El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez, refrendó su respaldo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que la Secretaría de Hacienda cuestionara los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007, en la que se detectaron subejercicios por más de 120 mil millones de pesos.

El legislador indicó que la dependencia debe demostrar su dicho de que el gasto se ejerció sin contratiempos y que no hubo desvíos a fideicomisos o fondos federales, con la solventación de las observaciones emitidas por el máximo órgano de fiscalización del país.

“La Secretaría de Hacienda tiene que dar, con mucha claridad, una respuesta a la Auditoría Superior sobre este dicho que nosotros evidentemente respaldamos”.

Recalcó que hasta el momento el informe de la ASF sobre las irregularidades detectadas es un hecho contundente y que no está sacado de la imaginación.

Se trata, dijo, del producto de la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación a los órganos del Ejecutivo Federal, incluida la Secretaría de Hacienda y donde se observó que había transferencias importantes.

Añadió que aun cuando la Secretaría de Hacienda argumentara que no hubo transferencias sino reasignaciones, sería un asunto grave porque hablaríamos de una decisión discrecional, “exagerada, y yo diría, de una facultad por encima de lo que establece la Constitución”.

Asimismo, se refirió a las versiones que señalan que de lo que se trató fue de ahorros y no de subejercicios en el primer año de gobierno del Presidente Felipe Calderón.

Ortega Martínez explicó que, de ser así, si son economías, la ley establece que deben de ser devueltas a la Tesorería General de la Federación para que en el siguiente año la Cámara de Diputados disponga de esos recursos y los presupueste de manera ordinaria.

“Si son cancelación de proyectos, pues de igual manera, la Secretaría de Hacienda debería comunicarlo a la Tesorería y a la Cámara de Diputados, de que esos recursos no se aplicaron por una u otra razón y puedan ser reasignados en la propuesta de Presupuesto del siguiente año; ese es el procedimiento, Hacienda no tiene por qué formar bolsas y, además, medio guardadas, para exagerarlo, a escondidas”.

El presidente de la Comisión de Vigilancia refirió que se logró un acuerdo con el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, para que en la Cuenta Pública de este año se realice una auditoría a los fideicomisos y fondos federales.

“Debemos terminar con este fenómeno de las economías, las reasignaciones, de los subejercicios, porque se están convirtiendo en cantidades muy grandes que manejan a su antojo los funcionarios y porque violan la facultad de la Cámara de Diputados, además de que rompen el orden jurídico”.

El diputado federal recordó que, de acuerdo con la ASF, en el primer año de la administración del Presidente Felipe Calderón se detectaron 28 traslados de recursos a fideicomisos y fondos federales, aunque la información debe ser complementada por la Secretaría de Hacienda y precisar hacia dónde fueron canalizados.

Ortega Martínez añadió que del mismo modo, en el sexenio de Vicente Fox la ASF determinó que hubo subejercicios cercanos a los 300 mil millones de pesos. “Se tenía una especie de registro, de memoria, de cientos de fideicomisos”.

“Éstos no son otra cosa que figuras de carácter mercantil y a las que se recurre para violar la norma y dejar en manos de funcionarios cantidades extraordinarias de dinero que lo mismo pueden ser utilizadas para atender reclamos sociales y necesidades, o bien para engordar cuentas bancarias e incluso utilizarlas para campañas electorales”, dijo.

Adelantó que en los próximos días presentará una iniciativa encaminada a regular los fideicomisos “porque no se puede seguir jugando a las posibilidades o adivinando dónde quedan los recursos; eso hay que normarlo y precisarlo de manera muy clara”.

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