La secretaria del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad y Género, diputada Holly Matus Toledo, informó que en México 16 mil menores de edad son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras que en 21 de las 32 entidades existe turismo sexual.

Precisó que la trata de personas es uno de los tres negocios más lucrativos para la delincuencia organizada a escala mundial, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas, ya que produce ganancias anuales por unos 9 mil 500 millones de dólares.

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe señala que en México operan al menos 15 bandas internacionales de trata y tráfico de personas, dejando claro que hay una gran cantidad de casos no resueltos, lo cual evidencia el enorme atraso en la materia.

Holly Matus indicó que es necesario analizar los problemas de la trata de personas y formular respuestas eficaces, el enfoque debe centrarse en la explotación y control de una persona mediante la fuerza, el fraude o la coerción y no en el traslado de esa persona.

Resaltó que la trata de personas tiene el carácter de clandestinidad y de operación subterránea, lo cual no permite dimensionar la problemática ni conocer realmente el número de víctimas de este crimen.

Las principales afectadas, mencionó, son niñas, niños y mujeres pobres a las que se les engaña o coacciona con promesas de una vida mejor a través de empleo, oportunidades de educación o matrimonio.
“Más allá de las cifras, no puede perderse de vista que se les han suspendido todos sus derechos, han sido literalmente sustraídas del tejido social e incorporadas al intercambio de mercancías”, abundó.

Ante este panorama, la legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y adicionar el artículo 35 bis a la Ley General de Población, para garantizar la integridad personal de las víctimas y gestionar su cambio de identidad o se le adjudique un nuevo lugar de residencia cuando vea amenazada su vida.

La iniciativa también busca brindar atención médica, psicológica y jurídica. Y cuando la víctima o posible víctima sea extranjera recibirá esta atención antes de su repatriación.

Asimismo, el objetivo es implementar medidas educativas que divulguen las características de la trata y promuevan los derechos humanos

Se destaca en el documento turnado a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, que las personas extranjeras víctimas de trata que hayan ingresado irregularmente al país o cuyo permiso de residencia haya expirado, podrán permanecer en territorio nacional mientras dure el proceso judicial. Las autoridades migratorias aplicarán en todo momento los principios de no devolución e interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

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