Existe un fuerte rezago en los estados y municipios en materia de derechos humanos, los cuales deben comprometerse a armonizar la legislación, respetar la legalidad y a la ciudadanía, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Omeheira López Reyna.

Señaló que es “ahí donde los gobernadores, los congresos estatales, en el combate a la delincuencia, a la inseguridad que existe en este país podemos lograr el respeto a los derechos humanos”.

Durante la presentación del libro La Política de Derechos Humanos en México, Balance de la Última Década 1998-2008, dijo que México tiene casos pendientes muy fuertes, como el de Atenco, Oaxaca, los agravios a periodistas; los feminicidios y la igualdad entre niños y niñas.

No obstante, respecto a otros países, dijo, México tiene un avance, ha presentado un diagnóstico de derechos humanos y tiene un Programa Nacional de Derechos Humanos, “hay naciones que no lo tienen, pero hay que buscar que México tenga mucho mayor avance en este sentido”.

Al presentar la publicación, dijo que el libro brinda una perspectiva de política en derechos humanos en México entre 1998 y 2008, y da una visión más general de una agenda de Estado. “Con la reforma constitucional de derechos humanos, buscamos formar una agenda de Estado en la materia, que es necesaria e indispensable en este momento”.

A su vez, Juan Carlos Gutiérrez, director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, insistió en la necesidad de abrir espacios de diálogo y negociación para construir un Estado de Derecho, donde los valores de los derechos humanos impregnen toda la actividad estatal y no los valores éticos a la posición moral de ciertas formas de pensar.

Destacó que hay elementos importantes de avance, como la instauración en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero también hay otros, como el asesinato de Digna Ochoa, que marcaron parámetros y circunstancias.

Mencionó que están pendientes temas como la figura del arraigo y las desapariciones forzadas, sobre el cual es necesario “avanzar en el proceso de reconstrucción de la justicia para las mil 200 personas que sufrieron desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales en lo que se denominó la Guerra Sucia”.

A su vez, Liliana Valiña, representante adjunta en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció que México ha tratado el tema de los derechos humanos durante 10 años, lo cual lo coloca en la vía correcta.

La presencia de esta Oficina de la ONU en México desde hace siete años representa un gran reto, porque aun cuando es un logro de la sociedad civil, es necesario saber si ha sido lo suficientemente aprovechada para fortalecer e incrementar las acciones de derechos humanos en el país.

Señaló la necesidad de contar con indicadores que muestren el avance, a quiénes benefician las acciones y políticas implementadas y quiénes quedan fuera o son insuficientemente beneficiados, para que las acciones del Estado se reorienten a las prioridades y tengan resultados e impacto.

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