• No estamos favoreciendo a nadie, estableció el subsecretario en la reunión con diputados

• Diputado Amador Campo: no defendemos a ninguna línea; nos preocupa la recesión

El subsecretario de Transportes, Humberto Treviño Landois, señaló que la suspensión de operaciones a la aerolínea Aviacsa se debió a que la empresa no garantiza seguridad en sus aeronaves, dado que su sistema de inspección, control de calidad y aseguramiento a la calidad de mantenimiento es deficiente.

Al reunirse con la Comisión de Turismo, que preside el diputado Amador Campos Aburto, para explicar la problemática que enfrentan las aerolíneas de bajo costo, como Aviacsa, el funcionario recalcó que la suspensión no tiene relación alguna con los adeudos al Gobierno federal, aun cuando es la aerolínea con mayores deudas y que sigue en operaciones.

El subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destacó que constantemente se hacen verificaciones, y ejemplo de ello es que en cuatro años se realizaron cuatro. Además de que la suspensión a las 25 aeronaves es debido a 289 anomalías detectadas en ellas, es decir un promedio de once anomalías por avión.

Puntualizó que en los últimos cinco años la SCT ha registrado y detectado once incidentes de aeronaves pertenecientes a la compañía, “algunos más graves que otros, pero no es totalmente cierto que en los últimos 19 años no haya habido un incidente, sí los hay, todas las aerolíneas los tienen”.

Señaló que si va a volar o no la compañía no depende de la SCT, sino de Aviacsa, pues es decisión de la empresa resolver sus problemas de adeudos o de mantenimiento, “no de nosotros” y sostuvo que el plazo de hasta 60 días es suficiente para corregirlos.

En tanto, el diputado Francisco Dávila García (PAN) dijo que el turismo debe ser impulsado en este momento pero si la suspensión a la aerolínea es por razones de seguridad y se pone en riesgo a los pasajeros, entonces se está actuando conforme a derecho.

Por ello exhortó a la línea aérea a cumplir con los requerimientos que le solicitó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para reiniciar sus labores.

La diputada Susana Monreal Ávila (PRD) manifestó que en este momento se requieren medidas no para detener sino para reactivar la economía interna y que en el caso de Aviacsa hay muchas dudas sobre el trato desigual que le da la SCT como una forma de presionarla para que desaparezca del mercado.

Luego de expresar que la reducción de la competencia no beneficia a la ciudadanía, la legisladora advirtió que con la suspensión definitiva “puede darse una concentración de mercados en el rubro”, por lo que solicitó la opinión de la Comisión Federal de Competencia para descartar o confirmar este supuesto.

En su oportunidad, la diputada Martha Angélica Romo Jiménez (PAN) expresó que la preocupación de la SCT debe ser brindar seguridad a cada uno de los usuarios de cualquier aerolínea, por lo que pidió se detallaran cuáles habían sido los motivos para suspender las actividades de la empresa Aviacsa.

Antonio Flores Martínez (PRD) cuestionó el significado del bien jurídico que se le entrega al Estado, “porque hay mucha gente con dudas, inconforme y con preocupación”. Preguntó qué medidas de prevención está tomando la Secretaría en cuanto al problema que se presentó con Aviacsa; qué es lo que está haciendo como programa alterno.

La diputada Yolanda Garmendia Hernández (PAN) preguntó cómo se certifican los encargados de inspeccionar a los aviones, cuál es su experiencia y trayectoria dentro de la SCT, y pidió se precisaran los mecanismos para que la iniciativa privada solicite los permisos para tener líneas comerciales u ofrecer servicios de aeronaves de interconexión entre entidades federativas.

Por Convergencia, José Luis Varela Lagunas subrayó que es necesario que se explique si el interés de la SCT es hacer fusiones de aerolíneas, pero sobre todo si la dirección General de Aeronáutica Civil cuenta con inspectores de calidad y capacidad para hacer verificaciones a las aerolíneas.

El diputado Joel Guerrero Juárez (PRI) cuestionó los argumentos de la dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que plantean que la empresa tiene problemas estructurales en aseguramiento de calidad y revisión física de las aeronaves; sin embargo, “la estructura organizacional de Aviacsa tiene 19 años y la DGAC le ha acreditado los manuales de operación, mantenimiento y procedimientos; esto es contradictorio”, consideró.

Enseguida, el diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (PAN) señaló que el Gobierno federal, como rector de la economía, debe poner atención en el tema de la aviación. “Hay un amparo dictaminado por un juez y hay que ser respetuosos de ese Poder, pero se está jugando con la vida de muchos pasajeros que ahora mismo están volando en Aviacsa, ¿qué es más importante: la vida de los pasajeros o la decisión de un juez?”.

Armando García Méndez (PSD) indicó que después de la emergencia sanitaria se habló de la promoción del turismo nacional, de creación de empleos emergentes y de impulsar la economía.

Con medidas como ésta, dijo, se afecta al empresario, a la empresa, a la planta productiva, los sindicatos, a una gran rama económica.
Preguntó si los 60 días son un plazo máximo para corregir o si hasta los 60 días se les iba a dejar volar, porque en ese lapso una empresa de este tamaño quiebra.

En su oportunidad, el diputado Elías Cárdenas Márquez (Convergencia) señaló que en el proceso del juicio de amparo, la Secretaría no rindió los informes previos “¿cómo dicen que el juez casi los dejó en estado de indefensión porque no tuvieron oportunidad, cuando ustedes podían demostrar sus razones?”

Respuestas e intervención inicial

El funcionario Treviño Landois afirmó que, según el dictamen de la DGAC, la aerolínea en sus sistemas y las fallas encontradas en los aviones, no garantizan la seguridad de los pasajeros en ese momento. Llamó a dejar de lado el “sospechosismo, no estamos persiguiendo ni favoreciendo a nadie (…) no debemos buscar cosas que no existen”.

Explicó que “si con una o dos aeronaves la empresa considera que es muy caro mantenerlas y ponerlas en condiciones de aeronavegabilidad, pues comprará otras, pero los adeudos tienen que pagarse y las condiciones de seguridad tienen que cumplirse”.

El Gobierno hace un esfuerzo de apoyo importante al ampliar el plazo de pago a la turbosina por 30 días e invertir mil 300 millones de pesos, así como ofrecer descuentos del 50 por ciento del derecho por el uso del espacio aéreo mexicano.

En su primera intervención, sostuvo que la aeronáutica mexicana actualmente está sometida a fuertes presiones derivadas de la apertura del mercado de nuevos modelos de negocio, el incremento desmedido en el precio de turbosina, la crisis financiera internacional, el precio del dólar y la reciente emergencia sanitaria de la Influenza A/H1N1.

Las condiciones del mercado en el año 2007 y 2008, abundó, fueron muy difíciles, y lo está siendo en 2009 para las aerolíneas en general pero particularmente para las mexicanas. “En esos años se presentaron pérdidas para las aerolíneas mexicanas que en su conjunto sumaron 5 mil 700 millones, en 2007, y 9 mil 100, en 2008”.

Para abatir la crisis, dijo, se ha permitido el cierre de aerolíneas débiles y no oponerse a fusiones entre ellas, permitiendo que el mercado defina la estructura óptima del mismo. “Se ha dicho que nosotros estamos estimulando, incentivando y orientando fusiones, no es el caso”.

Treviño Landois expresó que hay una sobreoferta en el mercado mexicano, y consecuentemente una reducción sería útil para la aviación mexicana pero hay varias formas de lograrlo. “Nosotros no proponemos una y ni nos oponemos a otra, sino corresponderá a las propias aerolíneas el cómo lo hacen”.

Respecto a los adeudos con el Gobierno federal y en especial por concepto de combustible asciende a mil 754 millones de pesos, de los cuales mil 542 corresponde a las aerolíneas nacionales y 162 a las internacionales.

Otro adeudo, puntualizó, es por el uso del espacio mexicano, en donde el ingreso mensual promedio que recibe la federación o que debe recibir por el concepto son 180 millones de pesos mensuales y el monto de las omisiones por el SAT, de enero de 2005 a abril de 2009, asciende aproximadamente a mil 250 millones de pesos.

Explicó que el bien jurídico se entiende porque el Estado debe garantizar, por encima de cualquier otro, la seguridad de las personas. Subrayó que una alternativa, respecto a la seguridad, es que la empresa resuelva los problemas que tiene en las aeronaves; “todos ellos son atacables y atendibles”.

En su turno, el director General de Aeronáutica Civil (DGAC), Héctor González Weeks, aseguró que la dependencia debe adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad, a fin proteger la integridad física de los pasajeros y que esto es un mandato de Ley y no una facultad discrecional.

Afirmó que la suspensión temporal de Aviacsa es resultado de una verificación reciente que se le realizó y en la que se detectaron 280 irregularidades en materia de mantenimiento que “no garantizan la seguridad de las operaciones de las aeronaves debido a problemas estructurales, sobre todo en las áreas de inspección y el de aseguramiento de calidad”.

Refirió que después de la determinación se le planteó a la empresa un plan de trabajo para levantar la suspensión que consiste en la reestructuración de las áreas de inspección, aseguramiento de calidad en mantenimiento, revisión de los formatos de calidad y órdenes de ingeniería, así como dotar de autonomía al área de confiabilidad y la revisión física de las aeronaves.

Informó que en reuniones de la DGAC con Aviacsa, la semana pasada se acordaron los lineamientos que deberían tener ese plan de trabajo y su implementación, los cuales fueron presentados por la empresa, sin embargo, desde el viernes pasado “no ha habido una comunicación más ni nos han buscado para revisar los documentos”.

Al final de la reunión, el diputado Amador Campos Aburto aclaró que desde la Comisión que preside, no se defiende a ninguna línea aérea, sino se está preocupado por lo que pasa en México, con la recesión económica y con la influenza.

“Eso sí es preocupante, tal vez si esto se hubiera dado antes de la recesión, no hubiera tenido mucho eco, sin embargo, en este momento preocupa mucho que en vez de aumentar vuelos se quiten”, abundó.

Sostuvo que no se trata de convencer a los legisladores de la situación que vive la aeronáutica mexicana, sino de actuar congruentemente, ser responsables y honestos, “para que todos salgamos beneficiados”.

-- ooOoo --