A fin de dotar al Ministerio Público de la Federación y de los estados de autonomía de gestión y financiera, la diputada Claudia Cruz Santiago, integrante de la Comisión de Justicia, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política.

La diputada argumentó que existen diversas condiciones que impiden al Ministerio Público cumplir con su función de garante de la legalidad, tales como: un sistema de nombramiento y remoción; falta de autonomía en el ejercicio de su presupuesto; escasa profesionalización de sus integrantes; predominio de la discrecionalidad de la legalidad al momento de ejercer sus funciones, y falta de mecanismos de evaluación ciudadana de los resultados de la implementación de sus acciones, entre otras.

Señaló que la autonomía constitucional al Ministerio Público le permitirá consolidarse como una institución que fortalezca y proteja el Estado de Derecho, al cumplir su función de manera imparcial y eficiente, sin la intervención de un tercero.

Por ello, subrayó, es necesario otorgar autonomía a las procuradurías, tomando en cuenta diversos aspectos mínimos que deberán garantizar su ejercicio y el respeto pleno al principio de legalidad, como son: un titular nombrado no por el Poder Ejecutivo, sino por el Legislativo; que dicho titular dure en su encargo tres años, con la posibilidad de ser ratificado por otro periodo de igual duración; remoción únicamente por causa grave, a través del juicio político; autonomía funcional y financiera.

“Establecer un nuevo modelo de designación del procurador general de la República en el que participarán de manera distinta, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo”, dijo.

Indicó que aun cuando se permite al Ejecutivo presentar una terna de candidatos, no sería él quien haga el nombramiento, sino que el Congreso de la Unión llevará a cabo este proceso, a través, primero, de la Cámara de Diputados, donde se realizaría la calificación de la terna presentada por el Ejecutivo, para que una vez aprobada la remita a la Cámara de Senadores, en donde se elegirá a uno de los tres candidatos como titular del Ministerio Público.

También se impone la obligación del procurador general de la República de presentar, por lo menos una vez al año, un informe del resultado de su gestión al Congreso de la Unión para su evaluación y de comparecer ante las Cámaras cuantas veces sea necesario.

De igual manera, se modifican los requisitos para ocupar el cargo de procurador general de la República, quien sólo podrá ser removido por causa grave, en los términos que establece el título cuarto de la Constitución, a través del juicio político, aseveró.

Dijo que se establece la obligación para que los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal integren a sus normas las modificaciones que se proponen al artículo 102, a efecto de dotar a las procuradurías generales de justicia de la autonomía que se requiere y se modifique los sistemas que actualmente existen para su designación.

Sostuvo que lejos de dotar al Ministerio Público de facultades extraordinarias, proclives a la violación de los derechos humanos, lo que se requiere es que se respete el principio de legalidad, se haga cumplir la ley a todos por igual y que la comisión de los delitos no quede impune por cuestiones como la filiación política, el parentesco o la posición social.

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