Luego de los “desastres económicos provocados tanto por esquemas estatistas como por el salvajismo del libre mercado, que lo único que han generado es más pobreza, la economía social se consolida como respuesta para que las instituciones y las comunidades sigan existiendo”, aseguró el diputado Leonardo Magallón Arceo.

Al clausurar el seminario La empresa de economía social, una posibilidad en el mercado económico, el también presidente de la respectiva Comisión legislativa enfatizó que este modelo es una alternativa viable en el contexto de la crisis financiera internacional.

En tanto, el coordinador del Centro de Formación y Apoyo a Empresas, de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, Enrique Fernández Lomelín, subrayó que la creación de empresas asociativas es una vía para resarcir la rentabilidad profesional y dignificar el salario de profesionistas.

Tras aseverar que la formación de un profesionista le cuesta al Estado cerca de 300 mil pesos, el académico expresó: “No puede ser que hoy un recién egresado gane entre tres y cinco mil pesos mensuales.

“La rentabilidad en términos de profesionalización en México está por los suelos, una vía para resarcir esta realidad es la creación de empresas que se fundamenten en el trabajo y consolidan el ingreso”, enfatizó.

Argumentó que en los próximos años el concepto de asociatividad migrará hacia áreas ligadas al conocimiento y que no sólo será exclusiva de los sectores pobres, sino que integrará a segmentos como el profesional.

“Pero en México el marco jurídico no ayuda mucho para que esto suceda; además, la formación que se imparte en las universidades se fundamenta en el trabajo de equipo focalizado para el rendimiento, pero no para la consecución de empresas”, dijo.

Por su parte, el diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera (PAN) se pronunció porque la siguiente Legislatura apruebe la correspondiente Ley General, a fin de consolidar a este tipo de empresas y afirmó que sí hay recursos para respaldarlas.

“Sin tomar en cuenta el Programa Especial Concurrente hay cerca de 30 mil millones de pesos distribuidos en diferentes programas que de alguna u otra manera terminan en este sector; lo importante es que se aprovechen y se focalicen bien”, acotó.

Señaló que lo que busca la Ley General es establecer un Instituto que logre la coordinación entre los programas federales de las diferentes Secretarías, a fin de focalizar los apoyos para este tipo de empresas “que, además de crear empleos, contribuyen a la democracia participativa y la gobernabilidad”.

Manifestó que en el trabajo legislativo se tendrá que avanzar en disposiciones que proporcionen facilidades fiscales y eviten que sean utilizadas para otros fines.

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