de Ceresos o capacitación de policías”.

Por el PRD, el diputado Pablo Trejo Pérez señaló que en la medida de que la transparencia, rendición de cuentas y la fiscalización se fortalezcan, se evitarán actos de corrupción, por ello propuso disminuir los análisis en la revisión de la Cuenta Pública y de los resultados que entrega la ASF.
Las áreas de opacidad, dijo, como la elusión fiscal, genera una corrupción sofisticada, en donde se utilizan los vacíos y huecos que deja la ley.

Otro ejemplo, añadió, tiene que ver con las auditorías al desempeño de los programas, que tiene que ver con igualdad de oportunidades.

En tanto, Gerardo Sosa Castelán (PRI) indicó que la ASF se creó para poder combatir la corrupción, misma que es un mal que afecta al mundo entero y que repercute en la perdida de confianza entre ciudadanos hacia sus instituciones. “En el país este hecho no es diferente, ya que de 120 naciones, México se sitúa en el lugar 72”.
Resaltó que mientras no exista una separación clara de las funciones políticas y administrativas en los tres niveles de gobierno, se mantendrá el fomento a la corrupción.

Se pronunció a favor de que la Auditoría tenga mayor autonomía institucional que le permita actuar con mayor libertad y quede exenta de las tentaciones y negociaciones. “Si no se pone un freno y si no se detiene, se seguirá luchando de manera estéril en contra de la corrupción”.

Afirmó que hoy más que nunca los legisladores deben trabajar para recuperar la confianza y la credibilidad ciudadana, por esta razón se hace obligado continuar fortaleciendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de las actividades de la ASF, mediante la aprobación permanente de más y mejores normas de fiscalización y con mayores recursos presupuéstales.

Por su parte, José Luis Varela Lagunas (Convergencia) consideró que una de las tareas de la próxima Legislatura es consolidar un sistema de fiscalización que no sólo dé a conocer hechos que impactan a la opinión pública por observaciones de montos considerables y que pasados los 45 días de ley no se sancionen.

“No caigamos en aquella legendaria expresión de mucho ruido y pocas nueces. Es mi firme convicción de que el órgano de fiscalización superior y los órganos locales con el apoyo del poder Legislativo, en su calidad de entidades no partidarios deben ser socios del progreso”.

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